Ley Bases: Crece la polémica en el Senado por el RIGI, entre quienes adhieren y quienes lo rechazan
La iniciativa incluida en la Ley de Bases deja en evidencia a ganadores y perdedores según quiénes son los actores que quedan de cada lado de la discusión.
El mecanismo para atraer proyectos productivos al país está ahora en el centro del debate, tras un paso con poca repercusión en la Cámara Baja.
A medida que avanza el debate de la Ley de Bases en el Senado Nacional se intensifican las discusiones sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El mecanismo que busca atraer proyectos productivos al país tuvo poca repercusión tanto en las fallidas deliberaciones de enero como en su paso por la Cámara de Diputados, pero ahora que está a punto de ser transformado en ley generó profundas divisiones entre quienes adhieren al sistema y quienes lo rechazan.
En una primera mirada, se percibe que están a favor las grandes empresas y especialmente las multinacionales que encuentran en el régimen ventajas impositivas importantes, mientras que aquellas pymes y compañías dedicadas al mercado interno o regional se pronuncian en contra por considerar que generará una competencia desleal que las dejará al borde de la desaparición.
Los rechazos a la norma se basan en las ventajas que obtienen las empresas que puedan ingresar al régimen y aquellas ya radicadas en el país.
En una reciente declaración la Unión Industrial Argentina (UIA) celebró que se avanza en iniciativas de fomento productivo pero advirtió que el RIGI “podría fomentar la competencia desleal en detrimento de los proveedores nacionales”. En el mismo sentido se pronunció Adimra (Asociación de Metalúrgicos) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que coincidieron en el perjuicio que este proyecto puede generar en el sector.
Ambos sostuvieron que “los beneficios fiscales y normativos otorgados no van acompañados de obligaciones en términos de transferencia tecnológica y compras locales”, lo que atentaría contra el entramado productivo local.
Al ser un régimen para proyectos de inversión superiores a los US$200 millones, quedan afuera un buen número de empresas que también a través de inversiones pueden generar desarrollo y puestos de trabajo pero que no serán competitivas contra aquellas que entren al RIGI.
Entre las voces más críticas está el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y FUNDAR, que presentaron sus objeciones.
En la vereda de los que apoyan se ubican las grandes empresas, especialmente las orientadas al sector energético que ven este régimen una posibilidad de potenciar sus inversiones. Actores del sector consideran que el RIGI es una versión superadora de los proyectos había impulsado Sergio Massa para fomentar inversiones en Gas Natural Licuado. Para dar una dimensión de su alcance, lo consideran fundamental para el proyecto que llevan adelante YPF y Petronas para levantar una planta de LNG en Bahía Blanca para exportar el gas extraído en Vaca Muerta.
“Sin RIGI, no habrá GNL. Si hacemos la obra va a ser la inversión en infraestructura más grande de la historia del país”, afirmó el CEO Horacio Marín durante su presentación en el VI Foro Nacional de Energía, Libertad & Seguridad Energética de LIDE. De la misma forma se pronunció en recientes declaraciones a la prensa Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint.
Aranceles y plazos, entre las críticas al proyecto
Según CEPA, el RIGI “incluye importantes beneficios impositivos, fiscales y exenciones arancelarias para bienes y equipos que compiten directamente con la producción nacional”.
En la misma línea remarcó que “tampoco presenta la prohibición explícita para la importación de bienes industriales usados” y advirtió que “sin esta restricción, la industria nacional se vería seriamente desprotegida ante la imposibilidad de competir en materia de precios con estos bienes”.
En un sentido similar FUNDAR expresó una serie de objeciones al proyecto. Señaló que en el tema “aranceles y producción local” el régimen permite importar insumos con arancel cero, mientras que los productores locales enfrentan aranceles del 15%, creando una desventaja competitiva y favoreciendo la importación sobre la producción local.
También cuestiona que el régimen ofrece una excepción de 30 años para atraer inversiones extranjeras directas, garantizando beneficios impositivos y la eliminación de restricciones en la exportación e importación. “Este largo periodo es excesivamente generoso y potencialmente limita la capacidad del gobierno para disponer del recurso en situaciones de crisis”, apuntó.
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