Malvinas: Argentina elevó el conflicto a un tribunal internacional por el petróleo y Reino Unido respondió con dureza

El conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas sumó el pasado miércoles 30 de agosto un capítulo de alta tensión geopolítica y judicial. La gestión de Javier Milei notificó formalmente a Gran Bretaña sobre el inicio de un procedimiento de arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Con este paso, la Cancillería otorgó un plazo de dos semanas para que el Reino Unido paralice las operaciones de la cuenca hidrocarburífera o, de lo contrario, radicará una demanda formal solicitando medidas cautelares de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.

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Argentina elevó el conflicto por Malvinas: cuáles son las estrategias a seguir

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La estrategia desplegada por el gobierno argentino combina la vía del arbitraje con presiones directas hacia el sector privado. En semanas recientes, el ministerio de Relaciones Exteriores envió cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros advirtiéndoles que, si colaboran en las islas, quedarán inhabilitadas para operar en la formación de Vaca Muerta, una cuenca clave de la Patagonia que actualmente produce más de 600.000 barriles diarios.

Esa advertencia ya tuvo repercusiones en las grandes prestadoras globales de servicios hidrocaburíferos. Firmas de envergadura como Schlumberger (SLB), Halliburton y Baker Hughes hicieron público su compromiso de no participar en perforaciones u operaciones dentro del área disputada, lo que generó un impacto inmediato en la cotización de las acciones de Rockhopper y Navitas.

En el plano judicial local, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, emitió a mediados de septiembre una medida cautelar ordenando la suspensión de las actividades de exploración y explotación hasta tanto se expidan los organismos de evaluación ambiental de la Argentina. No obstante, el propio fallo reconoció la complejidad de su efectividad práctica, condicionada a la cooperación de la justicia internacional.

El desenlace de este escenario quedará sujeto al vencimiento del plazo estipulado a mediados de octubre. De no mediar una paralización del proyecto por parte de Londres, la Argentina avanzará formalmente ante el tribunal marítimo de Hamburgo, abriendo un litigio inédito sobre la explotación recursos en el Atlántico Sur que volverá a testear la efectividad de los organismos internacionales en disputas de soberanía.

De forma paralela, el Congreso debate un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca endurecer las sanciones penales contra corporaciones y directivos que exploten hidrocarburos en la plataforma continental sin la venia del Estado argentino, estableciendo penas de hasta 20 años de prisión y el embargo de bienes.

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Ante el reclamo argentino, Reino Unido defendió su postura

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La ofensiva diplomática generó un inmediato rechazo en Londres. La subsecretaria parlamentaria del Foreign Office, Uma Kumaran, citó a la embajadora argentina Mariana Plaza para transmitirle la preocupación del gobierno británico.

Durante la reunión, la funcionaria británica tildó la decisión de Buenos Aires como un «intento de socavar los derechos del pueblo de las islas» y advirtió que esta postura pone en duda la confiabilidad de la Argentina como socio internacional del Reino Unido.

En la misma línea se expresaron dirigentes del Parlamento británico, quienes llamaron a desestimar el ultimátum. Diputados influyentes señalaron que Londres no debe someterse a presiones externas ni alterar la autodeterminación expresada por los habitantes del archipiélago en el referéndum de 2013, reafirmando que no aceptarán condicionamientos sobre el uso de sus recursos naturales.

Por su parte, el Ejecutivo argentino ratificó su posición este jueves a través de la Cancillería. El Palacio San Martín emitió un comunicado oficial sosteniendo que resolver una controversia mediante un tribunal internacional e imparcial constituye la vía más responsable para un Estado, al tiempo que desafió a las autoridades británicas a dirimir la legalidad de la explotación petrolera en los estrados internacionales.

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Cuáles son los plazos y avances del proyecto Sea Lion

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Pese al endurecimiento de los cruces diplomáticos y los requerimientos judiciales, la industria petrolera ratificó que no detendrá sus planes operativos en el Atlántico Sur. El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, mantiene intacto su cronograma previsto para extraer el primer barril de crudo a comienzos de 2028.

Así lo confirmó Sam Moody, director ejecutivo de «Rockhopper«, una compañía que posee el 35% de la participación operativa en sociedad con la firma Navitas Petroleum. En su último balance semestral presentado en la Bolsa de Valores de Londres, el directivo aseguró que la firma cuenta con el financiamiento completo para iniciar la extracción tras haber recaudado 200 millones de dólares en colocaciones accionarias.

En sus reportes a los inversores, las petroleras minimizaron el impacto directo de las intimaciones argentinas y destacaron que cuentan con el respaldo firme tanto de las autoridades locales del archipiélago como del gobierno británico. El yacimiento en disputa cuenta con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de petróleo, con una meta inicial de producción de 55.000 barriles diarios que prevén elevar a 200.000 para el año 2030.

Con información de Infobae.