La crisis carcelaria llegó a las comisarías: el gobierno tiene 6 meses para ampliar la de Centenario
Lo ordenó un juez de Garantías. De lo contrario fijará un cupo, como ocurre en las cárceles de la provincia.
La comisaría tiene capacidad para seis personas. (Archivo)
El colapso de las unidades de detención de Neuquén derrama hacia las comisarías y comienza a generar decisiones judiciales. El juez de Garantías Juan Manuel Kees le ordenó al gobierno que en el plazo de seis meses realice obras para ampliar la capacidad de alojamiento de personas detenidas con prisión preventiva en la comisaría Quinta de Centenario.
El juez advirtió que si en el plazo otorgado el gobierno no cumplió con la ampliación, fijará un cupo: en la comisaría no podrá haber más de 6 personas. En la actualidad hay entre 10 y 12, según la información que aportó la defensa pública.
Hasta ahora el cupo lo tienen fijado por orden judicial las cárceles, donde están las personas que cumplen condena. Pero esta decisión de Kees fija un precedente, y alcanza a las celdas donde alojan a quienes están con prisión preventiva. Por lo general son espacios que no están preparados para recibir a nadie por más que unas horas, y no tienen personal especializado para cuidarlos.
El juez resolvió de esa manera un hábeas corpus planteado por los defensores públicos Raúl Caferra y José Maitini en nombre de los detenidos en la comisaría de Centenario, con la oposición del fiscal jefe Mauricio Zabala.
También ordenó que en 45 días se resuelva el problema de cloacas que afecta a la unidad.
El efecto cascada
Kees dijo en su resolución que consideraba que fijar un cupo podría provocar un efecto cascada por reclamos de detenidos en otras comisarías «y nos quedaríamos sin lugares de alojamiento».
«Es una medida muy razonable pero no se la puede aplicar porque el Estado debe contar con la posibilidad de realizar algunas obras», explicó, y le sumó que cuenta con una herramienta: la ley que declaró la emergencia carcelaria.
Por ese motivo, le otorgó al ministro Matías Nicolini un plazo de 6 meses para realizar obras de ampliación. Recién en caso de que no cumpla, fijará un cupo de 6 personas como máximo para que cumplan detención preventiva en esa comisaría.
Para «evitar traslados compulsivos», dispuso que «ese número se alcanzará gradualmente, prohibiendo nuevos ingresos».
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