Ley de Alquileres: inquilinos exigen congelar precios por 6 meses en el Senado
El Movimiento Nacional de Inquilinos busca congelar precios de alquileres y abordar la crisis habitacional en el Senado. Hoy sigue el tratamiento de reforma, que ya obtuvo la media sanción en Diputados.
La Ley de Alquileres sigue su camino hacia la reforma. Foto: Juan Carlos Cardenas / Comunicacion Senado.
Hoy, representantes del Movimiento Nacional de Inquilinos se reunirán con senadores en la Cámara Alta para plantear la necesidad de congelar los precios de los alquileres por un período de seis meses. Esta acción se produce en medio de la revisión de la Ley de Alquileres, que busca modificar la duración de los contratos y la frecuencia de los ajustes.
La ley en revisión, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, propone reducir la duración de los contratos de alquiler de tres a dos años y ajustes más frecuentes, pasando de anuales a semestrales o cuatrimestrales, en lugar de basarse en el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Según datos proporcionados por el economista Federico González Rouco, autor del libro «Dueños o Inquilinos», actualmente, hay aproximadamente tres millones de hogares de inquilinos en Argentina, un 34% más que en 2016. Además, la crisis del déficit habitacional se ha agravado, y los inquilinos consideran fundamental abordar esta problemática al equilibrar la demanda con un plan de viviendas asequibles.
Diego Fernández Camillo, de la Asociación Platense de Inquilinos, enfatizó la necesidad de declarar la emergencia habitacional y solicitar un congelamiento de los precios de alquileres similar al que se aplica a los servicios públicos. Argumentó que la cuestión va más allá de la Ley de Alquileres y que es crucial abordar más de una década de problemas de vivienda en Argentina.
En los últimos 12 años, ha aumentado significativamente el número de hogares que alquilan en lugar de ser propietarios, pasando de un 10,9% de población inquilina en el Censo de 2010 a casi un 21% en 2022. Mientras tanto, la proporción de propietarios ha disminuido del 73% al 65% en la última década, a pesar de que se han construido casi 580.000 inmuebles durante ese período.
Camillo propone la creación de una Secretaría Nacional del Alquiler que incluya a actores estatales, cámaras de propietarios y organizaciones de inquilinos. Esto se alinea con la idea de «Alquileres Sociales» que se menciona en la ley.
Diversas organizaciones de inquilinos también argumentan que volver a contratos de dos años y ajustes más frecuentes, como plantea la ley en revisión, empeoraría la economía de quienes no tienen vivienda propia. Natalia Ranzuglia, de Inquilinxs Tres de Febrero Red de Inquilinas Bonaerenses, señaló que el proyecto amenaza la estabilidad de los inquilinos al acortar los plazos y desregular los ajustes durante el contrato.
Maximiliano Vittar Lucero, de la Asociación de Inquilinos de Córdoba, expresó que reformar la ley podría llevar a contratos informales y prórrogas ilegales, lo que podría extender la duración de los contratos cortos, afectando la oferta de unidades destinadas a alquiler tradicional. En lugar de modificar la ley, abogan por un mayor control estatal y una política pública de vivienda efectiva.
Con información de Infobae
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