Juicio por usurpación en Villa Mascardi: piden condenas con penas de 2 a 3 años de prisión
La fiscalía y la querella pidieron condenar a los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu; las defensa reclaman absolución. Antes hablaron cuatro de las acusadas.
Día de alegatos en el juicio por usurpación en Villa Mascardi. Foto: Alejandra Bartoliche
La fiscalía y abogados esgrimieron hoy sus alegatos con pedidos de condenas de hasta 3 años de prisión para los integrantes de la lof mapuche Lafken Winkul Mapu por el delito de usurpación de tierras de Parques Nacionales en Villa Mascardi. Los defensores exigieron la absolución de los siete imputados.
La causa se divide en dos hechos, la usurpación inicial desde el 10 de noviembre de 2017 hasta el desalojo del 23 de ese mes, en el que están imputadas María Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Ailén Tapia y Jésica Bonefoi. Y en un segundo hecho del operativo del 25 de noviembre (día que fue asesinado Rafael Nahuel) por usurpación con Johana Colhuan y Gonzalo Coña como acusados.
El fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió penas de 2 años de prisión de cumplimiento en suspenso por “la naturaleza de la acción, la peligrosidad y el daño extendido”, con la “abstención de concurrir al predio usurpado” por co-autoras del delito de usurpación con despojo para María Nahuel, Jaramillo, Rosas, Tapia y dos años y dos meses (por acumulación con condena de lesiones) a Bonefoi.
Para Colhuan y Coña, por el segundo hecho de usurpación, agravado por el uso de arma, a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento en suspenso.
La querella de la Administración de Parques Nacionales solo intervino por el segundo hecho por eso, el abogado Nicolás Vinuesa pidió condena para Johana Colhuan (2 años y 10 meses de prisión) y Gonzalo Coña (3 años de cárcel).
La defensa pidió que se impugne el alegato de la querella y no se tome en cuenta porque el letrado no se limitó al hecho en el cual Parques Nacionales forma parte de la causa. Vinuesa se excusó que no se pueden separar los hechos y “existe una comunidad probatoria”.
Los abogados defensores pidieron la absolución de los acusados y que se mantenga el rewe como sitio sagrado sin la restricción de acceso a los imputados.
El juez anticipó que esta tarde resolverá la sentencia, luego de tomarse un tiempo para analizarlo una vez que concluyan los alegatos.
El fiscal dijo que no eran «tierras ancestrales»
El fiscal Rafael Vehils Ruiz dijo que respecto al hecho uno de la causa, por la usurpación proclamada el 10 de noviembre de 2017 hasta el desalojo del 23 de ese mes, están imputadas Nahuel, Jaramillo, Rosas, Tapia y Bonefoi, quienes -quedó acreditado- estaban en el lugar pero consideró que “el fondo del debate es el motivo de la presencia” alegando que hay “motivaciones ancestrales” esgrimidas por las imputadas y un cuestionamiento de que “esa ancestralidad no es tal”.
Vehils Ruiz indicó que existieron “vías de hecho” con violencia para tomar posesión de los predios y se refirió a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “desaprueba recursos y actos de violencia incluso en reivindicaciones legítimas de pueblos y comunidades indígenas”.
El fiscal -al igual que la querella- referenció que integrantes de la comunidad, encabezados por María Nahuel, en 2011 habían solicitado la constatación de otra comunidad “Colhuan-Nahuel” en el barrio Virgen Misionera de Bariloche, según registros del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y la Lafken Winkul Mapu no realizó ningún trámite formal de reconocimiento.
“El conflicto escapa las cuestiones legales previstas porque el predio en cuestión no se trata de una tierra de posesión actual y tradicional”, dijo el fiscal quien consideró que no se puede considerar una “recuperación territorial” y que “los terrenos en cuestión no se tratan de tierras ancestrales como quedó acreditado”, enfatizó el funcionario del ministerio Público Fiscal.
