Hay 43.000 adjudicatarios de casas del Estado que no pagan las cuotas en Neuquén
El gobierno neuquino propuso una nueva ley para poder desplegar una política de cobro de las viviendas sociales. Aún no está cerrado el registro de interesados en obtener una vivienda construida por el Estado.
Las viviendas sociales tienen un alto grado de morosidad (Florencia Salto)
El proyecto presentado por el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, por el cual se crea el programa “de sostenibilidad habitacional” con el objeto de establecer la valuación y financiación de viviendas originó una rica discusión en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura en la que se conocieron detalles de la situación habitacional.
El diputado Marcelo Bermúdez (Pro) describió que el proyecto busca generar una herramienta de cobro de las deudas que existen en las viviendas del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, IPVU (construye casas) y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable, ADUS (da financiamiento). Acotó que, en la historia de la Provincia, se han construido y entregado unas 58.000 viviendas, de las cuales el 17% están canceladas, más o menos unas 10.000 unidades. Quedan unas 48.000 a cancelar de las cuales 5.000 se encuentran en situación regular, se vienen pagando las cuotas en forma regular, y unas 43.000 no han cobrado.
El legislador contó que de esta última cifra, más o menos la mitad se encuentran estrictamente en mora y las otras ni siquiera se pusieron al cobro “por distintos motivos que a mi juicio no son justificativos pero evidentemente trabaron el cobro como la falta de mensura y el final de obra”. Aclaró que no son justificativos porque más allá de la ausencia de estos trámites las viviendas están ocupadas.
Adujo que resulta imperioso normalizar la situación para generar recursos para seguir dando soluciones habitacionales.
La ley crea el registro de personas que han sido beneficiarias de estos planes y provoca que, en el caso de mora de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, la caducidad de los planes. “La consecuencia es, en el caso del IPVU, la caída del contrato y la novación de la deuda: hay una tasación del Tribunal de Tasación del metro cuadrado que se multiplica por el metro cuadrado de la casa, que se divide por el valor del UVI, Unidad de Vivienda, que da a conocer el Banco Central de manera diaria”, explicó.
Indicó que ese monto es el nuevo valor de la casa, un nuevo valor de cuota y un nuevo plazo máximo de 240 meses. Acotó que hay planes de hasta 80 años con cuotas de $150 pesos por mes.
Concluyó que la persona que paga la cuota sigue sin modificación y quien cae en mora tiene que afrontar ese cambio de tasación, cambio de deuda, cambio de valor de cuota y plazo.
Para el caso del ADUS pidió analizar la redacción porque se contempla que si se cae la deuda se exige el monto prestado, no tiene la salida como el caso del IPVU. “Hay que poner las dos situaciones en pie de igualdad y, en caso de caída de la deuda, renegociar los plazos y los precios”, dijo.
Agregó que el proyecto crea un certificado de libre deuda habitacional. El Estado, en cualquier contratación que realice con personas físicas va a solicitar ese libre deuda para contratar.
“El objetivo es absolutamente razonable y habría que acompañar la iniciativa más allá de los aportes a la redacción”, manifestó.
El MPN pone el acento en la cuestión social
El diputado Gabriel Álamo (MPN) destacó la necesidad de elaborar una modalidad de recupero de la inversión estatal aunque advirtió que “tiene que haber un fuerte eje en la cuestión socioeconómica de las familias porque no todas tienen las mismas condiciones para pagar”. Admitió que “está incorporada esta irresponsabilidad del pago de la vivienda que se naturaliza mucho” y expuso que “es fundamental que haya recupero porque así se pueden construir nuevas viviendas”.
Insistió en que “es necesario revisar cada caso y los ingresos y posibilidades de pago de cada familia”.
Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) describió que las advertencias de Álamo estaban incorporadas en dos artículos del proyecto que envió el Ejecutivo en relación a que la cuota no podrá superar el 30% del ingreso familiar y también sobre la vulnerabilidad de las familias.
“Obviamente sabemos que el sistema, así como está, no funciona y asistimos a lo absurdo de algunas cuotas en algunos planes son de $200 y en otros barrios, un poco más acomodados, se pagan entre $2.500 y $3.000”, precisó.
Recordó que en el plan de 570 viviendas que se hizo en las gestiones municipales del extinto Horacio Quiroga (UCR) se paga $2.200 “medio paquete de yerba”.
Puso en duda si es necesario cargar el libre deuda al carnet de conducir que hoy ya tiene el de morosidad, deudor alimentario y de tasas.
“El sistema así no funciona y mucho menos la cadena para después poder hacer más vivienda”, afirmó y citó a la diputada Mercedes Tulián (Pro) en que en el mismo impuesto a los combustibles está el 18,9% que destina a viviendas lo que “parece un fondo perdido porque lo que se recauda”.
