Lorena Villaverde propuso achicar los gastos de los diputados nacionales

La rionegrina de la Libertad Avanza quiere una reducción del 30% del presupuesto vinculado al uso de autos oficiales y asignación de choferes.

La diputada nacional de Río Negro por la Libertad Avanza, Lorena Villaverde, presentó un proyecto para achicar los gastos de los diputados nacionales y autoridades del cuerpo legislativo, con el objetivo de «eliminar ciertos privilegios de los políticos».

La rionegrina, que asumió el 10 de diciembre como diputada nacional, impulsó una reducción del 30% en el presupuesto asignado a la Dirección de Automotores de la Cámara de Diputados de la Nación, lo que -según indicó- redundará en una disminución de los costos fijos directos correspondiente a seguros, patentes, reparaciones y combustible.

La iniciativa- según se informó desde su espacio- es en formato de proyecto de resolución para que analice el presidente de la Cámara, Martín Menem.

También propuso que se elimine el «privilegio» de que los diputados cuenten con chofer y auto fijo asignado, mientras que quede exclusivamente ese recurso asignado a presidencias y vicepresidencias de los bloques partidarios.

En su iniciativa, Villaverde también incluyó una propuesta de qué hacer con los vehículos que se dejarían de utilizar en la Cámara de Diputados y alentó el remate o venta de un 30% de los rodados del parque automotor oficial.

«Esta medida se enmarca en la búsqueda constante de optimizar la asignación de recursos financieros, sin comprometer la eficiencia operativa, ni afectar al personal contratado. Esta acción se lleva a cabo salvaguardando el funcionamiento efectivo de esa dirección, garantizando su capacidad para cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente”.

En sus fundamentos, Villaverde menciona que “las recientes políticas económicas implementadas por el nuevo Gobierno Nacional evidencian un compromiso sólido con la eficiencia en la gestión de los recursos estatales. En esta línea, se persigue la realización de ajustes pertinentes en el ámbito político para instaurar un nuevo marco de confianza y credibilidad en las acciones gubernamentales”.


Dice finalmente que “la complejidad de la situación, demanda la implementación de un plan integral que no solo mitigue el impulso inflacionario, sino que también promueva una administración eficiente y transparente de los recursos estatales forjando un Estado ágil, focalizado en el bienestar de la sociedad y capaz de adaptarse proactivamente a las demandas cambiantes de nuestro entorno”.


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