Mapuches intimaron al gobierno de Rolando Figueroa por las personerías jurídicas de comunidades
Reclaman la creación del Registro Especial de Comunidades, comprometido por la gestión de Omar Gutiérrez cuando se aprobó la consulta previa.
Un sector de la Confederación Mapuche reclamó al gobierno por las personerías. Foto: archivo Oscar Livera.
Integrantes de la zonal Xawnko de la Confederación Mapuche de Neuquén intimaron al gobierno de Rolando Figueroa para que cumpla con la creación del Registro Especial de Comunidades comprometido en la ley que aprobó la consulta previa, libre e informada, el año pasado. El sector busca el reconocimiento de comunidades que hoy no tienen personería como la Fvta Xayen, cuyo territorio reclamado está en la zona de Tratayén donde avanzan proyectos estratégicos para Vaca Muerta.
En el escrito que presentaron el viernes, bajo amenaza de iniciar acciones judiciales, plantearon que «el acceso a la personería jurídica es un derecho fundamental de las comunidades y organizaciones indígenas» otorgado por la Constitución Nacional, la Constitución de Neuquén y el Convenio 169 de la OIT.
«Ya ha pasado más de un año y medio desde la publicación del decreto 108/2023, que en su artículo 6° ordena la creación del Registro Especial de Comunidades. Para la creación de este registro estableció el plazo de 90 días que se cumplió en junio de 2023. Es decir, que ya hay más de un año de retraso», aseguraron.
El compromiso lo tomó el gobierno de Omar Gutiérrez antes de terminar la gestión, dado que limitó la consulta previa solo a las comunidades que cuenten con personería jurídica reconocida. El gobierno de Figueroa debe ahora definir qué hacer con ese reclamo, más específicamente el área del ministro de Jorge Tobares, a cargo de la negociación.
En el último diálogo que tuvo con Diario RÍO NEGRO, el funcionario había puesto junio como fecha para retomar el debate por el Registro Especial de Comunidades, pero finalmente no avanzó.
En la intimación que presentaron el lonko Jorge Nahuel y el referente de la zonal, Gilberto Huilipan, afirmaron que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2013, en la causa «Confederación Indígena de Neuquén c/ Provincia de Neuquén s/ inconstitucionalidad» «ordenó a la provincia que ajuste su legislación en materia de derechos y política indígena a los estándares mínimos de derecho, «en particular en cuanto a la identificación por vía de autoconciencia, en cuanto al asentamiento mínimo de tres familias y en cuanto a la consulta obligatoria al pueblo originario». «Ya han pasado más de 10 años y aunque lo ha ordenado el máximo órgano judicial, no se cumplió», reclamaron.
Además, cuestionaron al gobierno provincial que «en la Inspección Provincial de Personas Jurídicas se hallan casi una veintena de expedientes en trámite de comunidades de toda la provincia pendientes de resolución, habiendo cumplido hace años los requisitos fijados».
«El retardo injustificado de la creación del registro, no solo constituye una ilegalidad, sino que, sobre todo, causa un daño irreparable a las comunidades afectadas, sus territorios y vulnera sus derechos fundamentales», plantearon.
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