Las estadísticas oficiales de Neuquén, bajo acuse de «intervención política»
Los trabajadores de organismo que releva los indicadores oficiales de la provincia denunciaron que el 30% del plantel hoy pertenece a planta política. Hay menor difusión de informes y aseguran que hubo “censura” en ciertos relevamientos.
La sede de calle Elordi se mudará a un edificio en Yrigoyen 177. Foto: Matías Subat.
La dirección provincial de Estadística y Censos, el organismo cuya misión es la elaboración, perfeccionamiento y sistematización de las estadísticas demográficas, económicas y sociales oficiales de Neuquén, está bajo «una virtual intervención política y técnica». La afirmación es de los trabajadores agremiados en ATE, quienes vienen sosteniendo medidas de fuerza contra lo que consideran un proceso «inédito» de ingresos por planta política, manejos discrecionales de recursos y hasta “censura” de informes estadísticos.
La publicación más conocida por el público general quizás es la del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero este Indec a la neuquina creado por ley en 1958 es el encargado de relevar el Producto Bruto Geográfico (PBG), las estadísticas vitales de la población, difundir proyecciones, analizar el mercado de trabajo y recopilar indicadores de producción, entre otras funciones.
Si bien los trabajadores aseguran que los relevamientos siguen realizándose -«entendemos que trabajamos para la comunidad y no para un gobierno»-, lo cierto es que ha disminuido la periodicidad de algunas publicaciones como los boletines estadísticos e informes técnicos.
«Lo que estamos denunciando es una virtual intervención política y técnica», afirmó la delegada de ATE, Mariana Sarin, analista en el sector de Estadísticas Económicas que elabora el PBG. Dijo que el plantel de la dirección ahora está integrado en un 30% por empleados de planta política, una situación «inédita» para un sector de la administración pública donde prácticamente no existía este modo de contratación.
«Siempre entendimos que esto tiene que ser así porque son contratos que no dan estabilidad y el objetivo de esta es que el empleado público pueda denunciar cuando un funcionario no actúa de acuerdo a las normas, más aún en el ámbito estadístico», describió.
Dijo que el trabajador debe «poder enfocarse en aspectos técnicos» de su labor, algo que se dificulta si lo hace en un contexto de precarización de su empleo.
Sarin también planteó que hay «un manejo discrecional e ilegal de los fondos», con retribuciones económicas que hacen de premio «para quienes concuerdan con la gestión», y de castigos para quienes denuncian.
Las críticas apuntan a la actual directora, Karina Rigo, una socióloga que accedió al cargo en diciembre de 2019, tras la jubilación de las anteriores titulares del organismo. Los últimos reclamos con medidas de fuerza también incluyeron a la Subsecretaría de Ingresos Públicos de Economía, Rosa Ana Castro.
La directora de Estadística y Censos fue consultada por RÍO NEGRO, pero no respondió el requerimiento periodístico.
Según comentó Sarin, la semana pasada un grupo de delegados tuvo una reunión con el ministro del área, Guillermo Pons, quien les comunicó que entendía «razonables» los planteos y pidió tiempo para dialogar con la funcionaria antes de volver a convocarlos. «Por ahora son palabras, por lo que mantenemos las medidas de fuerza declaradas con estado de asamblea permanente», dijo Sarin.
Las mismas no han afectado los relevamientos periódicos, aunque sí algunos indicadores atemporales.
Otro reclamo en el organismo es que se concrete el pago a los 12.000 voluntarios que participaron del Censo 2022 en la provincia. El compromiso era que quienes se habían desempeñado en áreas urbanas cobraran 6.000 pesos y que quienes lo hicieron en áreas rurales, perciban 8.500.
En este caso, desde ATE indicaron que hay una responsabilidad compartida, pues la provincia era la encargada de validar los datos de los trabajadores involucrados y el Indec debía depositar el dinero.
En números
- 2019
- fue el último año de publicación de la Encuesta Provincial de Hogares. En el 2020 no se realizó por la pandemia y se retomó recién ahora.
Boletines discontinuos y «censurados»
La periodicidad de publicación de los boletines estadísticos en el sitio web del organismo disminuyó de manera significativa durante la última gestión, si se la compara con lo que sucedía en años anteriores. En lo que va del 2022, la dirección de Estadística y Censos difundió un solo reporte, y con un solo artículo vinculado al operativo del Censo 2022.
En el 2021 habían sido cinco, igual número que en el 2020, cuando la regularidad de su publicación era casi mensual.
Así ocurrió en 2019, cuando se difundieron 11 informes con estadísticas de seguridad, índice de precios, recaudación, demanda laboral, estrategias de manutención o producción de petróleo, entre otras. Habían sido diez boletines en 2018 y 2017 y nueve en 2016 y 2015. Según la web de la dirección, su emisión comenzó en febrero de 1994 y tiene por objeto «dar respuesta a la demanda de información estadística actualizada».
Desde ATE indicaron que no solo disminuyó la periodicidad de su difusión, sino que también hubo artículos que fueron «censurados» como uno que retrataba la afectación de la pandemia en el mercado de trabajo. Señalaron que antes se enviaban los informes al ministerio de Economía para que pudiera realizar observaciones pero que, si tras la devolución el organismo técnico se consideraba que no eran atendibles, «se publicaban tal como estaban». Según los trabajadores, eso cambió.
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