Las claves del próximo juicio por usurpación contra una comunidad mapuche en Río Negro
La causa de desalojo llega al debate oral después de casi tres años. Los siete imputados pertenecen a la lof Quemquemtreu y su acusador no es el propietario de la tierra sino un permisionario de la provincia.
En un principio la Justicia dispuso medidas para evitar la consolidación del desalojo, pero las dejó sin efecto luego del crimen de Garay. (archivo)
El empresario forestal Rolando Rocco denunció y logró llevar a juicio a los integrantes de una comunidad mapuche acusados por la usurpación de un lote de diez hectáreas en Cuesta del Ternero, pero la legitimidad de su planteo será uno de los puntos medulares del debate oral que comenzará la próxima semana en Bariloche y que comprenderá no menos de cuatro jornadas de debate.
Ocurre que la propiedad de las tierras donde se instaló la lof Quemquemtreu en un proceso de “recuperación territorial” iniciado en septiembre de 2021 corresponde a la provincia de Río Negro, que no se presentó como querellante. Ese rol fue asumido solo por Rocco, un empresario que tiene asignado ese predio desde hace años como permisionario de una explotación forestal.
La abogada de los siete imputados, Andrea Reile, dijo que “ese será un punto central de discusión en el juicio”, cuyo inicio está programado para el jueves 15, aunque podría postergarse para el 16. La definición se conocería mañana, por acuerdo entre las partes, que también deben afinar el listado de testigos. En un principio habían propuesto en conjunto 52 nombres.
La fiscal del caso es Betiana Cendón y la representación de Rocco es ejercida por el abogado Ernesto Saavedra. En principio la acusación había propuesto 39 testigos, pero es probable que los reduzca a una veintena.
Habría entre ellos varios vecinos de la zona, trabajadores forestales, policías y hasta un operador de drone, que relevó las tierras ocupadas. La defensa ofreció 12 testigos, entre los que hay “gente de El Bolsón y de la ciudad de Buenos Aires”, que declararían vía zoom, informó Reile. Del ajuste de esa nómina dependerá el cronograma del juicio, que se extendería entre cuatro y cinco días.
Las tierras objeto del conflicto están ubicadas en cercanías de la escuela rural 211, a unos 30 kilómetros de El Bolsón. La irrupción de la comunidad Quemquemtreu se produjo el 18 de septiembre de 2021. Desde entonces la policía provincial mantuvo un retén permanente durante meses en el lugar, para impedir que las familias mapuches reciban suministros y consoliden la ocupación.
En ese contexto se produjo el crimen de un joven que participaba de la reivindicación territorial, Elías Garay, baleado dentro del campo por Diego Ravasio, quien fue condenado como autor material del homicidio en diciembre de 2022. Su acompañante Martín Feilberg recibió una pena menor y fue liberado poco después. Ambos se presentaron como socios y colaboradores de Rocco.
La abogada Reile dijo que la defensa en el juicio hará eje en que el lote en el que permanece la lof tiene apenas 10 hectáreas, mucho menos que la totalidad del predio asignado al empresario promotor del desalojo, y subrayó que está cubierto de bosque nativo, de modo que no es apto para explotaciones forestales
También indicó que -desde que consolidaron la ocupación- los miembros de la comunidad Quemquemtreu lograron “un vínculo muy positivo con los vecinos de Cuesta del Ternero”, con quienes comparten la escuela, interactúan a diario y han mantenido incluso jornadas de “salud intercultural”. Dijo que algunos de ellos han enviado cartas para solicitar la apertura de una “mesa de diálogo” en el ámbito político, y evitar el desalojo.
Una instancia que fracasó
En realidad, ese tipo de solución ya había sido pre acordada entre las partes como una fórmula para bajar las tensiones luego del asesinato de Garay. Pero pasados los meses Rocco y sus patrocinantes decidieron clausurar esa vía e insistir con la demanda de desalojo.
Reile dijo que en un primer momento Rocco efectuó la denuncia como permisionario sobre 800 hectáreas, aunque la parte hoy afectada y que supuestamente le impediría realizar su actividad económica se limita a solo 10 hectáreas.
Aclaró también que “la ley de bosques prohíbe” cualquier explotación de ese espacio puntual, porque está cubierto de vegetación nativa. La comunidad sostuvo desde el primer momento que ingresaron a un predio que se encontraba “en estado de abandono”, en razón de que Rocco “no cumplía” con las obligaciones establecidas en la concesión provincial.
Reile insistió en que la participación del empresario como querellante es cuestionable, porque “si alguien debía accionar como titular de las tierras es la provincia de Río Negro”.
En el comienzo de la causa por usurpación fueron detenidos e imputados cinco varones y tres meses después se agregaron otras dos personas. En el juicio se examinará la conducta de siete integrantes de la lof, que está expuestas a recibir una condena por usurpación.
Una de ellas es la werken de la comunidad, Romina Jones, quien días atrás pidió públicamente al gobierno provincial la rehabilitación de la mesa de diálogo con el fin de evitar el juicio.
Dijo que querían reunirse con el gobernador Alberto Weretilneck para contarle quiénes son y cuál es su propósito. “Y si vamos a juicio igual estamos seguros de ganar -agregó Jones-, porque la razón es nuestra. No queremos hacernos millonarios ni tener grandes extensiones, sino desarrollarnos en el territorio”.
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