Legisladores de Río Negro quieren saber los acuerdos del Gobierno con empresas de créditos
Tras el informe de Diario RÍO NEGRO por los casos que llegan a la justicia, piden detalles de los convenios, topes de descuentos en los salarios y otros detalles.
El entramado de empresas que otorgaban créditos a empleados públicos de Río Negro y que derivó en varias causas judiciales, despertó el interés de legisladores libertarios y peronistas que elevaron un pedido de informes al Ejecutivo para conocer los convenios firmados con entidades crediticias y mutuales habilitando la retención salarial de la cuota.
Los casos que llegaron a la Justicia que reveló Diario RÍO NEGRO el fin de semana involucran a firmas santafesinas vinculadas al grupo Unión S.A, como Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM) y la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales.
Sin embargo los legisladores no puntualizan en las compañías y, en un pedido de informes presentado esta semana, reclaman al Ejecutivo conocer legislación, acuerdos y otros detalles de convenios con entidades mutuales, empresas sociales, asociaciones civiles, entidades financieras para “facilitar a los agentes públicos el acceso a préstamos personales y el cobro de las cuotas mediante código de descuento en recibo de haberes”.
El pedido de informes lleva la firma de Patricia Mac Kidd y Santiago Ibarrolaza, los libertarios que aún no tienen bloque autorizado, junto a los peronistas de Vamos con Todos José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao.
La consulta está dirigida al Poder Ejecutivo en general y puntualmente en los ministerios de Educación, Seguridad, Salud, la secretaría de la Función Pública y la secretaría General de la Gobernación.
La consulta lleva seis ítems que incluyen solicitud de detalle de cantidad y razón social de las entidades con las que se firmaron convenios; qué empresas o entidades tienen código de descuento para operar con agentes públicos, entre 2019 y 2024; cantidad de agentes que tienen descuentos por casas crediticias y si hay un monto máximo autorizado o topes de descuento respecto de los salarios.
En los casos que este diario reveló, a través de fallos judiciales, existían casos de agentes públicos a los que le descontaban hasta el 95% de sus haberes lo que hacía insostenible su equilibrio financiero.
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