Hidrógeno Verde: La Legislatura de Río Negro aprobó los contratos para el parque eólico en Cerro Policía
Hubo cuestionamientos por el proyecto que, finalmente, fue aprobado por mayoría la cesión de derechos y del uso de tierras fiscales en Cerro Policía para el proyecto de hidrógeno verde con la empresa Fortescue.
El proyecto del Poder Ejecutivo fue aprobado en la sesión que se desarrolló hoy. en la legislatura rionegrina. Foto: Marcelo Ochoa
La sesión legislativa ratificó los contratos de la empresa pública Eólica Ríonegrina con Fortescue para la cesión de derechos y del uso de tierras fiscales en Cerro Policía para la instalación de un parque eólico, enmarcado en la inversión anunciada por ese grupo inversor para la producción de Hidrógeno Verde.
Las condiciones fijadas en los acuerdos originaron cuestionamientos pero, finalmente, existió una mayoría de 32 legisladores que votaron a favor frente a 5 que lo hicieron en contra: Marcelo Mango (FG), María Grandoso (Kolina), Pablo Barreno (FdT), Alejandra Mas y Daniel Belloso, ambos de Unidad Ciudadana.
El oficialismo fundamentó la necesidad de iniciar la construcción de un parque eólico de magnitud en la provincia de Río Negro «para desandar un camino productivo y de desarrollo local», explicó el legislador Sebastián Caldiero sobre el proyecto del ejecutivo.
Detalló que para desarrollar el parque se necesitan «1.100 millones de dólares, dinero con el que no cuenta la empresa provincial, y además no se cuenta con financiamiento para desarrollarlo. Por lo cual se buscaron opciones con vinculación con privados para su desarrollo».
El año pasado la Legislatura aprobó la iniciativa de la empresa Fortescue para desarrollar el proyecto de hidrógeno verde. Para el funcionamiento de la planta de producción en Sierra Grande, se necesita la provisión de energía eléctrica.
Fortescue propuso explotar el parque eólico Cerro Policía, inyectar la energía generada al sistema interconectado y tomar una energía equivalente directamente en Sierra Grande para abastecer a la planta.
Los contratos aprobados por la legislatura en Cerro Policía, por la venta de activos tangibles e intangibles, que incluyen estudios de suelo y permisos, estiman que la empresa provincial va a cobrar 3.250.000 dólares; y por la sesión de derechos de uso de la tierra que la provincia le había cedido a la empresa Eólica Rionegrina de manera gratuita, ahora cobrará 250.000 mil dólares anuales por cada uno de los primeros 30 años de uso de la tierra. También, recibirá otros 200.000 dólares por año durante la etapa de construcción.
«La apuesta es lograr una nueva industria en la Provincia y esta es la herramienta que ha encontrado nuestra empresa Eólica Rionegrina para poder desarrollar el proyecto de energías renovables. Creemos que es una herramienta útil y que la intervención del privado puede desarrollar lo que la Provincia no está posibilitada de hacer con fondos públicos», afirmó Caldiero.
El proyecto fue acompañado por Juan Martín (Juntos por el Cambio) quien expresó que «todo aquello que traiga inversión, desarrollo, y genere empleo, tendrá mi acompañamiento, desde el optimismo de creer que estas nuevas condiciones para nuestra joven provincia son anhelos que se pueden cumplir».
El legislador opositor advirtió sobre «ribetes leoninos» y «cuestiones confusas» que tendrían los contratos y aseguró que «muchos de los ítems generan más dudas que certezas».
El bloque del Frente de Todos encabezado por la legisladora María Eugenia Martini (FdT) expresó la posición mayoritaria del bloque de acompañar el proyecto «en épocas tan difíciles como la que vivimos, cuando hay inversiones, tanto del gobierno nacional como del sector privado, son muy importantes» y destacó la participación del Invap en el desarrollo del proyecto.
«Estamos privatizando una empresa rionegrina»
Los bloques opositores coincidieron en cuestionar el poco tiempo que hubo para interiorizarse de la cesión de tierras fiscales para la construcción del parque eólico.
Por el bloque Frente Grande, Marcelo Mango pidió rever el contrato para una mejor negociación. Criticó varios puntos y aseguró que no se trata de un contrato de escisión, sino de «la privatización de una empresa rionegrina, construida con investigación e inversión rionegrina para el desarrollo de un proyecto de energía eólica, y la estamos privatizando con cero por ciento de utilidades, con el tesoro de nuestros hijos y nietos, a un precio que ni siquiera recupera la inversión, por 60 años, y con la posibilidad de que el día de mañana se vayan casi sin previo aviso».
María Inés Grandoso (Kolina) también se opuso. Aseguró que se trata de un contrato «leonino», «muy malo». Cuestionó distintos aspectos del proyecto, como el valor del canon y la posibilidad que se le da a la empresa de rescindir el contrato en 30 días. También criticó que en el acuerdo «se dé la posibilidad de extranjerizar nuestras tierras».
Daniel Belloso (Unidad Ciudadana) fue otro de los legisladores que votó en forma negativa. Consideró que el proyecto presentado necesita incorporar aportes.
Entre otros puntos, señaló que se debería aumentar el valor del canon y remarcó que los derechos de los pobladores no están contemplados en los contratos, cuestionó los 60 años de concesión que prevé el proyecto y planteó que se debería incorporar alguna alternativa de renovación a partir de la creación de una comisión de seguimiento y control. También opinó que se debería pensar la cesión de tierras de una forma más progresiva y no entregarlas todas de una vez.
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