La trama del convenio por el cual Neuquén le transfirió $ 1.183 millones a la cooperativa Viento Sur
Fue firmado en el 2023 entre el gobierno y la cooperativa Viento Sur. No le imponía ninguna obligación sobre cómo rendir cuentas. La excusa era capacitación pero el exministro Chapino admite que se usaba para pagar subsidios. El FOL dice que crearon puestos de trabajo.
Fiscales Vignaroli y Narváez: la cooperativa no podía usar el dinero para otros fines. (Matías Subat)
El 23 de enero del 2023 el entonces ministro de Desarrollo Social de Neuquén, Germán Chapino, y la cooperativa Viento Sur, vinculada al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) firmaron un convenio por tres meses «con el objeto de gestionar actividades de capacitación» a fin de «acompañar a sus integrantes en el proceso de inserción en el mercado laboral y/o emprendimientos de la economía social».
Por ese instrumento legal, que tuvo varias renovaciones, durante el último año de gobierno de Omar Gutiérrez la Cooperativa recibió 1.183.438.560 pesos en aportes no reintegrables del Estado provincial. Según una denuncia de la fiscalía de Estado y del gobierno, no rindió en qué los gastó, o los gastó en otra cosa.
Ese es el nudo de la investigación de la fiscalía de Delitos Económicos que el viernes 12 desembocó en 14 allanamientos a viviendas de dirigentes sociales con diez mujeres demoradas por unas horas, secuestro de planillas, teléfonos y computadoras.
El convenio ocupa una carilla y un párrafo. Al pie tiene la firma de Chapino y de la presidenta de la Cooperativa, Indira Buhlman Coronel, una de las demoradas el viernes.
El requisito que se perdió
En su artículo 4 se lee: «la Cooperativa deberá remitir al ministerio un padrón de los posibles beneficiarios a incluir en el Programa de Acciones de Fortalecimiento para Capacitación de Organizaciones de la Sociedad Civil».
Es lo único parecido a un requisito. El resto son cuestiones formales: acta constitutiva de la cooperativa, certificación de la dirección de Personas Jurídicas, constancia de inscripción en AFIP, etcétera.
El Programa de Acciones etc. fue creado mediante el decreto 1672 del 2022, que incluye como anexo un modelo de convenio. Al final de su artículo 4 hay una oración que el documento firmado por Chapino y Viento Sur no contiene: «La Cooperativa deberá remitir al ministerio un padrón de los posibles beneficiarios a incluir en el Programa de Acciones de Fortalecimiento para Capacitación de Organizaciones de la Sociedad Civil, el que será pasible de verificaciones con los sistemas que determine el ministerio, debiendo acompañar un informe que detalle las acciones implementadas en el marco del mismo«.
¿Cuándo perdió esa oración? El 19 de enero del 2023, cuando Chapino emitió el decreto 112/23 mediante el cual aprobó un nuevo modelo de convenio. Cuatro días antes de firmar con Viento Sur.
Control de beneficiarios, no de la capacitación
El exministro Germán Chapino lo blanqueó en una entrevista con RÍO NEGRO RADIO: «Nos entregaban un listado de personas que iban a capacitar, le iban a pagar un subsidio para capacitarse, cada dos o tres meses me iban rotando el listado de las personas». Su trabajo se limitaba a controlar que no hubiera doble percepción por parte de los beneficiarios.
-El convenio era para capacitación, pero lo que usted cuenta es que le pagaban un sueldo, ¿cómo era? -se le preguntó.
–Lo que se arregló era capacitación pero se iba a dar tipo subsidio para que se capaciten y después se vuelquen al trabajo formal. Esta cooperativa hacía trabajos sociales de albañilería, gas, plomería y ahí le enseñaban los referentes idóneos.
«El convenio no tenía nada»
La versión de Diego Mauro, cara visible del FOL y de la Cooperativa, es que «todos los convenios tienen una forma de rendirse, este no tenía nada».
De todos modos aseguró que «el 10 de junio presentamos una rendición de todo, incluso antes del plazo que nos dieron».
En diálogo con diario RÍO NEGRO, Mauro afirmó que «los compañeros cobraban un sueldo de acuerdo con el convenio de la Uocra, los últimos eran de 170.000 pesos».
«Los compañeros se formaron, nosotros les dimos trabajo«, y enumeró algunas de las obras realizadas: «red de agua en el 26 de Agosto; 350 canastos en la meseta; pintamos espacios de salud en Junín de los Andes; la salita de Los Aromos de Plottier; el club San Lorenzo».
Diego Mauro afirmó: «transformamos esa plata en materiales y herramientas. Nos dieron para capacitaciones, nosotros generamos trabajo a través de la Cooperativa«.
Desarrollo turístico
Respecto de los terrenos que compraron en Junín de los Andes y San Martín de los Andes, explicó que «son para un proyecto de cabañas turísticas para generar más trabajo. Pagamos los planos al arquitecto, los permisos al municipio. Le mandamos fotos al fiscal de los compañeros trabajando en el lugar, se enteró de los terrenos por nosotros».
Calificó los allanamientos encabezados por Vignaroli el viernes pasado de «show armado» y denunció «malos tratos a las compañeras, no les querían sacar las esposas ni para ir al baño».
Aseguró que mientras el fiscal afirmaba en una conferencia de prensa que se desconocía su paradero, «yo estaba en la comisaría Primera con las compañeras».
Mauro confirmó también que la semana pasada firmaron un convenio con el gobierno provincial, a través de la cooperativa, para trabajar en dos obras, y esperan la semana próxima sumar tres obras más.
El fiscal jefe Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez en tanto, dijeron a RÍO NEGRO RADIO que «la cooperativa no puede utilizar el dinero con un fin distinto al que se le dio, si no hay una contraparte que le permite hacer este tipo de manejo».
Insistieron en que Viento Sur recibió los fondos «con la finalidad de capacitar laboralmente a integrantes de la cooperativa».
La línea de tiempo de las denuncias
Los fiscales aclararon la secuencia de las denuncias.
En enero, el ministro de Trabajo Lucas Castelli declaró públicamente que durante 2023 las organizaciones sociales habían recibido aportes por más de 1.100 millones de pesos y no habían rendido los gastos.
La fiscalía de Estado, el organismo que defiende los intereses del tesoro provincial, intimó a la Cooperativa Viento Sur a que presente las rendiciones.
Vignaroli dijo que su equipo de Delitos Económicos, que es una fiscalía penal del Poder Judicial, comenzó a intervenir el 10 de mayo ante una denuncia de la fiscalía de Estado, que fue ampliada a principios de junio. «Entiendo que se hicieron pasos adecuados y prudentes, porque si aparecían las rendiciones, no había nada que investigar», señaló.
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