Hay más de 800 sumarios abiertos a policías de Río Negro por las protestas de 2023
Una diputada del PRO presentó un proyecto en la Legislatura para que terminen la investigación administrativa. La medida afecta al ascenso en la carrera policial. En la parte penal, Rubén Muñoz, fue condenado.
La protesta policial en 2023 ocupó la parte central de la plaza frente al municipio de Bariloche y la Regional Tercera.
A mediados del año pasado estalló el conflicto institucional entre la policía de Río Negro y el gobierno provincial. El reclamo salarial que duró aproximadamente dos meses entre abril y mayo de 2023, en medio de las elecciones provinciales, dejó como saldo más de 800 policías sumariados y una condena a uno de los referentes de las movilizaciones. Los acampes y la longitud del conflicto escaló al tal punto que Alberto Weretilneck responsabilizó a la gobernadora Arabela Carreras por el impacto que tuvo en los comicios del 23 de abril que finalmente ganó.
El reclamo salarial y de mejores condiciones de trabajo que impulsó el Consejo de Bienestar Policial fisuró la relación entre los agentes y la gestión de Carreras que ya venía diezmada. Incluso uno de los primeros anuncios que hizo el electo gobernador tras ganar las elecciones, fue la necesidad refundar la política de seguridad que fue una “piedra en el zapato” para la barilochense.
A mediados de mayo un acuerdo firmado en Viedma diluyó las medidas de protestas y “garantizó la paz social” a cambio de algunas mejoras para los uniformados. Habían sido dos meses de mucha conflictividad, con acampes en los principales centros urbanos de la provincia y continuas manifestaciones.
Incluso el referente del Consejo de Bienestar Policía Rubén Muñoz fue imputado y luego condenado (ver abajo) por la toma de la Regional en Roca.
El Consejo es una especie de sindicato que armaron expolicías pero que no tiene ninguna entidad legal ya que no pueden tener representatividad sindical.
La pugna gremial desencadenó en una ola de sumarios; se abrieron más de 800 expedientes entre noviembre y diciembre del año pasado. Los impulsó la exsecretaria de Seguridad Betiana Minor, quien también fue muy cuestionada por el actual gobernador. Entre ellos hay muchos efectivos policiales retirados que si bien no prestan funciones siguen vinculados a la fuerza. La normativa vigente los obliga a cumplir con una serie de comportamientos, entre ellos la restricción a la protesta sindical.
La semana pasada una diputada de Bariloche presentó un proyecto en la Legislatura para que la jefatura de la policía ponga fin a los sumarios. Independientemente de los resultados, el documento detalla que ese proceso administrativo no puede demorar más de dos meses y en algunos casos supera los ocho.
La sospecha de la legisladora Martina Lacour es que están “pisando” los expedientes para frenar la carrera policial de los agentes. Es que mientras el sumario esté abierto no pueden escalar en el escalafón institucional.
Lacour explicó que lo envió porque no se están concluyendo los sumarios que se iniciaron entre noviembre y diciembre del año pasado “y están excedidos los plazos ya que la instrucción de los sumarios administrativos debe finalizar en 60 días corridos, y ya lleva en algunos casos más de 200 días”, indicó. El texto cuenta con el apoyo del bloque del PRO que conforman los diputados Juan Murillo, Claudio , Claudio Doctorovich, Juan Martín, Ofelia Stupenengo, María Laura Frei y Gabriela Picotti.
“En el artículo 67 del RNSA se establece claramente que la instrucción de los sumarios administrativos debe concluirse en un plazo de 60 días corridos. Este plazo ha sido largamente superado, ya que se trata de sumarios que se iniciaron en noviembre y diciembre del 2023 y aún no han finalizado, llegando a más de 180 y 200 días de duración”, sostiene el documento.
Hay mucha preocupación entre los agentes porque el 5 de septiembre se cierran las calificaciones en la fuerza y muchos que están en condiciones de ascender no podría hacerlo si se mantiene el sumario.
La jefa de la Policía, Mary Carmen Carrizo, dijo que hasta el momento no fue informada sobre el proyecto, y tampoco brindó detalles sobre el estado de los expedientes en curso.
Rubén Muñoz reconoció los delitos y fue condenado en abril
Rubén Muñoz, policía cesanteado y referente del Consejo de Bienestar fue condenado a tres años de prisión en suspenso por los delitos de coacción, turbación, perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos. Fue uno de los responsables de la toma de la Regional II de Roca en el conflicto salarial de 2023.
El juez Sandro Martín homologó el acuerdo de las partes en un juicio abreviado pleno. Es decir que el imputado reconoció los hechos, aceptó la condena y resignó su derecho a impugnar: el fallo quedó automáticamente firme.
Entre los condicionamientos que le impuso el juez, se le prohibió la incitación a cometer delitos o alterar el orden público, esto por cualquier vía y medio. Todo bajo apercibimiento de revocarle la condena condicional”.
El 20 de abril de 2023, Muñoz impulsó la toma de la Regional II de Roca en el marco del conflicto que impulsó un sector de la policía para reclamar mejoras salariales. Eso derivó en solo en los sumarios, muchos agentes fueron trasladados de localidad. Esto desencadenó en la ocupación de la comisaría principal del Alto Valle Este. El expolicía fue imputado un mes más tarde.
Según la acusación los hechos se habrían desarrollado entre las 15 y la 1 de este jueves de abril, en la Regional II de calle Tucumán cuando habrían ingresado de manera intempestiva el imputado, junto a una mujer no identificada aún, y le habría dicho al empleado policial de guardia: “tenés que irte porque voy a tomar la Regional… que te vayas porque sino va a ser peor para vos…. porque hay gente afuera que viene llegando a la Regional…’, cuestión que le habría causado temor y se fue del lugar”, describió la fiscalía.
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