La nación mapuche

Las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén están sufriendo ataques de violencia de creciente gravedad por parte de grupos de personas que son o se atribuyen origen mapuche y que invocan el derecho a recuperar tierras que, sostienen, fueron propias y que ahora pertenecen al fisco, a Parques Nacionales, al Ejército o a personas físicas o jurídicas diversas.

Los propietarios que sufren esos ataques tienen seguramente títulos inobjetables y son compradores de buena fe. Pero es posible que dentro de esas provincias haya casos de títulos que provengan originariamente de actos abusivos y despojos consumados durante la mayor parte del siglo pasado, ante la indiferencia e incluso la complicidad de las policías provinciales. Los abusos fueron más graves en Santa Cruz donde hubo muertes a manos de cazadores profesionales y en Tierra del Fuego donde desaparecieron etnias como la de los onas.

No es un proceso que se limita a la Argentina. Nuestros vecinos chilenos tienen un conflicto de larga data y de mayores proporciones que ha recrudecido en los últimos tiempos, obligando al gobierno a movilizar fuerzas militares para resguardar a su población de los ataques calificados como terroristas.

En Bolivia, los aymaras, utilizando las herramientas que la democracia les brinda con la participación electoral, han conseguido ganar las elecciones y gobiernan el país desde 2006 con un intervalo producido por un grave conflicto institucional. Sin duda con zonas grises y prácticas cuestionables, pero en términos generales manteniendo los fundamentos democráticos y un manejo de la economía razonable, Bolivia ha permanecido hasta ahora muy alejada de los desastres perpetrados en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Intentar la conquista del poder por métodos democráticos no parece posible en Chile, donde los aborígenes solo alcanzan el 12% de la población total y mucho menos en la Argentina donde la proporción es incomparablemente menor. Posiblemente, esta clara limitación esté en el fondo del desdén de los grupos insurgentes por los métodos constitucionales y el creciente uso de la violencia en sus sectores más radicalizados. Los ataques se han concentrado en la invasión de tierras y atentados contra las personas, pero de hecho el propósito final es recuperar la independencia que tenían originalmente.

El reclamo mapuche no se diferencia de otros por parte de minorías étnicas para obtener un “status” especial o para independizarse de un país que los conquistó o que los mantiene subordinados por la fuerza.

Los mapuches chilenos resistieron exitosamente los ataques de los conquistadores españoles, que nunca los pudieron dominar al punto que durante siglos se firmaron acuerdos y parlamentos en que España los reconocía como un Estado independiente. Durante algún tiempo también se defendieron exitosamente de los chilenos, hasta que en las últimas décadas del siglo XIX fueron finalmente sometidos.
Varios países europeos o de colonización europea, tienen fuertes minorías secesionistas. Pero suponer que es posible asimilar el caso chileno a la demanda de los separatistas de Quebec, Cataluña y Escocia sería pasar por alto diferencias sustanciales. En estos últimos casos se trata de poblaciones homogéneas cuyas diferencias se limitan a veces a cuestiones de idioma o religión, con un territorio claramente delimitado y una autonomía vigente frente al poder central.

En cambio, los protagonistas en Chile provienen de dos vertientes étnicas que originalmente no tenían nada en común. En la actualidad, una proporción importante de la población proviene del mestizaje, conformando una realidad étnica asimilada a una u otra cultura, pero imprecisa, situación que se repite respecto de las áreas territoriales. Los araucanos se diseminan prácticamente por todo el país. Pero solamente en la Octava y Novena región son casi dominantes, aunque no es seguro que sean mayoría.

El caso mapuche de la Argentina es notoriamente más débil respecto de sus congéneres chilenos, al menos en sus fundamentos secesionistas. Mientras que en Chile pueden invocar su carácter de pueblo originario, los primeros contingentes mapuches ingresaron en lo que es hoy territorio argentino varios siglos después que llegaran los españoles y recién adquirieron importancia en el gobierno de Juan Manuel de Rosas, cuando el cacique de Llaima, Calfucurá, fue convocado por el gobernador bonaerense para combatir y dominar a los aborígenes nómades autóctonos.

Aunque en las Naciones Unidas se han sancionado recomendaciones a favor de los derechos de minorías étnicas, hay muy pocos casos en donde se haya logrado superar el conflicto mediante alguna forma de acuerdo.

El caso con algún nivel de consenso sea, probablemente, el de Nueva Zelanda. Este país tiene una minoría maorí que representa el 20% de su población. Aunque se hayan logrado avances importantes, subsisten diferencias. Hace pocos meses, los diputados maoríes presentaron la moción de cambiar el nombre del país, Nueva Zelanda, por el originario maorí.

Nueva Zelanda reconoce la monarquía maorí en un nivel formal en la misma categoría que la corona británica para la mayoría de ese origen. Once diputados que integran la Cámara Baja son elegidos directamente por los maoríes. En 1975 se creó por ley una comisión destinada a investigar actos de arbitrariedad y despojos cometidos contra el pueblo maorí, incluso en el período del dominio británico. Esa comisión ha logrado avances importantes, traducidos en reparaciones generalmente indemnizatorias y eso ha contribuido a que el conflicto se mantenga dentro de límites civilizados.

En Sudáfrica, en este caso con presión internacional adicional, la minoría blanca debió ceder el poder a la mayoría negra. Contra todos los pronósticos, una conducción moderada encabezada por Mandela consagró el gobierno de la mayoría, pero también instauró el respeto a la minoría. Y el país está alcanzando niveles sorprendentes de desarrollo.

En cambio, en Chile y la Argentina, la rebelión mapuche parece destinada a subsistir y está para quedarse. Sus dirigentes han optado por la lucha armada y el desconocimiento del orden jurídico y constitucional. Su objetivo es restablecer su dominio sobre el territorio que poseían o en el que transitaban antes de la conquista. El éxito que persiguen con los medios empleados terminaría inevitablemente con la expulsión de millones de personas de origen europeo. Una eventualidad solamente posible si las Fuerzas Armadas de uno u otro país fueran derrotadas.