Fuerte rechazo del sector productivo a los peajes en rutas de Río Negro: “Insensato manotón de ahogado”
Un documento avalado por 20 entidades asegura que la ley es inconstitucional. Pidieron que intervenga la Defensoría del Pueblo.
La Ruta 6 es una de las incluidas en el proyecto para el cobro de peaje. Desde la FEERN y las cámaras apuntaron a la industria petrolera como beneficiada por el texto de la ley.
Un total de 20 entidades de nivel local, provincial y nacional salieron a rechazar la ley que habilitó el cobro de peajes en rutas de Río Negro, asegurando que se trata de una normativa inconstitucional.
“Consideramos inoportuno e insensato este manotón de ahogado, que lo que intenta una vez más, a costa de los rionegrinos, es gravar de algún modo la actividad económica de pequeñas y medianas empresas, que abrumadas por la situación actual, no contamos con margen para seguir absorbiendo costos”, expresa un documento impulsado por la Confederación Federal Pyme, la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro y el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial.
El posicionamiento –avalado por 17 cámaras de comercio locales, asociaciones de productores y prestadores de servicios- exhorta a los legisladores rionegrinos “a tomar conciencia de la situación”, reclamando también la intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia para que se expida sobre la ley.
«Es en primer lugar inconstitucional y se encuentra viciada de ambigüedad en la letra, pisoteando y avasallando nuestros derechos más elementales», afirman desde las entidades sobre el proyecto, que se aprobó en la última sesión con apoyo de 27 legisladores, con una oposición de 18 representantes, luego de un fuerte debate.
El sector productivo también logró acompañamiento de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, para expresar que, además de inconstitucional, la nueva ley “carece de transparencia».
Por otra parte, el documento destaca que se dejó abierta la puerta para volver sobre el proyecto presentado originalmente, “toda vez que atribuye la potestad al poder Ejecutivo para la incorporación de nuevas rutas, mediante la elaboración de un simple informe técnico que justifique dicha solicitud”.
La ley sancionada apunta inicialmente a las rutas provinciales 2, 6, 8, 65 y 69, pero esa “puerta abierta” que advierten los detractores es la correspondiente a la Ruta 22, si prospera el pedido del gobierno rionegrino para que pase a la órbita provincial.
El peaje sobre la Ruta 2 sería para casi la totalidad de los vehículos (excluyendo sólo vecinos de San Antonio Oeste y Sierra Grande), mientras que en el resto de los caminos se cobraría a rodados no radicados en la provincia y a los vehículos de gran porte dedicados a actividades comerciales.
“Afecta de manera directa la competitividad de nuestras empresas regionales, golpeadas por la cruda realidad económica y que nos encontramos en desventaja “natural” respecto de empresas de otras partes del país, que producen o elaboran productos de similares características”, se resaltó.
En este sentido, señalaron que “en Río Negro, pagamos fletes elevados debido a las grandes distancias, tanto para recibir materias primas o insumos como así también a la hora de vender nuestros productos terminados dentro y fuera de la provincia. Además, contamos con uno de los costos de energía eléctrica más caros del país” y «tenemos como si fuera poco, un costo laboral 20% más elevado que el resto de Argentina, por zona fría».
Las entidades consideraron que la ley “implica claramente una transferencia de costos de las empresas que operan en Vaca Muerta”, responsabilizando a ese sector por las principales roturas que sufren las rutas.
Por eso anticiparon que el escenario generado por el Gobierno rionegrino y por la Legislatura “redundará en mayores costos para los rionegrinos, a la hora de pagar productos básicos como alimentos, debido al costo logístico de las empresas”.
Las cámaras, asociaciones y federaciones plantearon que la inconstitucionalidad de la ley está basada sobre “la falta de caminos alternativos”, advirtiendo en ese sentido que “si se provincializara la Ruta 22, automáticamente pasaría al régimen de peajes, encontrándose ya la Ruta 65, único camino alternativo a la mencionada, dentro de la primera etapa de cobro”.
«No contamos con margen para seguir absorbiendo costos. Pero además es un atropello a todos los ciudadanos rionegrinos que hemos visto en los últimos tiempos desmoronar nuestro poder adquisitivo, fruto de las malas decisiones de la política en general», finaliza el documento.
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