La justicia federal de Río Negro y Neuquén a las puertas de un cambio histórico: debilidades y fortalezas
En menos de un mes se modificará la forma de investigar y juzgar los delitos. Los jueces dejarán de tener el dominio del expediente, y la fiscalía será protagonista. Hablan los protagonistas.
El 4 de noviembre próximo la justicia federal penal de Río Negro y Neuquén experimentará el cambio más trascendente de su historia: entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, que modificará la forma de investigar y juzgar los delitos federales como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la evasión tributaria y aquellos hechos que ocurren dentro de instalaciones del gobierno nacional, entre otros.
En trazos gruesos, el nuevo Código -que se viene aplicando de manera gradual en el país- establece reglas similares a las que ya se aplican en la justicia penal provincial: la investigación está a cargo de la fiscalía, y las y los jueces resuelven las controversias que les plantean las partes. Todo se ventila en audiencias orales y públicas, por lo que se termina el secretismo y el trabajo a puertas cerradas de magistrados a quienes pocos les conocen la cara, que dictan sentencias escritas quien sabe por quién en un lenguaje accesible sólo para una minoría.
El desafío es enorme, porque la justicia federal en Río Negro y Neuquén tiene una estructura con recursos humanos muy bien remunerados aunque poco entrenados en esta dinámica.
Además hay muchas vacantes: en la judicatura abundan jueces subrogantes y, en el caso de los fiscales, la mayoría están designados mediante resolución ante la falta de concursos. Sin estabilidad en el cargo, pueden ser desplazados por una sola firma del Procurador Eduardo Casal (quien, a su vez, también es interino y ocupa el cargo desde que forzaron la renuncia de Alejandra Gils Carbó).
Así trabajarán las fiscalías
Siguiendo con la fiscalía, sobre la que recaerá el protagonismo, a partir del 4 de noviembre habrá un nuevo organigrama con distribución de funciones al que todavía no le asignaron nombres propios, según explicó el fiscal general Rafael Vehils Ruiz.
«No habrá más fiscalías sino unidades fiscales que llevarán los casos desde el inicio hasta la etapa del juicio oral», explicó a diario RÍO NEGRO. «También habrá fiscalías descentralizadas con menos funciones, porque no tendrán ejecución (el tratamiento de la situación de las personas una vez condenadas) y también un fiscal de distrito encargado de armonizar la funcionalidad» de todo el sistema.
Vehils Ruiz es fiscal en Catamarca pero el procurador Casal lo designó subrogante en el Tribunal Oral Federal de Roca (intervino en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel a manos de los Albatros de Prefectura) y subrogante en Bariloche (acusó a los mapuches por la usurpación en Mascardi).
Los otros fiscales
El otro fiscal general de la región es Miguel Palazzani, abocado a causas de lesa humanidad en Neuquén y Bahía Blanca. También es titular Cristina Beute (Neuquén), quien se encuentra de licencia (está en trámite una denuncia de empleadas).
El resto de los fiscales federales de la región gozan de una precaria estabilidad en el cargo. Están, como se dice en la jerga interna, «a tiro de resolución»: Claudia Frezzini (Cámara Federal de Roca); Marcos Escandell (Viedma); Matías Zanona (Roca); Mariana Querejeta (Neuquén) y Juan García Barrese (Zapala).
Un caso práctico
Con el nuevo esquema de funcionamiento, Vehils Ruiz explicó que «por ejemplo si ingresa una denuncia por trata de personas la recibe un fiscal del Área Inicial y determina si es un caso complejo o sencillo. Supongamos que lo deriva al fiscal de Complejos, allí se opina que no corresponde, va al fiscal de Casos Sencillos, hay un desacuerdo, entonces el jefe de la unidad fiscal es el que resuelve quién se queda con el caso».
Habrá una unidad fiscal que se dedicará al remanente: todas las causas ingresadas al sistema hasta las 23:59 horas del 3 de noviembre. Resultaron infructuosos los esfuerzos de este diario por conseguir la cantidad de expedientes que hay en sistema (en los juzgados de primera instancia de Neuquén y de Roca tramitarían más de mil en cada uno) y no hay estimaciones precisas de cuánto tiempo demandará desagotarlo.
Hay causas muy sencillas que merecen el rápido archivo, como las iniciadas contra presidentes de mesa que se ausentaron el día del comicio, y otras muy graves dignas de una investigación en serio como el asesinato del soldado Pablo Córdoba en Zapala, por poner dos extremos. Hay quienes pronostican que en dos años el remanente estará purgado, otros hablan de cinco, y hasta diez.
¿Qué pasará con el narcomenudeo?
Agrega complejidad la decisión de la provincia de Neuquén de asumir la competencia en materia de narcomenudeo, un delito que hasta ahora persigue la justicia federal. Y el panorama es más intrincado porque la provincia de Río Negro no lo hará, de manera que los fiscales federales tendrán manuales distintos para aplicar según de qué lado del puente ocurran los delitos de droga.
Las causas por tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes representan la enorme mayoría de las que ocupan las horas de trabajo en el fuero. Según las estadísticas a las que accedió diario RÍO NEGRO, en el 2023 en los juzgados federales de Neuquén y Zapala ingresaron en total 475, casi todas por narcomenudeo.