El fiscal remarcó que la comunidad Wiritray, ubicada al otro lado del lago Mascardi, tenía un reclamo legal por esa franja de territorio y que no había ninguna ocupación hasta el 10 de noviembre de 2017 cuando la lof Lafken Winkul Mapu anunció la “recuperación” del territorio en la red social Facebook y se convocó al apoyo a través de otros medios digitales en el que anticipaban “la comunidad está dispuesta a resistir cualquier embate”.
“La resistencia fue anunciada”, enfatizó el fiscal y afirmó que “estaban preparados para resistir” con “barricadas” en el ingreso del predio y la instalación de una tranquera que trasladaron de otro lugar.
El fiscal cuestionó que los varones, mayoritariamente no identificados y uno de ellos con orden de captura (Cristian Colhuan), estaban con rostros cubiertos: “Si me corresponde ancestralmente, por qué voy con los rostros tapados con pasamontaña como ladrón”, se preguntó, al tiempo que remarcó que las mujeres sí estaban a cara descubierta.
«No hubo intención de diálogo» de los mapuches, dijo el fiscal
Vehils Ruiz remarcó en varias ocasiones que “no hubo intención de diálogo”, relató que el 14 de noviembre de 2017 se ordenó desde el juzgado una diligencia para constatar la ocupación que se debió suspender de inmediato por agresiones con piedras a los funcionarios judiciales y policías, e insistió que los ocupantes estaban “encapuchados”.
“No tenían intención de abandonar el predio ni mantener ningún diálogo”, afirmó el fiscal y dijo que “era una posición totalmente intransigente”, quien señaló una contradicción con lo dicho por las imputadas que manifestaron interés de dialogar.
También señaló que las “pruebas” certificaron que hubo mujeres en el operativo del 23 de noviembre, en contradicción con lo relatado por las acusadas; indicó que quedó comprobada la tala ilegal; la existencia de elementos como una “gomera” para arrojar piedras; un cuerno para emitir sonido; “fogones encendidos”; restos de piezas utilizadas para destruir el tendido eléctrico.
La usurpación que siguió tras el desalojo
La abogada Pagano, también de la fiscalía, se refirió al segundo hecho de la causa en el que están imputados Johana Colhuan y Gonzalo Coña, quienes “tras el enfrentamiento con prefectura Naval Argentina” habrían “usurpado” el predio de Parques Nacionales desde el 25 de noviembre de 2017.
La letrada refirió a la causa en la que fue condenado con prisión en suspenso en juicio abreviado Fausto Jones Huala, tras haber bajado a Rafael Nahuel herido de muerte, quien reconoció haber atacado a las fuerzas de seguridad ese día. Insistió que hubo una “resistencia con armas” al operativo federal.
Puso énfasis además que Colhuan era “una persona entrenada” en las “filas del Ejército Nacional Argentino” por haber sido (hasta ese momento) voluntaria de la Escuela Militar de Montaña, cuyas pautas fueron señaladas por uno de los testigos de la Prefectura que observó detalles de tácticas militares en el predio.
«No se trata de un reclamo territorial, es un delito»
El abogado de Parques Nacionales dijo que en el juicio se acreditó la “usurpación por despojo” mediante “violencia” y “atentado a la autoridad agravado”, y remarcó que mantuvieron la ocupación de los predios de parques hasta el 4 de octubre de 2022 cuando fue desalojada finalmente la comunidad por orden del juzgado federal de Bariloche, entonces a cargo de la exjueza Silvina Domínguez.
“No se trata de un reclamo territorial sino que se trata de un hecho delictivo. No resiste, desde ningún punto de vista, avalar la toma violenta de los predios de Villa Mascardi”, dijo el abogado que enumeró que “agredieron a funcionarios públicos” de fuerzas, cortaron el suministro eléctrico, “generaron temor en los pobladores de la zona”.
El abogado se basó en sus alegatos en las declaraciones de los testigos de Parques nacionales y fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo, en el que según la querella “Parques Nacionales fue despojado de sus predios” ante el corrimiento de los prefectos por parte de las personas que se encontraban en el predio, entre ellos Colhuan y Coña.
