La regulación de Uber en Bariloche, trabada por profundos desacuerdos

A pesar de los reclamos que ejercen los choferes de Uber para que el municipio habilite ese servicio, el proyecto de ordenanza que presentó el oficialismo hace ya seis meses para regular las plataformas digitales de transporte está frenado en el Concejo y acaba de sumar un lapidario informe crítico surgido de la propia administración municipal.

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La aplicación UBER está prohibida en la ciudad por una resolución que dictó el exintendente Gustavo Gennuso hace casi dos años. Aun así hay no menos de 200 autos que realizan traslados bajo ese formato, incluidos muchos taxis y remises. Algunos, cada tanto, son infraccionados, pero en general el municipio aplica una política de tolerancia, mientras el vacío normativo no encuentra solución.

El impulsor de la ordenanza regulatoria es el concejal Tomás Hercigonja, quien firmó el proyecto en coautoría con el presidente del Concejo, Gerardo del Río, y la tercera integrante del bloque PUL, María Coronado.

La iniciativa está en la comisión de Economía y no registra avances desde septiembre de 2024. Los conductores de Uber realizan periódicos reclamos públicos por esa demora. El último fue hace diez días, cuando se presentaron con carteles en el acto de apertura de sesiones legislativas. El intendente Walter Cortés pasó frente a ellos con paso rápido y sin emitir palabra. Del Río, en cambio, se detuvo a conversar con los manifestantes y les prometió una vez más acelerar las definiciones.

Para Hercigonja el tema que no admite más demoras. Consideró que mientras buscan afinar el texto de la ordenanza el intendente Walter Cortés debería derogar la resolución de Gennuso que dictó la prohibición. Hasta ahora no fue escuchado.

El director de Tránsito municipal, Carlos Catini, respondió esta semana un pedido de opinión sobre el proyecto y literalmente le bajó el pulgar. Observó -entre otras críticas- que el texto “no prevé el pago de una tasa trimestral o semestral” por parte de la firma Uber.

“El capítulo de infracciones prevé valores en módulos fiscales, los cuales esta dirección considera que son muy bajos, ya que estarían incurriendo en una falta muy grave: prestar un servicio de traslado de pasajeros en un destino turístico internacional”, agregó.

También recomendó que la ordenanza establezca una cantidad límite de “habilitaciones” para prestadores de Uber, “ya que un exceso en la cantidad podría afectar la economía del servicio de transporte urbano, remises y taxis”.

Más requisitos

Catini consideró también que se les debería exigir una inspección semestral, como lo que cumplen los taxis y remises, con la obligación de los licenciatarios de presentar seguro, revisión técnica obligatoria y licencia vigente.

El proyecto exige a los conductores Uber carnet profesional simple, pero Catini sugirió poner como condición que tengan licencia “D1”, que además “requiere el conocimiento de las calles principales, ubicación de referencias importantes de la ciudad”.

Otra condición que propuso es que los vehículos lleven una identificación como habilitados para Uber, “y así brindarle al pasajero la tranquilidad de que está siendo trasladado por un chofer y un vehículo habilitado, con la documentación en regla”. Esto último, así como el número límite de licencias, no son exigidos en otras ciudades que ya cuentan con regulaciones para Uber.

Como última observación, Catini subrayó que “la habilitación de este nuevo servicio de traslado de pasajeros” podría generar mayores complicaciones de tránsito ya que “seguramente se aumentará el caudal vehicular en el macrocentro”, con la consiguiente “congestión” y problemas de estacionamiento.

El proyecto del partido PUL tampoco pasó el filtro de los directivos de la empresa Uber, que cuestionaron varios puntos, entre ellos el que los obliga a abrir un local o “constituir domicilio dentro del ejido”, y el que fija para los vehículos una antigüedad máxima de 5 años, cuando para los servicios de taxi y remise se aceptan 10 años.