La coordinación federal-provincia no siempre funcionó de manera adecuada, como lo demuestra el caso del ciudadano paraguayo demorado en un operativo de rutina el último fin de semana de septiembre. Los policías y fiscales provinciales recién se enteraron de quién era y de que transportaba 30 kilos de cocaína 48 horas después; para entonces ya se había fugado. Hasta el día de hoy se buscan responsables del papelón.
Límites difusos, estructuras que no dialogan
Los límites entre el narcomenudeo (lo que de manera simplista se llama «el quisco», la venta minorista) y el narcotráfico (el proveedor mayorista, así llamado con la misma liviandad) son imprecisos, dinámicos, complejos.
Estructuras que no dialogan entre sí (cuando no desconfían abiertamente), fiscales provinciales que nunca trabajaron en la materia y federales cuya estabilidad laboral depende de la firma de un Procurador a mil kilómetros de distancia no parecen la mejor combinación para enfrentar una organización multinacional con años de experiencia y recursos de sobra para filtrarse allí donde detecte debilidades. Hay tiempo para corregirlo, pero hay que conocer desde dónde se parte y los riesgos que se corren al embarcarse en este viaje sin punto de llegada.
La Oficina Judicial
Una de las estructuras claves para el funcionamiento del nuevo sistema es la Oficina Judicial, encargada del agendamiento de audiencias. En ese lugar fue designada Fedra Giovenali, hasta ahora secretaria penal de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca.
En diálogo con diario RÍO NEGRO, explicó que funcionarán tres colegios de jueces: de Garantías, de Revisión, y de Juicio y Ejecución. Se espera que la Cámara de Casación dicte «acordadas de contingencia» para permitir que magistrados de unos colegios puedan intervenir en otros.
Quién en cada lugar
El colegio de jueces de Garantías estará integrado por Gustavo Villanueva, juez titular en Neuquén y subrogante en Bariloche; por Hugo Greca, juez titular en Roca y subrogante en Zapala; y por Ezequiel Andreani, subrogante en Viedma.
Los jueces de Revisión serán los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, Mariano Lozano y Richar Gallego. El Colegio de jueces de Juicio y Ejecución lo formarán Alejandro Cabral, del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Alejandro Silva y Simón Braco, ambos del TOF de Roca.
Giovenali señaló que la Cámara de Casación Penal está al tanto de las vacantes. Además de los juzgados de primera instancia mencionados (Zapala, Bariloche y Viedma), hay dos puestos por cubrir en el TOF Neuquén, uno en el TOF Roca y uno en la Cámara Federal de Roca. Los concursos se realizaron pero los pliegos nunca llegaron a la comisión de Acuerdos del Senado.
Dijo que habrá salas de audiencia «en todas las ciudades donde hay sedes de la justicia federal», es decir Neuquén, Roca (las más grandes), Zapala, Bariloche y Viedma. También allí habrá subsedes de la Oficina Judicial.
Para la redistribución del personal se tuvo en cuenta el resultado de una encuesta en la cual se preguntó en qué área preferían trabajar, explicó. Y desde la semana pasada comenzaron con capacitaciones de la Cámara de Casación y de la Escuela del Consejo de la Magistratura, tanto en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal como en la adaptación del sistema informático.
La depuración del remanente
Por Fabricio Álvarez
fabricioalvarez@rionegro.com.ar
Alejandro Silva, juez del Tribunal Oral Federal de Roca, estima que la depuración de las causas remanentes llevará al menos dos años. Sin embargo, algunos funcionarios se muestran menos optimistas, opinan que el proceso podría prolongarse entre cuatro y cinco años.
A pesar de la resistencia en los pasillos del fuero federal al cambio de paradigma, Silva aseguró que jueces, fiscales y defensores están decididos a poner todo su empeño y dedicación. “Todos ponemos el hombro para que esto salga bien”, sostuvo.
Detalló que todos los concursos por los cargos vacantes están en instancias de definición, pero el rumor es que hasta que no se definen los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se designarán.
El Poder Ejecutivo tiene que enviar los pliegos de los jueces a la comisión de Acuerdos del Senado y al parecer no lo hará hasta que no se resuelvan las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por Javier Milei para la Corte.
Estructura insuficiente
Silva indicó que la estructura actual no es suficiente para cubrir todas las necesidades del nuevo sistema acusatorio, en el cual los fiscales tomarán un papel protagónico desde la investigación hasta el juicio.
También destacó la sobrecarga que implica gestionar tanto los nuevos procesos bajo el sistema acusatorio como las causas residuales del anterior sistema. “Vamos a ceder mucha gente para el sistema nuevo, pero algo va a quedar porque tenemos que seguir haciendo el residual. No podemos depender de todo el personal”.
El fiscal general Rafael Vehils Ruiz, por su parte, dijo que “nunca es la situación ideal” pero se mostró optimista de cara al cambio de paradigma: “es muy positivo, es muy bueno porque acelera los tiempos, se le da más transparencia. Tiene mejor respuesta a la sociedad. Hay una visión del Ministerio Público que además de ser eficiente, tiene que ser eficaz. Todos estos cambios hacen a la nueva visión de dar una respuesta más rápida. Sobre todo a no colapsar el servicio de justicia con causas que con salidas alternativas a la resolución del conflicto se pueden resolver perfectamente”.
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