Río Negro inició el pago de las cuotas de la «reparación» policial por la Zona Desfavorable
Se trata del régimen ofrecido por la Provincia por la mala liquidación de la Zona. Entre 1.700 y 1.800 adhesiones ya se registraron en Trabajo, con unas 900 homologadas. Entre ellos, la aceptación de uniformados con juicios tiene un muy bajo porcentaje.
La justicia falló contra la policía Foto: Florencia Salto.
Hacienda de Río Negro inició la liquidación de la llamada “reparación” policial, consistente en el “régimen voluntario” ofrecido por la Provincia a los uniformados para abonar diferencias salariales por la liquidación de la zona desfavorable y, en consecuencia, desalentar la vía judicial.
Unos 200 policías ya están cobrando, recordando que cada uno tiene un monto según su agrupamiento y su jerarquía, el cual, se abonará en 18 cuotas.
El universo del régimen alcanza a unos 8.000 uniformados y, hasta ahora, entre 1.700 y 1.800 adhirieron, según registros de las 18 delegaciones y la propia secretaria de Trabajo.
Los trámites homologados rondan los 900, según un informe reciente de la Fiscalía de Estado.
El proceso de adhesión en Trabajo comenzó el 29 de mayo y finalizará -recuerda la secretaria Martha Avilez- el 27 de diciembre.
Con 897 homologaciones en el primer mes y medio, el balance es aceptable y la Fiscalía detecta un dato significativo en el primer corte: solo el 2 por ciento presentan causas judiciales cuando ese segmento equivale a la mitad del total. En conclusión, el instrumento no tienen aceptación inicial entre los demandantes o no es convalidado por sus abogados.
En los últimos días, Trabajo informó de mayor presencia de policías con abogados particulares, lo cual, permitiría evaluar una mayor adhesión.
Fecha de corte
- 27
- De diciembre es el último día de adhesión al régimen, según el esquema propuesto por la Provincia.
Un punto pendiente se corresponde con los pasivos. La ley 5715 precisa que la reparación alcanza exclusivamente al personal en actividad, salvo aquellos que hubieran prestado servicios activos dentro de los últimos tres años.
El esquema propuesto por el Gobierno, ratificado en la norma, responde al criterio jurídico porque los pasivos por su dependencia a la Anses tramitaron sus demandas en la Justicia Federal y, a diferencia de los activos, los fallos no convalidaron sus reclamos.
Aún así, los pasivos reclamaron antes y después de la sanción de la legislación. En ese marco, el oficialismo prometió que existiría un régimen especial para los jubilados, pero todavía no se concretó.
La reparación policial, formalizada en marzo por aquella ley, fue la propuesta del gobierno de Alberto Weretilneck en un escenario de unos 4.000 policías con acciones judiciales por mala liquidación de la Zona, con fallos favorables, y la industria del juicio se extendía al resto del personal de la institución.
El régimen pretendía ofrecer una reparación para neutralizar esas acciones y, también, opciones de cobro para quienes ya comenzaron sus demandas.
La adhesión es voluntaria y se formaliza con la presentación de la “declaración jurada de la que surja su voluntad de desistir cualquier reclamo administrativo o acción judicial por diferencia salarial derivada del cálculo del concepto zona desfavorable por los períodos anteriores”. Este escrito expresará también “la renuncia a efectuar cualquier reclamo posterior”.
El decreto reglamentario estableció que esa expresión se deberá cumplir en las delegaciones de Trabajo o en los tribunales cuando si existiese un expediente judicial.
El plan fija su pago en 18 meses, con un monto por agrupamiento y por jerarquía, cuya actualización se vincula con el incremento del valor policial.
El monto propuesto sigue la lógica del cálculo del juicio, es decir, la ley propone una escala fijada por agrupamiento y jerarquía.
En la tabla de marzo, los valores de Seguridad van desde los 2,5 millones de pesos en oficial principal a 3,8 millones en la del comisario general mientras que en los Técnicos se ubican entre 1,5 millones y los 2,1 millones.
Estas cantidades se calcularon en valor punto y se actualizan con los aumentos de ese índice cuando se registran subas en el mismo. En aquella escala, la cuota promedio rondaba los 170 mil pesos mensuales.
Menos del 2% de los que hicieron juicios
Hasta el 10 de julio, los expedientes homologados fueron 897 aunque solamente 16 son trámites judiciales.
El mayor número corresponde a la Segunda circunscripción (Roca) y acumula casi el 46%.
Un 30% se tramitan en los tribunales viedmenses, cerca del 15% en circunscripción de Bariloche y el otro 9% figura en las cámaras laborales de Cipolletti.
La aceptación de quienes tienen demandas no llega al 2% de los expedientes actuales.
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