Jubilaciones: qué pasa después del veto de Javier Milei y qué necesita para bajar la reforma

La Oficina del Presidente comunicó la decisión de vetar la reforma jubilatoria porque su «único objetivo destruir el programa económico». ¿Qué pasa ahora?

El presidente Javier Milei anunció que vetará la nueva formula jubilatoria que aprobó el jueves el Senado con el apoyo mayoritario de la oposición. ¿Qué necesita el presidente para vetar la ley y qué pasa después?

La Oficina del Presidente, comunicó la decisión de vetar la norma que aumentará las jubilaciones las en 8,1% bajo el argumento de que tiene como «único objetivo destruir el programa económico». Y se comprometió «con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará».

Para poder vetar una ley, de forma completa o parcial, el Presidente debe rechazar el proyecto dentro de los 10 días hábiles desde su sanción en el Congreso. La comunicación de este pronunciamiento debe contar con la firma de al menos un ministro del Gabinete.

Una vez vetada la ley, el artículo 83 de la Constitución nacional establece que el proyecto debe regresar a la primera Cámara donde comenzó el debate, es decir, en Diputados. Si se aprueba con dos tercios de los votos, pasa a la Cámara de revisión (en este caso, la cámara de Senadores).

En estos casos, las votaciones se dan de forma nominal, por si o por no. Si en ambas Cámaras la mayoría vota que si, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo para ser promulgado. Pero si las Cámaras difieren, el proyecto no podrá debatirse en las sesiones de ese año.

En particular, la nueva fórmula de movilidad para los haberes jubilatorios tuvo el voto a favor de los dos tercios en Diputados, pero, a diferencia de lo que ocurrió en el Senado, aquí el PRO votó en contra.

Por su parte, el Presidente no podrá usar su poder de veto si el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado.


Veto presidencial a la nueva fórmula jubilatoria: «Deuda que pagarán en el futuro los jóvenes»


La Oficina del Presidente remarcó que «esta ley implica un gasto adicional del 1,2 por ciento del PBI, o lo que es lo mismo, 25 por ciento del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres».

«Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación», indicó.

También calificó al proyecto como «una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal».

«Por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido», confirmó el Gobierno.

Y cerró: «Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal».


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