La Legislatura sancionó el plan financiero de Río Negro para el 2025 que solicitó Weretilneck
También, el oficialismo logró el procedimiento para las consultas a las comunidades originarias, con rechazos por sus limitaciones.
La Legislatura avaló -por mayoría- que el gobierno provincial disponga de herramientas financieras para el año próximo, orientadas esencialmente a las urgencias de las disponibilidades de recursos.
En concreto, se renovó la posibilidad de la utilización de los descubiertos bancarios y de la emisión de Letras del Tesoro, con un total máximo de 140.000 millones de pesos.
La negativa partió del bloque de Vamos con Todos. Fueron esos cinco rechazos frente a 39 a favor, entre estos, los de las bancadas del PRO y del PJ, a pesar de críticas y reparos aunque valoraron del “desendeudamiento” registrados en el 2024.
En cambio, Vamos con Todos explicó su oposición en el aumento de la deuda provincial, según los dichos de José Luis Berros y Luciano Delgado.
Puntualmente, la Legislatura aceptó un pedido de Economía para disponer de descubiertos de hasta 60.000 millones y de hasta 80.000 millones para la emisión de Letras.
La legisladora Soraya Yahuar argumentó por JSRN y explicó la necesidad de esos instrumentos para afrontar el desfasaje de cajas, afirmando que “no se trata de deuda” ya que son compromisos de corto plazo. El radical Ariel Bernatene y el arista Javier Acevedo anticiparon los respaldos de sus bloques.
Por el PJ, Leandro García ponderó el “desendeudamiento” logrado este año frente al “ajuste brutal” de la Nación.
Desde el PRO, Juan Murillo también aceptó esa mejora, como también, la baja utilización de estas herramientas. Remarcó, además, un déficit a septiembre, que ronda los 85.000 millones. El titular del bloque, Juan Martín remarcó esos números aunque cuestionó prácticas y la eficacia de la gestión del oficialismo.
El jefe de la bancada oficial, Facundo López resaltó que no hubo emisión de Letras en el 2024 y que solo en cuatro meses se utilizaron descubiertos.
Consulta a las comunidades originarias
Por su parte, el oficialismo logró también la sanción del procedimiento de “la consulta previa, libre e informada para las comunidades originarias”, orientadas a la autorización de los proyectos que “puedan afectar derechos de incidencia colectiva”.
Los votos contrarios fueron nueve y originados en los bloques peronistas (salvo Pedro Dantas, del PJ), argumentados por Ana Marks y Magdalena Odarda. Ambas se concentraron en las condiciones fijadas que limitan la participación de esas comunidades.
Marks resaltó que el pedido de personería jurídica deja afuera al 50% de las comunidades, y afirmó que el proyecto “es inconstitucional”.
Odarda agregó que el gobierno “va a decidir en forma unilateral y arbitraria cuál es el área de influencia a consultar”, y que “no incluye la necesidad de un informe de impacto cultural”.
El miembro informante fue Lucas Pica entendió que el mecanismo “acaba con los intermediarios” porque remarcó que la consulta será directamente con la comunidad originaria que reside en la zona de influencia respecto del proyecto o acto administrativo que pueda impactar. Por JSRN, también, defendió la iniciativa Daniel Sanguinetti.
La sanción del esquema para consultar a las comunidades registró nueve votos en contra. No avalaron los bloques peronistas, salvo Dantas que apoyó.
Fernando Frugoni anticipó el voto favorable del ARI porque el proyecto viene a “poner algo orden” lo que “está absolutamente desordenado”. Su par de bancada, Roberta Scavo valoró ese propósito.
El PRO también respaldo y argumentó Martina Lacour, que relativizó la propuesta de diálogo con sectores de esas comunidades aunque alentó los augurios y vaticinios (del oficialismo) para que ese ámbito se materialice.
El cierre correspondió a López entendió que es la “mejor ley posible”, “constitucional” y que cumple con un requerimiento judicial.
Los otros dos proyectos del Ejecutivo fueron sancionados. La creación del Fondo de Garantías para respaldar préstamos para PyMEs tuvo solo tres votos en contra, que fueron los libertarios. César Domínguez entendió que sería una “caja negra de la política”.
El único expediente del Ejecutivo aprobado por unanimidad se corresponde con la creación de un “Régimen de Recupero de Fondos” que autoriza a los hospitales a “cobrar a terceros, obras sociales, mutuales y prepagas por la atención brindada a sus afiliados”. El mecanismo comprende que la Fiscalía de Estado pueda cumplir con ejecuciones fiscales contra deudores si no cumplen con el pago de las facturas.
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