Consulta previa por el gasoducto: la propuesta que llevó el gobierno a las comunidades mapuche
El gobernador Omar Gutiérrez presentó en la Ciudad Deportiva el protocolo que pretende implementar la provincia de Neuquén. La herramienta podría ser clave para la obra del gasoducto Néstor Kirchner.
. Foto: Matías Subat.
El gobernador Omar Gutiérrez, funcionarios de la provincia, integrantes de las seis zonales mapuche de Neuquén y representantes de las principales operadoras de Vaca Muerta se reunieron en la Ciudad Deportiva para la presentación del protocolo de consulta previa a comunidades indígenas. Se trata de una herramienta cuya formalización adeuda el gobierno desde hace años y que será clave para no frenar el avance del gasoducto Néstor Kirchner, ya tironeado por disputas territoriales.
El protocolo quedará bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Territorial que conduce Jorge Lara, principal negociador con los mapuches y a cargo de la presentación este mediodía. La herramienta, de obtener consenso, se formalizaría a través de una resolución de ese área.
En el gobierno aseguran que el texto presentado hoy «es una propuesta, no una imposición», por lo que habrá espacio para eventuales modificaciones tras la reunión. Hay un punto que será controversial y es a qué comunidades alcanzará el protocolo: según pudo saber RÍO NEGRO, será solo a las que cuenten con personería jurídica reconocida por la provincia, lo que dejará afuera a algunas de las tienen reclamos e intereses en las tierras por donde pasará el gasoducto, como la Fvta Xayen.
Este nudo es el mismo que viene problematizando el avance del relevamiento territorial de la ley 26.160, ya que hay comunidades con apoyo de la Confederación Mapuche que no cumplen este requisito y reclaman posesión ancestral de tierras.
El procedimiento buscará ajustarse al artículo 6° del Convenio 169 de la OIT, a la Constitución de Neuquén y a la Constitución Nacional que demandan una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas cuando algún organismo del Estado dicte medidas administrativas que puedan afectarlas directamente.
Uno de los puntos clave, además del alcance para las comunidades, será si los resultados de la consulta se tomarán como vinculantes o no. El borrador del gobierno, en principio, se inclinaría por lo segundo.
En la reunión participa también el fiscal general, José Gerez, además del fiscal de Estado, Raúl Gaitán, ministros del gabinete e intendentes de las ciudades donde tendrá impacto el protocolo.
El paso a paso para la consulta previa
El protocolo de consulta previa le da el poder de aplicación a la secretaría de Desarrollo Territorial que encabeza Jorge Lara. Este órgano será el encargado, en primer lugar, de recibir la información y antecedentes sobre la obra o proyecto que envíen los órganos administrativos alcanzados por la consulta.
Luego deberá convocar a una audiencia de apertura con las comunidades posiblemente afectadas, quienes tendrán un plazo para enviar sus «consideraciones, propuestas y conclusiones».
Estas serán trasladadas al órgano administrativo que promueve la medida, que tendrá un plazo de cinco días para informar si insiste en continuar el proyecto tal como estaba previsto o si efectúa modificaciones.
El informe final será puesto a consideración en una audiencia de cierre que tendrá por finalidad «llegar a un acuerdo acerca de las medidas que se pretenden implementar».
De no obtenerse un acuerdo, en el acta deberán asentarse las posturas de cada una de las partes, dando por clausurado el procedimiento de consulta. Al no ser vinculante, el órgano administrativo podrá adoptar la medida «que considere oportuna y conveniente», aún si fuera en contra de lo que habían solicitado las comunidades.
El protocolo exige que el procedimiento se haga con «celeridad, economía, y sencillez» para que en total no supere los 60 días de plazo.
También incorpora una cláusula de «paz social», pues establece que la apertura del proceso de consulta «implicará la abstención de medidas de acción directa por parte de las comunidades indígenas».
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