Figueroa reglamentó el Fondo de Estabilización: ¿fin de la autarquía legislativa y judicial?
La ley fue aprobada el año pasado, luego de un acuerdo entre el exgobernador Gutiérrez, el expresidente de la Legislatura Koopmann y la presidenta del Tribunal Superior, Soledad Gennari.
El Tribunal Superior en pleno asistió a la apertura de sesiones para escuchar a Figueroa. (Gentileza)
¿El fin de la autarquía para los Poderes Legislativo y Judicial de Neuquén? A partir de ahora, la subsecretaría de Hacienda del Ejecutivo está facultada para hacer un «seguimiento habitual» de la marcha de la ejecución presupuestaria de los tres poderes del Estado.
Además, la subsecretaría elaborará informes trimestrales con el resultado de la evaluación. En base a estos documentos, el Ministerio de Economía decidirá si le envía aportes a los poderes que lo necesiten. Y podrán ser reintegrables o no.
Así se desprende de la reglamentación de la ley 3391, que creó el «Fondo de Estabilización de Presupuestos del Neuquén (FEPN)». Se trata de «una herramienta de política fiscal, con el objeto de mitigar las variaciones de los presupuestos estatales, asegurar la estabilidad financiera y/o la continuidad de los servicios públicos esenciales».
Esta ley surgió del consenso entre el exgobernador Omar Gutiérrez, el expresidente de la Legislatura, Marcos Koopmann, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari. Aunque la aprobaron en la gestión anterior, fue a pedido de Rolando Figueroa.
El artículo clave
En la edición del martes del Boletín Oficial se publicó la reglamentación. El artículo clave es el 5, porque otorga las atribuciones mencionadas a Hacienda.
Los presupuestos de la Legislatura y del Poder Judicial son autárquicos. Se nutren de un porcentaje de la coparticipación federal de impuestos que recibe la provincia.
El de la Legislatura es superavitario, mientras que el Judicial arroja un déficit millonario desde hace más de diez años. Se cubre con aportes del Tesoro, las llamadas «contribuciones figurativas». Hasta ahora era un sistema automático: el Tribunal Superior de Justicia avisaba cada mes cuánto dinero necesitaba para cubrir sus necesidades (léase, pago de sueldos; el 91% del presupuesto lo consume la masa salarial) y el Ejecutivo enviaba el giro.
A partir de ahora, la subsecretaría de Hacienda podrá inmiscuirse en las cuentas de los jueces, examinar si los gastos están justificados, y después se decidirá el envío del dinero. Y el eventual reclamo para que lo reembolsen. Lo mismo con las cuentas que maneja la vicegobernadora Gloria Ruiz.
Cómo se integra el Fondo
Este Fondo de Estabilización de Presupuestos se integra por un 3% de los recursos de coparticipación que recibe Neuquén. La mitad sale de una quita a la Legislatura, que pasó de recibir un 7,5% del dinero a un 6%. La otra mitad, «de los montos netos de la distribución que corresponda al Régimen de coparticipación de Recursos a Municipios».
El presupuesto del Poder Judicial se apoya casi por completo en el 18% de lo que percibe la provincia por coparticipación federal de impuestos. Para este año está proyectado un déficit de 60 millones de dólares, según remarcó el gobernador Figueroa días atrás en un acto en Las Ovejas.
Figueroa recibió la semana pasada a la presidenta del Tribunal y a los cuatro vocales, y hablaron de gastos y ahorros. En su discurso ante la Legislatura del 1 de marzo, al que concurrieron por primera vez los cinco vocales, el fiscal general y la defensora general, señaló: «Hemos acordado trabajar de forma coordinada para fortalecer a los distintos poderes del estado brindando, con responsabilidad y austeridad, un mejor servicio de justicia».
Adiós a la autarquía
La virtual intervención del Ejecutivo en la ejecución presupuestaria de los otros poderes del Estado abre un rumbo bajo la línea de flotación de la autarquía financiera y su declamado objetivo: la independencia judicial.
Los controles ya están vigentes. La reglamentación aclara que «la implementación de lo dispuesto en la reglamentación, debe efectivizarse sobre la base de la vigencia de los presupuestos aprobados y valores efectivamente recaudados en concepto de coparticipación, a partir del ejercicio 2024″.
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