La cautelar que frenó el Impuesto a las Ganancias evita una «crisis profunda» en áreas clave de Neuquén
Unos 11.000 trabajadores estatales quedarían alcanzados por el impuesto si se aplica la restitución. Salud, EPAS, EPEN y escuelas, entre los más afectados.
En Neuquén hay unos 66.000 empleados públicos. Foto: Florencia Salto.
La medida cautelar que el jueves frenó la aplicación de los nuevos pisos del Impuesto a las Ganancias sobre los sueldos estatales de Neuquén no resolvió el problema que afrontarán unos 11.000 trabajadores en la provincia si la restitución se aplica tal como la aprobó el Congreso, pero sirvió para comprar tiempo.
Tanto el gobierno como los sindicatos confían con que, más temprano que tarde, un fallo de la justicia federal echará para atrás la modificación que llevó a 1,8 millones el mínimo no imponible. Esta solución temporal, mientras tanto, evitará un conflicto que amenazaba con generar una crisis profunda en el sistema de salud, las escuelas y empresas públicas como el EPAS y el EPEN.
La medida también es una buena noticia en términos económicos para el gobierno, dado que se calculó en 1.400 millones el dinero que se dejaría de enviar a Nación por la recaudación del impuesto. El gobernador Rolando Figueroa ya aclaró que prefiere ese dinero “circulante” en la provincia y no lo que vuelve por el régimen de coparticipación.
“Hay una transferencia clara de los trabajadores del sur hacia las provincias del norte porque, de cada 100 pesos que pagamos de impuestos, nos vuelven sólo 30”, aseguró.
La cautelar que dictó la titular del juzgado de Juicios Ejecutivos N°2, María Victoria Bacci, ordenó al Estado provincial aplicar las normas de los 16 convenios colectivos de trabajo aprobados en Neuquén, y “especialmente” la ley 3378 que también abarca a la policía, docentes y a los agentes contenidos en la ley de ministerios, es decir, desde subsecretarios y ministros hasta el propio gobernador.
Estas normas son las que definieron que las remuneraciones del personal provincial se componen en un 60% de sueldo y en un 40% del concepto de “dedicación funcional”, sobre el cual no se pueden aplicar descuentos por el Impuesto a las Ganancias.
Cautelar contra Ganancias: las áreas más afectadas
El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, explicó que con la cautelar que ordenó mantener la vigencia de esa ley se evitará que la retención del impuesto alcance a unos 11.000 trabajadores. Un desglose sobre los sectores más afectados indica que un 30% de ese número correspondería a Salud y cerca del 70% restante a docentes, principalmente. Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, había contabilizado unos 7.000 maestros y maestras afectados.
En organismos como el Tribunal de Cuentas o la dirección provincial de Rentas, la afectación para sus empleados sería prácticamente del 100%, dijo Quintriqueo, aunque representan pocos agentes en el universo de casi 70.000 que tiene la provincia.
El dirigente advirtió que una eventual aplicación de la restitución de Ganancias tal cual la aprobó el Congreso implicaría una “crisis profunda” en sectores como Salud, donde los profesionales podrían optar por no realizar guardias para evitar un mayor perjuicio laboral. Lo mismo en empresas públicas como el EPAS o el EPEN, donde los operarios trabajan con viáticos u horas extra cuando tienen que atender situaciones de emergencia o fuera de su horario habitual.
Cautelar contra Ganancias: el impacto en el Poder Judicial
Si bien la medida cautelar dictada por la jueza Bacci terminó haciendo de paraguas para casi todos los empleados estatales de la provincia, hay dos sectores que quedaron excluidos de la resolución: el Poder Judicial y la Legislatura.
El primero es uno de los sectores estatales con menor afectación del Impuesto a las Ganancias, ya que solo deberían tributan quienes ingresaron a partir del 2017, por una ley nacional, pero en Neuquén nunca lo hicieron por aplicación de un sistema de liquidación específico que diseñó el Poder Judicial de la provincia.
Según indicó a Diario RÍO NEGRO el secretario general del Sejun, Claudio Salazar, si los cambios en el mínimo no imponible se aplicaran, la retención alcanzaría a unos 705 empleados de una planta superior a los 2.500. El dirigente detalló que hoy el salario de un ingresante ronda los 970.000 pesos sin contar ningún tipo de adicional o carga familiar.
El sindicato presentó un reclamo administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia para evitar la aplicación de la retención salarial en donde advirtieron a los vocales sobre una eventual afectación “al principio de igual remuneración por igual tarea en tanto supone que algunos trabajadores, pese a tener idéntica categoría e idénticas funciones, perciban por su trabajo una remuneración significativamente menor que quien se encuentran en igualdad de condiciones, pero ingreso al Poder Judicial de forma anterior al 31 de diciembre de 2016.
Esta semana se sumarán al resto de los gremios con un amparo específico que incluirá, además, a quienes se jubilaron.
Cautelar contra Ganancias: en la Legislatura pagaría el 70%
En el caso de los trabajadores del Poder Legislativo, la ley que, con la inclusión de la “dedicación funcional”, había excluido a buena parte del personal de pagar el Impuesto a las Ganancias fue la 3379. Se aprobó en la misma sesión que la 3378 y su alcance fue específico para este escalafón. El amparo y medida cautelar de ATE no la incluyó, por lo que los trabajadores de la Legislatura deberán obtener una medida propia para quedar bajo este freno temporal de la justicia.
Por ahora, el amparo que presentó ANEL recayó en el juzgado de Familia N°5.
El secretario general del sindicato, Pablo Godoy, ratificó el mismo pedido: “que la provincia sostenga la vigencia de la ley que excluye de la base imponible un 40% del sueldo”, el que se reconoce como concepto de “dedicación funcional”. “Eso permitiría mantener un impacto menos confiscatorio”, planteó.
Actualmente, la retención de Ganancias alcanza a un 10% de la planta de la Legislatura, que se compone de unos 610 empleados más la planta política y los diputados. Godoy anticipó que, de aplicarse los nuevos pisos, pasarían a tributar entre el 60% y el 70% del personal.
El salario promedio de un trabajador sin antigüedad ronda los 900.000 pesos, aseguró, pero con las nuevas actualizaciones “va a llegar a pagar hacia fin de año”. Además, la mayoría de los empleados tienen entre 12 y 15 años de antigüedad y hay una franja importante con más de 25.
“El impacto es importantísimo para nosotros y esto va a llevar a considerar si se cubren o no actividades extraparlamentarias o si se hace una hora más”, explicó.
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