La estafa con planes sociales sube de nivel político: demoran a funcionarios de Neuquén
Hubo 11 allanamientos simultáneos, secuestraron computadoras y buscan automóviles. En paralelo, el líder de los petroleros Guillermo Pereyra acusó por la maniobra al concejal azul Claudio Domínguez, quien amenazó con querellarlo.
Uno de los 11 allanamientos fue en la dirección Provincial de Planes Sociales de Neuquén. (Archivo/Matías Subat)
El director provincial de Planes Sociales, Ricardo Soiza, y su mano derecha Pablo Sanz fueron demorados unas horas este miércoles, y les secuestraron sus computadoras y teléfonos personales, en el marco de la investigación de una estafa con tarjetas de débito del Banco Provincia de Neuquén.
La escalada política del escándalo desbloqueó otro nivel con nuevas declaraciones del histórico dirigente del Movimiento Popular Neuquino Guillermo Pereyra, quien manifestó sus sospechas respecto de que el concejal de su partido Claudio Domínguez podría estar involucrado en la maniobra.
Domínguez le contestó con una fulminante carta documento, y hoy se presentará en la fiscalía para exigir que llamen a declarar al petrolero.
La semana pasada, Pereyra había pedido la renuncia del ministro de Desarrollo Social y Trabajo, Abel Di Luca, pero el gobernador Omar Gutiérrez respaldó al miembro de su gabinete con un gesto simbólico: lo llevó a un acto de inauguración de una obra pública, aunque evitó una foto juntos.
Operativos simultáneos
Soiza y Sanz fueron demorados y sus domicilios allanados en el marco de un operativo desplegado por la fiscalía de Delitos Económicos que dirige el fiscal jefe Pablo Vignaroli.
En total hubo 11 allanamientos, con 11 personas demoradas y 30 dispositivos electrónicos secuestrados, entre computadoras, notebooks y teléfonos celulares. Los procedimientos se realizaron en domicilios particulares de Neuquén y Centenario, y en la dirección Provincial de Planes Sociales.
Podrían citar a Pereyra
Río Negro le preguntó a Vignaroli si en la maniobra estaba involucrado Domínguez, y el fiscal respondió que no surge de su investigación. Invitó a Pereyra a presentarse a declarar, y luego dijo que lo citará para que aporte información. Hoy, el concejal se lo exigirá, según adelantó a Río Negro.
También le consultó si tenía alguna utilidad secuestrar las computadoras y teléfonos tantos días después (la denuncia original fue el 26 de junio). El fiscal jefe respondió que la investigación lleva 15 días y que su oficina dispone de la tecnología necesaria para recuperar archivos que hayan sido borrados.
Según explicó en conferencia de prensa, la dirección de Planes Sociales está facultada para habilitar cuentas en el Banco Provincia de Neuquén a nombre de beneficiarios de tres programas provinciales: subsidios Sociales Transitorios; de Familia y de Desocupados.
Tarjetas que pasan de manos
El beneficiario sólo tenía que ir a retirar la tarjeta al BPN. Se descubrió que luego se la entregaba a otra persona, que a su vez se la pasaba a un tercero, quien se encargaba de ir al cajero automático a retirar el importe del plan depositado.
Esas personas quedaron registradas en las cámaras de vigilancia de los cajeros, y fueron demoradas en los allanamientos del miércoles. Los vehículos en los cuales se movilizaban, y que según fuentes de la investigación pertenecen a Desarrollo Social, no fueron localizados y tienen pedido de secuestro.
En una de las viviendas allanadas se hallaron cinco tarjetas con stickers adheridos en los cuales figuraba la supuesta clave de acceso para poder operar.
Por lo que se sabe hasta ahora, la maniobra se viene perpetrando desde 2020 con un universo de 193 personas, de las cuales una sola hizo la denuncia. Vignaroli dijo que se trata de un hombre que no tiene miedo, como tampoco expresaron temor ninguno de los demás beneficiarios que están declarando y confirmando el despojo que sufrían.
¿Hasta dónde llega la maniobra?
Cuántos y de qué nivel son los comprometidos en la defraudación es algo que por ahora sólo se puede sospechar. El funcionario de más alto rango involucrado por la fiscalía es el director de Planes Sociales, pero Pereyra viene insistiendo en que el Ministro y -ahora agregó- el concejal Domínguez tienen responsabilidad.
En la Legislatura en tanto, Juntos por el Cambio presentó un pedido de informes a Desarrollo Social, pero el Frente de Todos ayudó al MPN a bloquearlo.
Los kirchneristas del bloque que no acordaron con esa decisión analizaban ayer con otros miembros de la oposición insistir en un pedido de información a partir de las novedades conocidas en la causa.
El gobierno de la provincia, en tanto, sigue en silencio.
Fiscal de Estado, querellante
El fiscal de Estado, Raúl Gaitán, tomó vista del expediente y anunció a Río Negro que este jueves se constituirá en querellante.
En su opinión, «hasta ahora no tenemos indicios de que esto sea algo más amplio».
-¿Sigue pensando eso a pesar de que demoraron al director provincial de Planes Sociales?
-Vamos a esperar a ver qué le allanaron y qué le encontraron, y ahí decidiremos cómo seguimos -respondió.
Gaitán está obligado a intervenir porque hay un perjuicio para los fondos del Estado. El fiscal Vignaroli dijo que los damnificados son los beneficiarios de planes sociales y el erario público.
También señaló que por ahora no puede determinar hasta qué niveles del gobierno podrían estar comprometidos en esta maniobra, y no se sabe dónde fueron a parar los 123 millones de pesos que, según el Banco y Desarrollo Social, extrajeron de los cajeros con este sistema entre 2020 y julio de 2022.
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