Las trampas del kirchnerismo para controlar la Justicia
Sobra ingenio político, pero falta aprecio por las instituciones y la independencia judicial. Una jugada ilegal que tiene una poderosa razón para no prosperar.
Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Senado
El kirchnerismo fraguó una artimaña que, por si fuera poco, el presidente de la Nación convalida.
Aun en un país donde se naturalizan las acciones en los márgenes de la ley, no es concebible tamaña trampa política en busca del control de un órgano constitucional. Y estamos hablando del Consejo de la Magistratura, el cuerpo que designa y sanciona jueces. Nada menos.
En vista de que para Cristina Kirchner y su grey el control del Consejo es clave, pues directamente imagina el dominio de la Justicia -y el de los jueces en particular en momentos en que a ella misma le urge deshacerse de causas de corrupción que la tienen como imputada-, la vicepresidenta da órdenes a los senadores que deben ser acatadas mostrando un fingido quiebre funcional del bloque oficialista. No podía digerir la derrota que veía en torno de la Magistratura y, menos, que la Corte Suprema de Justicia osara derribar la configuración del Consejo surgida de una ley que ella misma propició en 2006.
En su desesperación por evitar esta derrota, apeló a varias argucias, entre ellas la absurda de apelar a un diputado de Paraná para que se presente ante un juez y le pida que le ordene al Congreso no designar a los representantes en el Consejo de la Magistratura, como dictaminó la Corte. Y ese magistrado abrió su despacho el feriado de Pascuas para bloquear el avance de la Corte Suprema, como pidió Cristina.
La trampa no funcionó, ahora llegó esta otra de mayor ingenio, planeada de algún modo para que sortee demandas legales y no resulte tan evidente la desobediencia a la decisión del tribunal supremo de designar a sus representantes, como los Kirchner acostumbran a hacer desde la época en que gobernaban Santa Cruz: llevan 25 años infringiendo la orden de la Corte de reponer en su cargo al destituido Procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa.
Pero la trampa parece destinada al fracaso. Sería incapaz de sortear un planteo jurídico. Sencillamente porque la maniobra de Cristina es ilegal.
El espíritu de la norma que consagra el Consejo de la Magistratura es que estén representadas la minorías; asegurar que tenga cabida un representante que no responda al gobierno. La jugada de la vicepresidenta pretende quedarse con una representación en el Consejo de la Magistratura que por ley corresponde al bloque que constituya la segunda minoría. Con la partición ficticia y fraudulenta del bloque, viola ese principio que crea el Consejo.
Frente una sociedad poco avisada o anestesiada, las trampas políticas son el reflejo del desprecio por las instituciones y su manoseo.
Así, naufragan o se paralizan organismos necesarios para el control de los actos de gobierno y los límites al abuso del poder. Es el caso de la demorada designación desde hace 13 años del Defensor del Pueblo de la Nación, de la tardanza en designar al Procurador que propuso el propio Alberto Fernández, y ahora de estos ardides que siguen paralizando al Consejo de la Magistratura.
Al kirchnerismo le sobrará ingenio, pero le falta aprecio por las instituciones y la independencia de poderes.
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