Figueroa rechazó el reclamo administrativo del frente sindical por la suba de aportes a ISSN

El gobierno de Neuquén publicó el decreto que da por cerrado el reclamo. Los gremios estatales pretendían que la medida se declare "inconstitucional".

El gobernador Rolando Figueroa rechazó el reclamo administrativo que había presentado el Frente Sindical de Neuquén contra la suba de aportes y contribuciones para financiar la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Los gremios habían planteado que era «inconstitucional e ilegal».

El recurso había sido enviado el 5 de febrero con las firmas de los representantes de ATEN, Sejun, Sitramune, ANEL, Siprosapune, Unavp, Fasemp y UPCN. Se trató de un reclamo administrativo ante el Poder Ejecutivo contra el decreto 79 que incrementó en 4,5 puntos las tasas de aportes y contribuciones del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.

Los sindicatos pedían que sea revocado por razones de «ilegitimidad» y por entender que resultaba «inconstitucional e ilegal». El principal argumento era que el artículo de la ley 611 de ISSN que establece que es el Ejecutivo el que fija el porcentaje de aportes personales y contribuciones a la caja de jubilaciones «fue redactado por un régimen militar y por eso inconstitucional». La ley es de 1970.

El decreto 442 que publicó el Poder Ejecutivo en el boletín oficial el viernes fundamentó para rechazar el planteo que la ley 611 «no ha recibido tacha de inconstitucionalidad por parte de ningún máximo tribunal y ha sido objeto de numerosas modificaciones, lo que reafirma la voluntad del Poder Legislativo legalmente constituido de mantener la vigencia de dicha norma».

Además, explicó que el gobierno, con su decisión de aumentar los aportes, «no incurrió en incompetencia, ni asumió facultades constitucionales correspondientes a otro órgano». Añadió que «la medida luce debidamente motivada», ya que el ISSN le había enviado al Ejecutivo un detalle de la crítica situación que atravesaba la caja previsional y la necesidad de obtener más financiamiento.

En cambio, el Ejecutivo observó que los gremios que pidieron revocar el decreto de suba de aportes no arrimaron «prueba alguna (informes, documentación sobre el estado contable o financiero, etc.) que permita demostrar un daño de difícil o imposible reparación, por lo que no resulta procedente la pretensión suspensiva».


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