La Legislatura de Río Negro debutó: habló la Defensora del Pueblo y aprobó varias iniciativas
Se trató el uso del agua para las hidroeléctricas, el pago a policías y la reforma del Código Penal.
La Defensora del Pueblo afirmó que existe la preocupación de un fuerte impacto en las tarifas de luz y gas en los hogares de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.
La nueva composición de la Legislatura debutó este jueves, con un variado y extenso temario. En el inicio, a las 7:30 comenzó con el informe in voce de la Defensora del Pueblo, Adriana Santagati, correspondiente al año pasado y luego continuó con el extenso temario definido para la primera sesión.
En el inicio de su alocución, acompañado por el adjunto Álvaro Larreguy, la funcionaria señaló que «2023 fue un año de sucesivos acontecimientos de actos eleccionarios» y de una «crisis económica que fue agravándose», además el organismo trató «muchas situaciones complejas» porque «se necesitó la participación de distintos organismos del Estado».
Entre los principales temas que demandaron la participación de la Defensoría dijo que fueron «temas de salud» con denuncias contra el funcionamiento del Ipross y de las obras sociales nacionales, las demoras en las entregas de medicamentos, prótesis y cirugías programadas, la «demora en el inicio del ciclo lectivo, en Educación «nos preocupa el conflicto entre pares, mal denominado violencia escolar», la implementación de la segmentación de tarifas, las estafas y los radares «que nos están autorizados e incluso con lo que están autorizados».
Luego de la presentación de la defensora, se inició la sesión ordinaria, marcada por varios proyectos del Poder Ejecutivo, entre ellos, la ratificación de que la Provincia autoriza el uso de aguas públicas, con un canon por su generación de energía hidroeléctrica; un régimen de «reparación» económica a los policías por la mala liquidación de la zona desfavorable; la reelección de Fabian Gatti como Fiscal de Investigaciones Administrativas y, como también, la reforma del Código Penal para acelerar el cumplimiento de las condenas.
Esta iniciativa finalmente tendrá doble tratamiento por su complejidad, es decir, doble vuelta. Propone acelerar el cumplimiento de las penas, fijando su ejecución a partir de la ratificación de la condena por parte del Tribunal de Impugnación, que “es la última instancia ordinaria que se expide”. Mantiene -agrega- la “garantía de recurrirla y apelarla, pero ese proceso ya no suspendería la ejecución”.
Después de decenas de proyectos de comunicación y de declaración, el tratamiento legislativo analizó el expediente del Ejecutivo que ratifica la propiedad de Río Negro de los recursos naturales y, en ese sentido, su facultad en la concesión del uso del agua pública y su obligada intervención en las concesiones hidroeléctricas cuando Nación avanza, sin participación a las provincias. Establece que el Estado rionegrino debe otorgar la “pertinente concesión de su uso de las aguas públicas” para la generación hidroeléctrica, en “virtud de las normas constitucionales y del Código de Aguas”.
La nueva composición de la Legislatura recibió el informe in voce de la Defensora y, además, reeligió a Gatti como Fiscal de Investigaciones.
Otra iniciativa del Ejecutivo que se debatió se relaciona con la “reparación económica a los policías por la mala liquidación de la zona desfavorable”, que se presenta como “otra opción” frente a las demandas judiciales. Se oferta un monto por jerarquía, que va desde los 1,5 millones a los 3,8 millones, y su adhesión será voluntaria, con previa renuncia a reclamos iniciados o por formalizar.
Estas asignaciones alcanzarán a unos 8.300 efectivos, entre aquellos en actividad o retirados con menos de tres años inactivos. Este punto derivó en cuestionamientos de los restantes policías en retiro, pero en el gobierno provincial se argumenta su exclusión en que la Justicia no falló a su favor, a diferencia de los activos.
Otro expediente del Ejecutivo se relacionó con la ratificación del acta acuerdo suscripta en Villa La Angostura en enero por los gobernadores patagónicos, en el «marco del Tratado Fundacional de la Región Patagónica».
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