“Lawfare a la rionegrina”, la definición del PJ para las causas de Techo Digno
El Consejo del Partido Justicialista expresó su "solidaridad" con los exintendentes imputados, a los que tildó de "víctimas" de una "persecución política y judicial".
Alejandra Mas (Conesa) es una de las exintendentas imputadas en la causa techo Digno e integrante del Consejo del PJ Río Negro, Archivo
Utilizando la definición que la gusta repetir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para mencionar las causas judiciales que la persiguen, el Consejo del Partido Justicialista de Río Negro consideró un “lawfare a la rionegrina” a las causas que tienen a 17 exintendentes (una en funciones actualmente) de distintos partidos imputados por delitos de corrupción por presuntos desmanejos con los planes de viviendas Techo Digno.
El PJ, que preside el intendente de Lamarque, Sergio Hernández, se reunió el jueves de manera virtual y ayer difundió un documento fijando posición en varios temas, especialmente contra las políticas de Javier Milei a nivel nacional y el acompañamiento de Juntos Somos Río Negro desde la provincia.
Y dedica unos párrafos a la defensa de los exintendentes imputados en las causas de Techo Digno, algunos de los cuáles integran el propio Consejo del PJ como Alejandra Mas (Conesa), Claudia Montanaro (Cervantes), María Eugenia Martini (Bariloche) y Luis Ivancich (Godoy).
El partido dio un fuerte respaldo a los dirigentes políticos acusados, muchos por los delitos de peculado y fraude a la administración pública, al expresar su “solidaridad y acompañamiento” a quienes calificó de “víctimas, objeto de persecución política y judicial a través del Ministerio Público Fiscal de Río Negro”, aludiendo directamente al organismo que comanda el procurador Jorge Crespo.
Además de los cuatro exintendentes imputados e integrantes del consejo partidario, están en la misma situación otros exjefes comunales peronistas como Gilberto Montanaro (Cervantes), Carlos Pilotti (Río Colorado), Daniel Belloso (Choele Choel), Ariel Baratti (Cipolletti), Liliana Alvarado (Cinco Saltos), Renzo Tamburrini (Sierra Grande); sumado a dirigentes de JSRN, Frente Grande, UCR, PRO y vecinalistas,
El PJ consideró que las causas son “grotescas y arbitrarias” y señaló que es una “suerte de ‘lawfare a la rionegrina’, un claro entramado político persecutorio destinado a disciplinar a dirigentes políticos”.
De inmediato, la fuerza que apuesta a trabajar en la unidad de cara a las elecciones intermedias de 2025 y a futuro, para el 2027, anunció como prioridad poner en la agenda elaborar una “propuesta integral de reforma del sistema judicial rionegrino” porque no debería haber más lugar para “oscuras maniobras de operadores que digitan el Poder Judicial con clara intencionalidad política”, señalaron en el documento público.
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