Manejo de subsidios y alimentos para comedores, la otra denuncia contra organizaciones sociales de Neuquén
La investigación de la fiscalía de Delitos Económicos apunta a los fondos que recibió la Cooperativa Viento Sur por 1.183 millones de pesos, y a la utilización de subsidios y alimentos para comedores presuntamente con otros fines.
El FOL es una de las organizaciones investigadas. La otra es Libres del Sur-Barrios de Pie. (Archivo)
Venta de mercadería destinada a comedores; toma de asistencia en las marchas como exigencia para otorgar a un bolsón de alimentos; cobro de un porcentaje de los subsidios por parte de coordinadores, son algunas de las prácticas que la fiscalía de Estado de Neuquén les atribuye a dos organizaciones sociales que están siendo investigadas por la fiscalía penal de Delitos Económicos.
Las acusaciones se basan en llamadas anónimas, declaraciones de integrantes de esas organizaciones, cruces telefónicos, mensajes de whatsapp y alguna documentación. En base a estos elementos hace una semana, el viernes 12, se realizaron 14 allanamientos a domicilios de dirigentes sociales y fueron demoradas, esposadas por la policía, diez mujeres. Las dejaron en libertad horas más tarde.
A medida que pasan los días surge más información sobre este caso y se conocen los fundamentos en base a los cuales la fiscalía que encabeza Pablo Vignaroli solicitó los allanamientos, que el juez Cristian Piana autorizó.
En la orden de allanamiento, a la que accedió diario RÍO NEGRO, no se pide la detención de ninguna personas, sólo se requiere su «individualización» para lo cual basta cotejar el documento de identidad. La Policía de Neuquén consideró necesario que para cumplir esa tarea era necesario esposar a las mujeres a la espalda, cargarlas en la caja de una camioneta y llevarlas a la comisaría Primera.
La mayoría son referentes sociales con una trayectoria de años en la provincia, ninguna se opuso al allanamiento, ni intentó destruir u ocultar pruebas. «Es el procedimiento habitual», dijo Vignaroli cuando fue consultado sobre por qué las habían esposado.
Los operativos se realizaron en barrios populares, donde tienen su domicilio las mujeres: Toma Norte, Gregorio Álvarez, Cuenca XVI, Toma Esfuerzo; Toma 7 de Mayo; Ciudad Industrial Jaime De Nevares, entre otros.
Las dos denuncias
Como viene informando este medio, hay dos grandes denuncias, ambas formuladas por la fiscalía de Estado de Raúl Gaitán. Una contra la Cooperativa Viento Sur, controlada por el Frente de Organizaciones Sociales (FOL) que recibió durante 2023 del gobierno de Omar Gutiérrez un total de 1.183 millones de pesos para planes de capacitación y no entregó, según el gobierno, comprobantes de manera satisfactoria. Pese a las advertencias, el ministerio le siguió girando dinero.
La otra es por «presuntas irregularidades en la administración de subsidios provinciales del denominado Programa de Sistema de Promoción de Empleo Neuquino», también por parte del FOL, «así como haber usado de manera lucrativa alimentos destinados a ser otorgados de manera gratuita».
Testigos de cargo
En el contexto de la investigación de estas denuncias, la fiscalía de Delitos Económicos tomó declaraciones a testigos. Entre otras, a una antigua militante de Libres del Sur, un partido político que tiene una organización social llamada Barrios de Pie.
Esta testigo es la que menciona, por ejemplo, que quienes cobran un plan deben entregar una parte a la organización; que les toman asistencia en las marchas; que las faltas injustificadas se penalizan con la no entrega de mercadería, y similares.
Según esta declaración, «Gladys Aballay es la cabeza de la organización». Fue una de las demoradas el viernes 12, acaso la referente más conocida.
En el legajo de la fiscalía de Delitos Económicos hay otro testimonio, de una militante del FOL, que narra situaciones similares en las que menciona a dirigentes de esa organización social.
«Esto puede ampliarse»
Sobre la marcha de la investigación, Vignaroli dijo ayer en declaraciones periodísticas que “se están acercando personas a declarar sobre su situación en cuanto a cómo era la mecánica del aporte que les hacían hacer, de la asistencia a las marchas”.
“Esto puede ampliarse. Hay gente que se sentía rehén, y al ver que algunos se presentaron a declarar, se están animando y están tomando contacto con la fiscalía”, añadió.
Vignaroli dijo que “tratamos de avanzar lo más rápido posible para determinar si podemos formular cargos”.
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