Los motivos de la jueza para no excarcelar a mujeres mapuches de Villa Mascardi
La magistrada subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Silvina Domínguez, valoró los antecedentes del conflicto desde el inicio de la causa por usurpación contra integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu.
La jueza federal Silvina Domínguez en uno de los procedimientos por el conflicto en Villa Mascardi. Foto: Archivo
La jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, valoró los antecedentes del conflicto originado por las usurpaciones en Villa Mascardi, que ejecutaron personas que se identifican como integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, cuando rechazó el pedido de excarcelación de Martha Luciana Jaramillo, formulado por sus defensores particulares.
Jaramillo es una de las 7 mujeres mapuches detenidas el martes pasado, durante el operativo ejecutado por fuerzas federales que desalojó los 9 predios usurpados. Actualmente tiene prisión domiciliaria por tener a su cargo hijos menores de 4 años.
La jueza dictó el 6 de octubre último la resolución. En realidad, Domínguez, que subroga el juzgado federal de Bariloche, rechazó los pedidos de excarcelación de las 7 detenidas.
Solo accedió a conceder la prisión domiciliaria a 4 de las imputadas por las usurpaciones porque tienen hijos pequeños a su cargo. Las 3 mujeres restantes siguen alojadas en dependencias de la PSA, en el aeropuerto de Bariloche.
La fiscal pone el acento en la "perpetuidad del delito"
En la resolución a la que RÍO NEGRO accedió, la fiscal federal interina de Bariloche Cándida Etchepare destacó en su dictamen que “el conflicto que aquí nos aqueja data del año 2017, cuando este mismo grupo de personas compuesto por miembros de la familia Colhuan de la que Jaramillo es miembro (por estar en pareja con Juan Pablo Colhuan, padre de sus hijos), ocuparon de manera ilegal -inicialmente- un predio de Parques Nacionales, ampliando luego su dominio hacia todos los linderos con el devenir de los años”.
“Esa perpetuidad en el delito, pese a la cantidad de causas iniciadas al respecto y el conocimiento de que estaba siendo sometida a diversos procesos por ello, no modificaron el accionar de la nombrada, quien continuó durante todos esos años ampliando los dominios del grupo en la zona, en forma ilegal y por medio del ejercicio de extremada violencia hacia la ciudadanía, las fuerzas prevencionales, los y las funcionarias de las distintas administraciones de justicia que se acercaran al lugar en el marco de sus funciones, los empleados de la APN y hasta la propia gobernadora provincial (Arabela Carreras)”, consignó la fiscal.
Afirmó que “la privación legal de libertad de la nombrada no resulta irrazonable o lesiva de cláusulas constitucionales en razón de su duración y el estado de trámite de los procesos que se le siguen”.
Y descartó la aplicación específica al caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Para).
Planteó que todas las particularidades que fueran relevadas “permiten (…) sustentar la conclusión de que la imputada -de recobrar su libertad- intentará no solo eludir la acción de la justicia sino reinstalarse en el lugar a tal fin…”
La jueza alega que la mujer detenida desafía al Poder Judicial
La jueza federal sostuvo en la resolución que compartía los argumentos de la fiscalía. Recordó que la mujer “se encuentra imputada por el mismo delito que aquí se investiga (usurpación) en numerosos expedientes de este Tribunal que se sucedieron a lo largo de los años y que indican que la nombrada, pese a conocer el reproche que le fue efectuado en dichas actuaciones se mantuvo en su posición de desafiar y desoír a todas las autoridades del Poder Judicial de la Nación”.
Destacó que Jaramillo “transitó todos esos procesos en libertad; incluso, en el marco de la causa 26511/2017 fue detenida por pocas horas y excarcelada por orden del Tribunal, encontrándose entre las condiciones de conducta que le fueron establecidas el 23 de noviembre de 2017 la prohibición absoluta” de regresar al predio de Villa Mascardi.
“Por otro lado, no debe perderse de vista que de acuerdo al acta que documentó el procedimiento realizado el 4 de octubre 2022, sujetos encapuchados que agredieron a los preventores con piedras se adentraron en el bosque y hasta el día de hoy permanecen fugados”, advirtió la jueza.
Se impuso la violencia en Villa Mascardi
“Como dije en mi resolución del 3 de octubre del 2022 al ordenar los allanamientos y registros en el marco de los cuales la imputada fue detenida, desde entonces y hasta el día de la fecha fue la violencia la que se impuso en la localidad de Villa Mascardi, donde se certificaron y fueron públicamente develados innumerables hechos vinculados a esa ocupación, principalmente aquellos que consistieron en la usurpación o turbación de la posesión de los terrenos contiguos”, afirmó la jueza.
“Tomo en consideración que ninguna diligencia policial o judicial logró llevarse a cabo en el lugar (donde, repito, Jaramillo fue detenida ya dos veces) sin contar con la asistencia de una fuerte presencia de efectivos que debieron soportar todo tipo de ataques (con piedras, bombas molotov y también armas de fuego)”, enfatizó la jueza.
“A tal nivel, que varias de esas diligencias fueron interrumpidas para resguardar la seguridad de los presentes”, sostuvo.
Pueden entorpecer la investigación
“Por lo demás, quedó documentado en el acta de procedimiento que antes y después de ser aprehendidas las detenidas se resistieron ferozmente a cualquier accionar policial (de requisa, de traslado, etc.) e insultaron a todos los presentes”, enfatizó.
“En ese marco, no quedan dudas de que nos encontramos ante un conflicto de ribetes notablemente complejos y que tanto Jaramillo como sus consortes de causa pueden entorpecer la investigación ya que sus públicas manifestaciones que anuncian un inminente intento de recuperación de la zona conspiran contra el trabajo que hasta el día de hoy están realizando en el lugar los funcionarios comisionados por el Ministerio de Seguridad, respecto de los cuales sólo me limitaré a señalar -en razón del secreto de sumario vigente- que continúan incautando elementos de interés para la pesquisa, dado que el control de los imputados sobre la zona era total”, aseguró la jueza.
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