La Corte ordenó indemnizar a los dueños de Ciccone con $1.000 millones por la expropiación de la imprenta
La imprenta fue expropiada en 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández, en el contexto de una investigación judicial contra el entonces vicepresidente Amado Boudou.
El exvicepresidente Amado Boudou, eje del caso Ciccone.
Este jueves se conocieron los detalles de un durísimo fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, firmado por unanimidad de sus cuatro integrantes, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.
Allí, se condena al Estado Nacional a pagarle 1.000 millones de pesos a la Compañía de Valores Sudamericana —ex Ciccone—, la imprenta que fue expropiada en 2013 en el contexto de una investigación judicial contra el entonces vicepresidente Amado Boudou.
La medida se motorizó a través de una ley que se votó en el Congreso Nacional, que preveía un pago de 275 millones de pesos que sería compensado por las deudas impositivas que ostentaba la compañía. Sin embargo, ello fue judicializado por los dueños de la empresa, que argumentaron la «inconstitucionalidad» de la norma votada en el Parlamento.
Ese monto fue actualizado por la Corte, que decidió que la cifra a pagar sea de 1.000 millones. El argumento que surge del fallo es que las deudas deben resolverse por otra vía y no puede plantearse una compensación.
En que se basaron los jueces de la Corte
En realidad, los jueces supremos se basaron en una decisión anterior de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que había señalado que el concepto de indemnización no solo abarcaba al precio sino también al resarcimiento por daño. Y mencionaron que el medio de pago era dinerario, dejando de lado la posibilidad de la «compensación» que ofreció el Estado nacional.
En ese mismo fallo, los magistrados comerciales intimaron al Estado a depositar los 275 millones de pesos más una tasa anual del 6 por ciento de intereses a contar desde el 12 de marzo de 2013 y hasta que se haga efectivo pago en dinero.
En su sentencia, la Corte Suprema se pronunció en concordancia con lo dictaminado por el Procurador General y desestimó los recursos extraordinarios que habían presentado el Estado Nacional y la AFIP. A su vez, hizo lo propio con el recurso de queja del Estado Nacional y admitió un recurso extraordinario de la sindicatura concursal.
En ese contexto, los jueces explicaron que los recursos mencionados resultaban formalmente inadmisibles porque no eran autosuficientes.
El caso
En julio de 2010, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se presentó en la Justicia a efectos de pedir la quiebra de Ciccone Calcográfica por una deuda con el fisco de 60 millones de dólares, que se ordenaría el 15 de ese mes. Le reclamaba una deuda fiscal de más de 200 millones de pesos.
Acto seguido, la empresa London Supply, contratista del Estado Nacional, se presentó ante la Justicia y pagó 1,8 millones de pesos para permitir el trámite de levantamiento de la quiebra de Ciccone.
London Supply pagó el dinero «en nombre de» la empresa fantasma llamada «The Old Fund», representada por Alejandro Vandenbroele; quien pasó a ser el presidente de la firma.
El 24 de septiembre de 2010, la Justicia levantó la quiebra de la ex Ciccone, lo que se tornó efectivo a partir de mediados de octubre de ese año.
En octubre de 2010, Ciccone pidió a la AFIP una moratoria que incluyera quita de intereses, multas y honorarios. El jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, consideró aceptable el pedido, pero sugirió consultar al entonces ministro de Economía Amado Boudou.
La AFIP le decidió enviar una nota a este último planteando que resultaba determinante su intervención. Boudou decidió entonces firmar una nota para que se proceda a la petición formulada por Ciccone, dando instrucciones a la AFIP para darle a la empresa una moratoria excepcional a efectos de poder refinanciar su deuda.
El 18 de noviembre de 2010, Resnick Brenner dictaminó a favor de la concesión del plan de pagos, pero el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, rechazó de puño y letra afirmando que «el plan debía ajustarse a derecho».
Finalmente, a mediados de 2011, The Old Fund tomó el control de la planta y en julio fue renombrada como Compañía de Valores Sudamericana S.A.
Fuente: Noticias Argentinas
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