Ficha Limpia y declaraciones juradas en Neuquén: “El decreto firmado por Figueroa no es garantía de transparencia”

A más de un mes de la destitución de la vicegobernadora Gloria Ruiz, el oficialismo no presentó iniciativa para modificar la Ley 5.

El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa intimó a funcionarios públicos a cumplir con uno de sus deberes: presentar sus declaraciones juradas. Que, como mostró Diario RÍO NEGRO, pocos hacen.

La acción del gobernador, que busca que los funcionarios se pongan en regla con la Ley 5 en el plazo de 30 días hábiles bajo apercibimiento de retenerles los haberes, puede interpretarse como búsqueda de mayor transparencia en la función pública. Aunque, el contenido del decreto 117 firmado el 23 de enero de este año ya estaba vigente desde 1976 (en el decreto 0072 que reglamenta la ley) y desde aquella fecha se incumple.

La Ley 5 es de 1958 y obliga a todos los funcionarios de los tres poderes a presentar sus declaraciones juradas. La Ley se incumple. Pero, aunque se hiciera, no garantiza transparencia.

La opacidad de esta normativa es conocida: la población no tiene acceso a lo presentado por los funcionarios públicos (como sí sucede con los nacionales); se hace en sobre cerrado y lacrado; solo pueden abrirse por alguna investigación de enriquecimiento ilícito; no respeta la Constitución provincial, ni la nacional ni tratados internacionales a los que Argentina adhiere (como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Americana Contra la Corrupción).

Sobre la Ley 5 recae una acción de inconstitucionalidad. Fue presentada en 2023 ante el Tribunal Superior de Justicia por los abogados María Angélica Acosta Meza y Federico Egea. En la presentación advirtieron sobre los artículos 4, 5, 7 y 9 de la ley provincial y solicitaron que se exhorte a la Legislatura a la sanción de una nueva ley. La acción aún espera sentencia por parte del Tribunal.

«La intimación de Rolando Figueroa parecería una actitud demagógica frente al grave problema de corrupción que atraviesa históricamente la provincia», analizó Federico Egea, «porque se trata de una acción institucional innecesaria dado que la normativa que lo dispone se encuentra vigente. Ese decreto no es necesario, solo hace falta que se cumpla con lo que ya estaba regulado».

Para Egea la presentación de Figueroa es una suerte de demagogia frente a la corrupción: «Incide negativamente frente al estándar de transparencia en tanto muestra más una voluntad de impostar que de actuar. La cuestión de la poca transparencia está instalada publica y judicialmente hace más de un año, con lo que el decreto además de ser demagógico, es tardío y oportunista«, especificó.

María Angélica Acosta Meza hizo foco también en una de las mayores críticas a la Ley 5: «El decreto no modifica las condiciones de publicidad de las declaraciones juradas, siguen siendo secretas, razón por la cual, tampoco desde ese prisma resulta una garantía de transparencia».

A más de un mes de la destitución de la vicegobernadora Gloria Ruiz por «inhabilidad moral» la mayoría de los funcionarios aún no presentaron sus declaraciones juradas como establece la Ley 5. Tal como reveló Diario RÍO NEGRO a julio de 2024 solo 56 funcionarios de los tres poderes la habían presentado. Ese listado incluía solo 18 de 35 diputados. Según se pudo actualizar a enero de 2025 el número total creció a 153. Los incumplimientos a la Ley no se tradujeron en acciones concretas de investigación, síntoma de perpetuidad de la poca transparencia.

El proyecto de Ficha Limpia sí fue presentado:


El oficialismo aún no envió a la Legislatura ningún proyecto de ley para modificar la Ley 5 y, así, asegurar la transparencia de las declaraciones juradas. Sí envió uno de “Ficha Limpia” que busca impedir que las personas condenadas por delitos dolosos en doble instancia puedan ser candidatas a cargos electivos. Aunque como mostró Diario RÍO NEGRO tiene falencias y políticos como Gloria Ruiz o Ricardo Soiza podrían ser candidatos durante 2025.

«En relación al proyecto de Ficha Limpia si no se optimiza la publicidad, ni la obligatoriedad, ni la extensión de las declaraciones juradas es una contradicción en sí misma», opinó el abogado Federico Egea.

«La finalidad de las declaraciones juradas es justamente dotar de elementos que permitan corroborar la presunta existencia de indicios demostrativos de diferentes delitos de corrupción (por ejemplo enriquecimiento ilícito, cohecho, negociaciones incompatibles, etc.) entonces, si no se avanza sobre políticas que mejoren los niveles de control y transparencia el proyecto de Ficha Limpia no sirve para nada, o lo que es peor aún, solo sirve para institucionalizar el “lawfare” en un contexto donde el Poder Judicial no da garantías de independencia», analizó María Angélica Acosta Meza.

El proyecto de Ficha Limpia es insuficiente si no hay una reformulación de la Ley 5, ni una decisión de investigar delitos de corrupción. «Se trata de una iniciativa riesgosa en términos de libertad, estando ese riesgo determinado por la falta de independencia del Poder Judicial», cerró Egea, «implementada por sí sola y sin otros ajustes normativos resultará inútil o contraproducente y persecutoria«.


El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa intimó a funcionarios públicos a cumplir con uno de sus deberes: presentar sus declaraciones juradas. Que, como mostró Diario RÍO NEGRO, pocos hacen.

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