Ley Ómnibus: sin grandes acuerdos, Ganancias y jubilaciones vuelven a ser los ejes del debate

La Casa Rosada envió un nuevo borrador de la Ley Ómnibus al Congreso y a los gobernadores, en un intento por alcanzar un consenso que permita su aprobación. Sin embargo, las negociaciones continúan y persisten discrepancias en varios puntos clave, especialmente en relación con Ganancias y las jubilaciones.

Representantes del PRO y la UCR se reunieron con el ministro Francos para discutir los cambios propuestos en el nuevo texto. La propuesta, que consta de 269 artículos, presenta modificaciones significativas respecto a la versión anterior, lo que indica un intento por parte del Gobierno de incorporar las sugerencias y preocupaciones de los diferentes sectores.

Una de las principales modificaciones es la reducción en el número de Emergencias declaradas en el proyecto. Esta medida limita el alcance de las facultades delegadas del Gobierno, aunque generó preocupación la ausencia de una emergencia en Seguridad, especialmente en el contexto de la creciente violencia en ciertas áreas del país.

Por otro lado, la exclusión de las retenciones fue bien recibida por algunos sectores, aunque persisten dudas sobre el proceso de privatización de ciertas empresas estatales. Desde Hacemos Coalición Federal rscataron que la lista de empresas habilitadas para ser privatizadas pasó de 40 a 3 (Aerolíneas Argentinas, Enarsa y Radio y Televisión Argentina), más otras 9 en un esquema de venta parcial (AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas, SOFSE, Corredores Viales, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación y ArSat). Sin embargo, la postura de la UCR y de HCF había sido que cada proceso de privatización pase por separado por el Congreso.

En cuanto a la movilidad jubilatoria, el proyecto propone una actualización basada en el IPC, lo que provocó discrepancias entre los diferentes bloques políticos.

En cambio, las luces de alerta se encendieron al llegar al capítulo de la movilidad jubilatoria, que propone, al igual que en la versión que naufragó en el recinto, una actualización de los haberes en base al IPC (Índice de Precios del INDEC) a partir de abril, con una compensación del 10% en el primer mes para compensar el “empalme” entre las dos fórmulas.

Los diputados radicales señalaron que esta alternativa no compensa completamente la inflación de enero. En la misma línea, desde HCF adelantaron que no se moverán del proyecto de la Coalición Cívica, que también actualiza por IPC pero prescribe un aumento del 20,6% que busca compensar la inflación de enero.

“Ese 10% de diferencia son USD 2.000 millones, ¿de dónde los sacamos?”, dijo a Infobae un diputado libertario en la previa de la sesión que no llegó al quórum este miércoles y tenía como objetivo tratar el tema de la movilidad previsional.

Además, la inclusión de un nuevo impuesto a los «altos ingresos» -que reemplaza a Ganancias- planteó interrogantes sobre su impacto y alcance. Los equipos técnicos de los bloques dialoguistas están llevando a cabo un análisis detallado para determinar su viabilidad y efectos.

Respecto al nuevo impuesto a los altos ingresos, que reemplazará Ganancias, el bloque amarillo pidió que se mantengan las exenciones para los policías, médicos de guardia, guarderías, y que se clarifique a quiénes alcanzarán específicamente en el rubro petrolero.

En la misma línea, Rodrigo de Loredo coincidió en que la reforma de la movilidad jubilatoria debe tratarse lo antes posible, incluso por separado de la Ley Ómnibus. “Perdieron el 35% del poder adquisitivo, eso no puede esperar más. Ese fue un planteo muy puntual”, reveló el diputado radical en la puerta de la Casa Rosada.

Entre los puntos que siguen sin acuerdo se destacan los fondos fiduciarios, uno de los primeros artículos que salió rechazado durante el debate en el recinto y desembocó en el retiro de todo el proyecto. “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable, y revertir o redireccionar, según corresponda, sus recursos o futuros ingresos al Tesoro Nacional”, dice el artículo 5 del nuevo borrador. “La pelea por los fondos fiduciarios se retoma”, adelantaron desde el radicalismo.

Hubo otro tema que llamó la atención de los legisladores de Innovación Federal y del radicalismo. El título VII, de desregulación económica, faculta al Ejecutivo “a disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente”. Este nuevo artículo, que no estaba en la versión original, “es demasiado amplio” para uno diputado patagónico que especuló que el Gobierno podría estar intentando compensar por esta vía una derogación del DNU. “Es muy amplia e indeterminada”, coincidieron los radicales.

Con información de Infobae