Ejemplificó que en caso de un grupo de 100 viviendas, con los valores actuales, se puede recuperar media vivienda para dimensionar el tema hacia un círculo virtuoso.
Claudio Dominguez (MPN) aclaró que como las viviendas figuran a nombre del ADUS y del IPVU “no se le puede cobrar impuesto inmobiliario” y “tampoco los servicios municipales como la recolección de residuos”.
Reveló que en los municipios de Neuquén, Plottier y Centenario no se le puede cobrar tasas porque el ADUS y el IPVU no le informa a esos municipios quienes son los que tienen la tenencia de las casas “que pasa en un 80% y se genera una deuda que nunca se va a cobrar y el municipio debe brindar el servicio igual”.
Propuso tener en cuenta este aspecto porque los municipios no les cobran a esos vecinos y el costo se recarga al resto de los contribuyentes.
Se debatió sobre el tiempo que demora la escrituración porque intervienen cooperativas y sindicatos y entonces se propuso que el día que se otorgue la vivienda se brinde un certificado de habilitabilidad que permita obtener servicios.
Dicen que muchas casas se alquilan
Francisco Lépore (Comunidad) aportó que “si el Estado no puede recuperar algo de lo que invierte en materia de viviendas, es imposible, que pueda reinvertir” en una provincia -puntualizó- que tiene un déficit habitacional de 100.000 unidades lo que deriva en asentamientos y altos precios de alquileres.
Admitió que el Estado debe hacer inversiones para abordar el problema y “a su vez reinvertir con esos mismos fondos en nuevas viviendas”.
Rescató dos artículos del proyecto que hacen mención a las autoridades que asumen la conducción de los poderes y la necesidad de que cuenten con el certificado de libre deuda habitacional “porque le da la importancia que requiere la cuestión”.
Coincidió con Bermúdez en cuanto a realizar el cobro a los funcionarios públicos y “quizá podríamos ampliar los artículos no sólo a los funcionarios”.
Dijo que pedirá al IPVU para evaluar los estados de vulnerabilidad y en relación con el alquiler sostuvo que “la constatación de que una vivienda del ADUS o el IPVU está en alquiler debería tener alguna implicancia porque si bien está prohibido, es lo más habitual del mundo”.
Acotó que se paga $2.500 por una casa que se alquila a $700 y $800 mil por mes y “eso lo conocemos todos en Neuquén”. Agregó que también se venden unidades con boleto y si bien está prohibido se debería tener en cuenta en la ley que se trata, que se caiga la refinanciación y se revalúe la vivienda.
“Podríamos volver a tratarlo”, propuso y puso en duda de incorporar el certificado en el carnet de conducir.
Zulma Reina (Comunidad) puso en valor el verbo fetiche del gobierno: reordenar. “Necesitamos reordenar, hacer un relevamiento para ver quién está, si el titular es el que vive en el domicilio o no”, acotó y agregó que quienes pagan “tienen que interpretar que hacen un aporte solidario”.
Dejando de lado a los funcionarios -sostuvo- hay que ver hasta qué punto se debe pedir el libre deuda a los empleados públicos porque éstos “pueden hacerse cargo de una cuota razonable”. Propuso rever artículos y manifestó su acuerdo con el proyecto en cuanto a que sea una única vivienda y que la persona que sea el titular la esté ocupando.
El dinero no se ejecuta y el Estado bobo
Andrés Blanco (FIT) rescató el interés en la discusión aunque aseguró que el reflujo de fondos no será inmediato para dar respuesta a las 100 mil familias que no tienen vivienda que deben recurrir a una cooperativa o a los desarrolladores privados. Concordó en convocar a las autoridades de Vivienda e incorporó otro tema. Dijo que cuando se trata el presupuesto se votan partidas para la construcción de viviendas que luego no se ejecutan.
Héctor Novoa (Comunidad) puso de relieve su acuerdo con la iniciativa, reconoció que “no vamos a poder solucionar la gran demanda que hay en la Provincia de Neuquén pero es un paso importante y pensando en ordenar el pago y el proceso de escrituración”.
Reveló que hay personas que cancelaron la vivienda y que “hay una maraña de impedimentos burocráticos que ese vecino pueda acceder a la escritura”. Adujo su conformidad con el proyecto y pedir informes o solicitar la presencia de autoridades de Vivienda.
En esa seguidilla conceptual indicó que “es necesario terminar con la figura del Estado bobo, el Estado pesado e indiferente que ciertas personas, obteniendo un beneficio, no responden como se habían comprometido”
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