La Justicia pidió los movimientos de dinero de los funcionarios que viajaron a Lago Escondido

Antes de jubilarse o de que la causa pasara a los tribunales federales de Buenos Aires, la jueza Silvina Domínguez pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos los movimientos bancarios y las extracciones en efectivo de los jueces y funcionarios del gobierno porteño que viajaron, en octubre pasado, a la estancia Lago Escondido por invitación del Grupo Clarín. Según lo que RÍO NEGRO pudo reconstruir de una causa signada por el hermetismo, la respuesta del organismo fue enviada, con otras decenas de pruebas, al edificio de Comodoro Py.

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Domínguez le envió en enero al director regional Neuquén de la AFIP, Salvador Lombardo, una nota en la que le pidió «a título de colaboración, dado que esta sede dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario» el detalle de las cuentas bancarias de «Julián Daniel Ercolini, Juan Bautista Mahiques, Marcelo Silvio D’Alessandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Gabriel Cayssials, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Pablo César Casey, Jorge Carlos Rendo, Hidden Lake SA y Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA». Se trata del grupo de visitantes a la estancia del multimillonario inglés Joseph Lewis y de sus anfitriones, que en un chat de mensajería instantánea se autodenominaron «Los Huemules».

• Julián Ercolini: juez federal de Comodoro Py.

• Pablo Yadarola: titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 de la ciudad de Buenos Aires.

• Carlos Mahiques: exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, luego juez de la Cámara Nacional de Casación.

• Pablo Cayssials: juez en lo contencioso administrativo federal.

• Juan Bautista Mahiques: el hijo de Carlos Mahiques actualmente es Procurador de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de los fiscales de la justicia porteña.

• Marcelo D’Alessandro: era ministro de Justicia y Seguridad porteño cuando fue el viaje, y terminó renunciando por el escándalo.

• Jorge Rendo: presidente del directorio del Grupo Clarín.

• Pablo Casey: director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín.

• Tomás Reinke: asesor en comunicación.

• Leonardo Bergroth: un exfuncionario de los servicios de inteligencia en la SIDE.

• Nicolás van Ditmar: Es un barilochense que trabajó con su padre en la inmobiliaria que llevaba su apellido y que terminó siendo el lugarteniente de Lewis en la región

La jueza pidió «los movimientos de todas ellas (las personas) para el período comprendido entre el 10/9/2022 y el 10/11/2022, con especial hincapié en sus extracciones de efectivo en moneda nacional y extranjera, transferencias realizadas desde esas cuentas hacia las de otros investigados y/o a las empresas Hidden Lake SA, Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA y Westwind Aviation SA, así como también a las personas físicas Celia Inés Magni (quien prestaría servicios como masajista) y Steven Whewell».

Cuando en abril de este año, la causa pasó a los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires, con sede en la calle Comodoro Py, por pedido de algunos de los imputados, se labró un acta con los elementos transferidos. Este diario obtuvo esa acta. Entre esos elementos aparecen:

• Un sobre de la AFIP con un DVD identificado como Hidden Lake SA.

­• Una nota del 12 de octubre de 2022 «suscripta ológrafamente por Pablo Casey» con la aparente contratación de la empresa Flyzar con la que volaron hacia Bariloche.

• La conciliación del Banco Nación Argentina al 31/10/2022 de la empresa Hidden Lake.

• Un cuadro con un resumen de las ventas de la empresa Hidden Lake SA desde el 20/9/22 hasta el 1/11/2022. Se trata de 24 facturas.

La denuncia por dádivas e incumpliento de los deberes de funcionario público la hizo el abogado de Roca Marcelo Hertzriken Velazco a poco de conocerse los detalles del viaje y especialmente cuando se filtró el chat entre «Los Huemules», que al parecer es producto del hackeo del celular de D’Alessando.

En esas conversaciones aparecen pactos para modificar las condiciones de la contratación de todos los servicios (avión, helicóptero hasta el cerro Perito Moreno, alojamiento y demás que este diario ya detalló) de modo que aparezca que cada uno pagó lo suyo.

Eso es lo que quería corroborar la jueza Domínguez y, una vez jubilada, su par Gustavo Villanueva antes de que la causa pasara a Comodoro Py.