Hasta en las cárceles se quejan de la inflación de Neuquén

Las penurias por el incremento de los precios afecta a todos los argentinos, pero especialmente a los hogares con menores recursos. El 8,5% de incremento que registraron los valores de los bienes y servicios en la ciudad de Neuquén estuvo apenas por debajo del 8,8% nacional.

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Los sueldos corren por detrás a los precios, que durante los pocos meses que lleva de gobierno Javier Milei, aumentaron un 65%.

Un grupo de 22 personas detenidas en la cárcel de Senillosa, que depende del Servicio Penitenciario Nacional, presentaron un recurso de hábeas corpus ante la Justicia Federal por los altos precios de los productos que se ofrecen en la cantina del penal.

Se quejaron del «sobreprecio en los distintos productos que se ofrecen en el listado… los cuales en algunos casos… superan una diferencia de los precios de un 300% en comparación al mismo producto en cualquier supermercado». Se referían a artículos tales como cigarrillos, verdura y tarjetas telefónicas.

La respuesta no fue la que esperaban: tanto en primera instancia como en la apelación, el hábeas corpus fue rechazado.

Uno de los referentes del pabellón que acudió a la Justicia «fue recibido en audiencia tras la interposición de la acción y se le explicó que la actualización de los precios se efectuaba una vez al mes ‘con el objeto de adecuarse al contexto inflacionario de público conocimiento’. También se le hizo saber que los listados eran presentados por el proveedor mensualmente con el objeto de hacer frente a las fluctuaciones económicas que tenían lugar en el contexto actual y a la devaluación de la moneda nacional, pero que
además el proveedor de cantina, MC Representaciones y Servicios, realizaba el traslado de los bienes/productos desde General Roca hasta Senillosa, trayecto de unos 84 km que generaba que el alza de los precios del combustible repercutiese inevitablemente en los costos y el precio final de la mercadería», se lee en la sentencia de la Cámara Federal de Roca que confirma la decisión del juez.

El Servicio Penitenciario adujo que «el aumento de los precios de la mercadería no era achacable a comportamiento alguno por parte del establecimiento penitenciario sino que obedecía al escenario inflacionario actual -independientemente del contexto de encierro- y, además, se encontraba sometido a control, por lo que el planteó que no reunía los requisitos mínimos y necesarios de admisibilidad».

Una comisión fiscalizadora creada para analizar el caso en la cárcel «consideró que los precios en general se encontraban acordes y dentro de los parámetros de los comercios que se hallaban en la zona, e incluso le solicitó a la prestataria la readecuación de aquellos que superaban el máximo previsto en los supermercados, lográndose parcialmente dicha modificación y suspendiéndose aquellos productos cuyo ajuste no fue alcanzado».

«No existió un obrar arbitrario o ilegítimo por parte de los funcionarios del Servicio Penitenciario Federal que deba ser atendido por esta excepcional vía o una situación de urgencia que amerite habilitar la acción», sostuvieron los jueces.

Por eso, la Cámara ratificó el rechazo del hábeas corpus y todo seguirá como hasta ahora.