Juicio a la Corte: el ex administrador pidió postergar su declaración y hubo cruces en Diputados
Héctor Marchi debía testimoniar por segunda vez en la Comisión de Juicio Político, pero la convocatoria coincidió con una citación del juez Lijo en la causa por desmanejos en la obra social del Poder Judicial.
Héctor Marchi, el administrador del máximo tribunal, en su primera declaración. Hoy no asistió.
La reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde se investiga a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, arrancó con fuertes cruces entre oficialismo y oposición por la postergación de la declaración testimonial de Héctor Marchi, el administrador del máximo tribunal que fue desplazado en medio de una polémica.
Marchi, quien testificó el martes pasado y denunció “amenazas” por parte del colaborador de Horacio Rosatti, Silvio Robles, había sido citado nuevamente para este miércoles con el fin de responder más preguntas en torno a los manejos de la obra social del Poder Judicial de la Nación, y también sobre otras cuestiones vinculadas a la administración de la Corte.
Sin embargo, el funcionario judicial pidió postergar su presentación, argumentando que coincidía con una citación del juez federal Ariel Lijo en la causa que investiga irregularidades en la gestión de la obra social. Marchi envió una nota a la comisión para justificar su ausencia, y su presidenta, Carolina Gaillard, informó que lo volverán a convocar para el próximo martes 9.
Faltazo de Marchi y enojo opositor en la Comisión de Juicio Político
El “faltazo” de Marchi desató el enojo del diputado Juan Manuel López, jefe del bloque de la Coalición Cívica, que considera que el exadministrador es un “testigo clave” para el juicio político que ese espacio tiene pedido contra el juez Ricardo Lorenzetti.
“Justo Marchi no pudo venir hoy… le tocó la suerte de que el juez Lijo, que lo tendría que estar investigando a Marchi, le tome declaración testimonial”, ironizó López, y agregó: “Tiene la suerte de que un juez federal le tome una declaración a medida justo el día que se reúne la comisión”.
López calificó a Lijo como “un gran amigo del Frente de Todos” y remató: “Yo sé que este juicio político se está muriendo, pero antes de que se muera preferiría tomarle declaración testimonial a Marchi”.
El diputado oficialista Leopoldo Moreau le salió al cruce. “Si hubiéramos tenido la misma vara, no sé qué hubiéramos tenido que decir cuando un juez amigo de otros, en un hecho inédito en el mundo occidental, citó ocho veces a la expresidenta a una indagatoria en el mismo día”, contraatacó, en alusión al juez fallecido Claudio Bonadio.
Luego se sumó el kirchnerista Rodolfo Tailhade, al recordar que Lijo fue el juez que “metió preso al vicepresidente (Amado Boudou) sacándolo (de su domicilio) en piyama y pantuflas a las 4 de la mañana”.
Además, Tailhade denunció que el diputado López “fue al despacho de Rosatti a pedirle por la cabeza de Marchi”, y se preguntó “por qué López se reúne clandestinamente con el presidente de la Corte, y lo hace en momentos donde se tiene que resolver el caso de Marchi contra Carrió”, una demanda civil que el funcionario judicial le inició a la fundadora de la Coalición Cívica por “falsa denuncia”.
El Frente de Todos pidió usar la fuerza pública con un testigo
Para la reunión de este miércoles también había sido convocado, por tercera vez consecutiva, Aldo Tonón, director de la obra social entre 2008 y 2021 y hombre de confianza del juez Juan Carlos Maqueda. Pero se negó a concurrir argumentando que con su declaración podría “autoincriminarse” porque está siendo investigado por la Justicia.
Ante la negativa, el Frente de Todos decidió pedirle autorización a la Justicia para trasladarlo a declarar a la comisión por la fuerza pública, ya que todos los testigos tienen la obligación de presentarse personalmente (con excepción del presidente, el vice y los gobernadores, que pueden declarar por escrito).
Por otra parte, se aprobó ampliar la prueba a pedido de Tailhade para pedirle información a la AFIP sobre la actividad de la sociedad Moromedia SRL, cuyo accionista principal es Robles. El kirchnerismo sospecha que esa sociedad se utilizó para “traficar influencias”.
La diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica) advirtió que para levantar el secreto fiscal se necesita autorización judicial, pero el oficialismo igual avanzará con solicitar la información al ente recaudador.
En otro orden, se amplió el listado de testigos para las próximas reuniones y se incluyó, entre otros, a la jueza federal de San Martín Martina Forns, quien en los últimos días responsabilizó a la obra social por la “falta de atención” que derivó en el fallecimiento de su marido durante la pandemia.
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