El querellante dijo que como agravante se debía tener en cuenta que Colhuan en ese entonces era agente voluntaria del Ejército Nacional Argentino.
El pedido de absolución de la defensa y sus argumentos
Los abogados de la defensa Virgilio Sánchez, Gustavo Franquet, Laura Taffetani, Blanca Barreiro, Eduardo Soares y Álvaro Arias Camacho pidieron la absolución de todos los imputados poniendo en énfasis el derecho indígena y la cultura mapuche.
Soares hizo el alegato más político y pidió directamente al juez: “Si falla a favor de la absolución está aportando a la historia”, con repaso de la historia y cuestionamiento a que “se intente resolver un conflicto territorial con el Código Penal, estamos jodidos, porque el Código Penal es el código de violencia, no deja alternativas, reduce la posibilidad de negociación”.
“Llegaremos hasta donde sea, pero en algún momento se va a recuperar”, advirtió la abogada Taffetani quien fue crítica con las instancias de diálogo y los “palos en la rueda” que atribuyó “siempre” a la fiscalía, mientras que Barreiro pidió al juez “especial consideración en perspectiva de género” al momento de resolver la sentencia.
Puntualmente el abogado Arias Camacho, que defendía a Ailén Tapia, quien es docente de la costa rionegrina, pidió que se considere que la mujer “fue movilizada por una cuestión que tiene que ver con las convicciones más profundas”, que no pertenece a la comunidad, “se solidarizó”y llegó dos semanas antes a Mascardi para colaborar con la machi, por lo que no se encuadraría en el delito atribuido.
El derecho indígena, la asimetría y el “crimen político”
Virgilio Sánchez se refirió el derecho indígena y los tratados internacionales. “No existe una vulneración a la propiedad privada porque no vale más la propiedad privada que los derechos de los pueblos originarios”, enfatizó y pidió que el juez tenga en cuenta la cultura y las costumbres mapuches que rigen este caso en el que mencionó que los imputados “no han tenido dolo de usurpar si no que poseen necesidades propias de comunidades insatisfechas y que reconocen el derecho a vivir en el territorio”.
“No existe violencia (…) estamos hablando de espacios abiertos, que carecen de instrucción que se trata de propiedad privada”, aludió el abogado quien también refirió a que la lof se sentó en una mesa de diálogo y firmaron un acuerdo con las autoridades nacionales en 2023. También insistió que la exjueza federal Silvina Domínguez reconoció el rewe y pidió a Parques que lo preserve, luego del desalojo de 2022.
Gustavo Franquet reforzó la prioridad del derecho indígena. “Si vamos a reducir todo a pedirle a al que fue despojado de la tierra a ver qué títulos tienen, bueno (…) no era que (Julio Argentino) Roca no entregaba papelitos a los que despojaba para decirle que después pueda reclamar”.
Calificó el caso como un “crimen político” en el que existe una “asimetría” importante entre el Estado (Parques) y la comunidad mapuche, que ejerció “violencia verbal” y fueron con “palos”. “¿Qué elementos que ocurrió el 23 (de noviembre de 2017 en el desalojo) ameritó que usaran armas de guerra dos días más tarde a patrullar?”, se preguntó el letrado que recordó que en ese operativo fue asesinado Rafael Nahuel.
Laura Taffetani, planteó la “distancia entre lo que el delito tipifica y todo lo que nos estamos planteando, que es la historia de un país, con situaciones de un racismo y de una discriminación que la seguimos viendo”. Dijo que el conflicto escaló y que “jamás hubo ningún verdadero diálogo”, valoró la importancia y el reconocimiento del rewe como lugar sagrado y cuestionó que justamente el fiscal pida como parte de la pena que los imputados no regresen al predio.
La abogada puso énfasis en la defensa de Johana Colhuan al considerar que “no hay ninguna prueba que Johana haya intervenido en la operatoria de resistencia” por haber sido voluntaria del Ejército Argentino.
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