La mina de Andacollo cumplió dos años de paralización: el concurso quedó para el 2023
El trámite de la convocatoria de acreedores quedó frenado en el juzgado de Buenos Aires por la apelación de una de las empresas que se presentó al salvataje. Los trabajadores reclaman la reactivación para recuperar sus fuentes laborales.
La mina ya había sido abandonada por su anterior concesionaria, Andacollo Gold, en 2014. Foto: archivo.
El 2022 se fue sin haberle dado una solución al Proyecto Minero Andacollo, el único yacimiento de oro y plata que tiene Neuquén y que, desde el 2020, quedó paralizado por la decisión de su concesionaria, Trident Southern Explorations, de presentarse en concurso de acreedores. El trámite que lleva adelante el juzgado comercial N°23 de Buenos Aires quedó frenado por un recurso judicial en el proceso de «cramdown» o salvataje y no podrá retomarse hasta que finalice la feria.
Un empresario de Viedma quiere salvar la mina de Andacollo
La mina de Andacollo se había otorgado en un usufructo a 25 años en el 2016, tras una licitación convocada por el gobierno provincial para salvarla de su anterior fracaso, bajo operación de la empresa Andacollo Gold.
Trident prometió en ese momento una inversión de 164 millones de dólares durante el tiempo que durara el contrato, compró algunas maquinarias como la planta de procesamiento, pero nunca llegó a entrar en producción. Más tarde se conoció que tampoco había depositado la garantía de 1 millón de dólares que era requisito del contrato firmado con la estatal Cormine.
A principios del 2020, la firma comenzó a suspender el pago de salarios y, finalmente, en mayo de ese mismo año, se presentó en concurso de acreedores. Trident no pudo tentar a los acreedores con su propuesta de pago y el juez subrogante Jorge Sicoli dio inicio al proceso de salvataje por el cual otras firmas pueden adquirir sus cuotas sociales y cancelar las deudas a cambio de quedarse con el proyecto.
Esa instancia se abrió en julio y, hasta hoy, no logró avanzar hacia una resolución.
«De más de 200 que éramos, quedó una nómina de 192. Con el gobierno se acordó el pago de un subsidio hasta que se resuelva el concurso, lo vienen cumpliendo. El problema son nuestras ansias de volver a trabajar», afirmó el representante de Aoma, Javier Montañez.
Aseguró que es «prioridad» recuperar las fuentes de empleo, los aportes jubilatorios y las prestaciones de obra social, en particular en una localidad como Andacollo donde las ofertas de trabajo no abundan. «Nuestro interés principal es la reactivación del proyecto», aseguró.
Montañez indicó que mantuvieron una reunión informal con Eco Friendly, la única empresa en carrera, de momento, para el salvataje y que esperan «poder avanzar» en la toma del proyecto.
Actualmente, las instalaciones de la mina de Andacollo están bajo custodia de Cormine, cuyos empleados se encargan de resguardar los bienes que Trident dejó en el yacimiento y también mantener el área desde el punto de vista ambiental.
Si Eco Friendly fuera aceptada en el concurso para hacerse cargo de la mina, la planta de procesamiento, los vehículos y otros bienes dejados por la concursada pasarán a su dominio. En cambio, si la justicia decretara la quiebra de Trident, los mismos serán rematados para utilizarlo como parte de pago a los acreedores.
La deuda a los acreedores quirografarios se calculó en 825,3 millones de pesos (101,3 millones en moneda nacional y el equivalente a 7,2 millones de dólares), mientras que el crédito de los privilegiados es menor, de 2,3 millones de pesos.
Chiargmin y el rechazo que atrasó
Al proceso de salvataje o «cramdown» del concurso se presentaron dos empresas con vínculos en la región: Eco Friendly, del empresario de Viedma Claudio Alberto Ciccarelli, y Chiargmin, del abogado Christian Salazar Alcaide.
Solo la primera fue aceptada por el juez del concurso, mientras que la segunda quedó excluida del proceso por considerar que no había demostrado solvencia económica para hacerse cargo del proyecto. Según se indicó, había dado cuenta «únicamente de ingresos durante los años 2019 y 2020».
La firma apeló y recién la semana pasada, la fiscal Gabriela Alejandra Boquin emitió dictamen para recomendar a la Cámara Comercial que confirme el rechazo dictado en primera instancia. Coincidió con que Chiargmin no había mostrado información en cuanto a sus actividades y gastos y evaluó que «la seriedad, capacidad y solvencia financiera del interesado en participar en el salvataje, como ya se ha expuesto, son condiciones que han de estar presentes».
Montañez afirmó que el dictamen «es un paso importante» pues cuestionó que «Chiargmin generó todo un atraso» con la apelación de la medida. Dijo que no esperan que antes de febrero o marzo esté la resolución de la Cámara confirmando el rechazo y tampoco hay certezas de que la firma no vaya a intentar una instancia superior para volver a trabar el proceso.
«No nos hemos podidos comunicar con ellos para charlar y entender qué pretenden», planteó.
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