Ya hay 7 condenados por la estafa con planes sociales en Neuquén: qué significa y cómo sigue el resto
Este jueves otros dos imputados sellaron un acuerdo con la fiscalía. Hay dos acusados más que también quieren un convenio similar pero no encuentran ningún juez que lo homologue. Mientras, siguen debatiendo la lista definitiva de testigos.
Parte de la defensa de los imputados. Hay particulares y pública, y no comparten una estrategia común. (Archivo/Cecilia Maletti)
Otros dos involucrados en la estafa con planes sociales ocurrida en Neuquén aceptaron este jueves declararse culpables y fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. Ahora suman siete los que alcanzaron acuerdos de este tipo con la fiscalía de Delitos Económicos, con características en común: ocupaban roles menores en la organización y no obtuvieron beneficio patrimonial por haber participado en la maniobra. De todos modos la fiscalía de Estado les inició un juicio procesal administrativo para recuperar el dinero.
Con este acuerdo quedan 15 acusados que irán a juicio oral cuya fecha se conocerá cuando termine la audiencia de control de acusación, en la que se debate la lista de testigos y la documentación que se utilizará como prueba. Ayer hubo un nuevo capítulo, continuará el martes y viernes de la semana próxima.
Hay dos imputados más que quieren declararse culpables y ser condenados a tres años en suspenso, pero ya tres jueces se negaron a homologar el acuerdo porque consideran que la pena en sus casos en muy baja y además no está contemplada la devolución del dinero.
Los nuevos acuerdos
Los condenados ayer son Omar Ulises Rodríguez Quezada (38) y Aaron Escobar (58). El primero, asistido por la defensora pública Andrea Cornejo, cobró 46 cheques de beneficiarios de planes sociales por 2.163.000 pesos. Retiró el dinero por ventanilla y se lo entregó a los cabecillas de la organización.
Escobar, con la asesora letrada de la defensa pública Solange Del Ponte, aceptó haber cobrado 61 cheques por 2.365.600 pesos. Ambas cifras son a valores históricos, entre 2020 y 2022.
Una frase para la interna
La jueza de Garantías que intervino, Carina Álvarez, hizo un análisis de la razonabilidad del acuerdo y decidió homologarlo. Le destinó una frase de su fallo al Tribunal de Impugnación: «no somos escribanos. Cuando es clara la irrazonabilidad de un acuerdo no podemos homologarlo».
El Colegio de Jueces, al que pertenece, sostiene una pulseada con el Tribunal de Impugnación: interpretan de manera distinta el rol que les corresponde cuando las partes les proponen un acuerdo pleno.
También tuvo en cuenta que ambos imputados viven en condiciones humildes, que no tienen bienes a su nombre ni empleos registrados. Los despidieron de su trabajo en Desarrollo Social cuando estalló el escándalo.
Los otros casos
En septiembre del año pasado cinco imputados se declararon culpables y fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y trabajos comunitarios. Se trata de Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea.
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La misma jueza Álvarez no homologó el acuerdo al que habían arribado otros dos acusados, Rodolfo López y Adrián Meza Lizama, porque entendió que en su caso la pena de tres años de prisión en suspenso es insuficiente, y además no está contemplada la devolución del dinero. Otros dos jueces de Garantías fallaron en el mismo sentido. Los abogados Pablo Gutiérrez y Alejandro Marco insistirán pronto por cuarta vez.
Otro grupo de imputados fueron sobreseídos porque la fiscalía desistió de acusarlos. Se trata de Lucía Soto, Analía Schrer, Javier Vergara, Paola Zeballos, Marinés Huaiquipán y Marcela Albornoz. Fueron propuestos como testigos en el juicio.
Qué significan los acuerdos
Para la fiscalía es una ventaja conseguir estos acuerdos, porque le permiten cumplir con varios objetivos. Los principales: consolida la acusación por asociación ilícita, un figura difícil de probar, y deja afuera del juicio a actores de reparto lo que en teoría le permite concentrarse en los principales. En este caso serían los señalados como cabecillas, Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, Marcos Ariel Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siegenthaler.
Para los imputados, acceder a un acuerdo les permite evitar el juicio en el cual podrían recibir una pena superior a 3 años e ir presos. Evitan el desgaste de continuar sometidos a proceso y ya empieza a correr para ellos el plazo de cumplimiento de la condena.
La (interminable) lista de testigos
La audiencia de control de acusación, en tanto, se retomó pasadas las 10:40 del jueves y terminó a las 14. Se avanzó apenas con la lista de 12 testigos de los 300 propuestos.
El mecanismo es: la fiscalía -Pablo Vignaroli, Juan Narváez, Agustina Jara, Tanya Cid- mencionan a un testigo y explican por qué quieren que declare, la fiscalía de Estado adhiere y los defensores de los 15 imputados hacen observaciones. Al final de todo, la jueza decidirá a quiénes acepta y a quiénes no. Es un procedimiento lento, pero el más ágil que encontraron.
Hubo una interrupción cuando una de las imputadas, Isabel Montoya, increpó a los fiscales Vignaroli y Narváez. La jueza Álvarez dispuso un cuarto intermedio.
Se reanudará el martes y viernes de la semana próxima.
Otros dos involucrados en la estafa con planes sociales ocurrida en Neuquén aceptaron este jueves declararse culpables y fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. Ahora suman siete los que alcanzaron acuerdos de este tipo con la fiscalía de Delitos Económicos, con características en común: ocupaban roles menores en la organización y no obtuvieron beneficio patrimonial por haber participado en la maniobra. De todos modos la fiscalía de Estado les inició un juicio procesal administrativo para recuperar el dinero.
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