Los proyectos de ley sobre Tierras y Minería en Río Negro generan descontento en las comunidades

Las iniciativas parlamentarias presentadas ayer en la Legislatura de Río Negro a fin de modificar la actual Ley de Tierras y el Código de Procedimiento Minero generaron malestar entre las comunidades mapuches.

Lee También

Weretilneck ya tiene sus proyectos de tierras y minería en la Legislatura

«La ley de Tierras de 1961 tiene una función social y establece que es para quien la trabaja. Pretenden cambiarlo a una función empresarial. Denunciamos ocultamiento. Se está planteando una ley estructural sin debate, con la intención de tratarla de forma exprés en la sesión de este viernes», fustigó Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Advirtió que harán un planteo adminstrativo y judicial respecto a los proyectos de ley y no descartó una movilización.

Consideró «sospechoso» el ingreso simultáneo de los dos proyectos de ley, «sin ninguna participación, ni consulta formal o informal». Recordó que la misma iniciativa generó resistencia por parte de las comunidades en 2016, 2017 y 2019. Hoy, la historia se repite.

«La situación con las comunidades es un problema histórico. Hay 140 denuncias por pérdidas territoriales en la Fiscalía de Estado que trabajó la comisión investigadora de tierras entre 2012 y 2015 y que concluyó en un informe final», resaltó Carriqueo.

Agregó que la ley 2287 establece que en caso de detectar «una transferencia fraudulenta que afecte a familias mapuches o comunidades se debe investigar. Algo que nunca ha pasado». Y en este sentido, mencionó un libro vinculado a una compilación de esas denuncias llamado «La tierra de los otros», de la Universidad Nacional de Río Negro.

«Además -añadió Carriqueo-, el relevamieto territorial no está terminado. No solo tenemos los conflictos históricos de tierras sino que no contamos con el relevamiento de tierras. A esto se suman conflictos mineros en distintas comunidades«.

Carriqueo cuestionó que el nuevo proyecto de ley cambia la fiscalización ya que estaría focalizada en la Dirección de Tierras, «la principal responsable de los problemas que hoy tienen las comunidades». «Pero además, cambia el espíritu de la ley: hoy, dice que la tierra es para quien la trabaja. Para la actividad agrícola, ganadera y forestal. Con los cambios que pretenden impulsar, esa tierra es para uso minero, petrolero, turístico. Abre otro panorama», señaló.

Cuestionó que se trata de un proyecto de ley «estructural» que determina los usos de la tierra en Río Negro y planteó que «hoy Juntos Somos Río Negro tiene mayoría para llevarla adelante, con sus aliados del PRO».

Recordó que hay 180 comunidades asentadas en tierras fiscales en Río Negro. «Cuando una ley o un proyecto impacta en las comunidades y sus territoiros, es obligatoria la consulta libre previa e informada. Hoy el gobierno lleva adelante una modificación estructural que claramente las afecta«, señaló.

Finalmente, consideró que la intención del gobierno es la extranjerización de la tierra. «Ya lo hacen en la actualidad, pero las empresas deben comprar a nombres de testaferros. Lo que permite es que empresas como Fortescue puedan acceder a la titularidad de las 625 mil hectáreas en la meseta de Somuncura que ya están otorgadas. Abre la posibilidad para que sean titulares», subrayó.