Exintendentes imputados en las causas Techo Digno apuntan a los fiscales por «inconsistencias»
Diez dirigentes de JSRN y PJ se unieron en una expresión pública. Cuestionan el accionar del Ministerio Público y señalan intenciones ocultas en el impulso a las investigaciones.
El exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso llegará a juicio por el delito de peculado. Foto: Chino Leiva
Diez de los 17 exintendentes (una de ellas en funciones actualmente), del peronismo y JSRN, imputados en las causas que investigan delitos de corrupción con los planes de viviendas Techo Digno en Río Negro se expresaron públicamente y en conjunto con cuestionamientos a la actuación de los fiscales.
Bajo el título “Techo Digno: 10 años de condena sin delito”, los dirigentes cuestionaron un “actuar demorado” e “inconsistente” de los fiscales que llevan adelante estas causas, algunas de las cuáles surgieron en Río Negro y otras que fueron derivadas del fuero federal tras la inicial intervención del juez Claudio Bonadío.
El documento está firmado por los exintendentes de Juntos Somos Río Negro Gustavo Gennuso (Bariloche) y Gustavo San Román (Río Colorado, actual legislador) y ocho del Partido Justicialista: Daniel Belloso (Choele Choel, actual legislador); Alejandra Mas (Conesa, diputada del Parlasur); Claudia Montanaro (actual intendenta de Cervantes); Luis Ivancich (Godoy, actual legislador); María Eugenia Martini (Bariloche); Carlos Pilotti (Río Colorador); Renzo Tamburrini (Sierra Grande); y Gilberto Montanaro (Cervantes).
Todos tienen en común que están investigados e imputados por delitos de corrupción -con distintas figuras penales- vinculados al manejo de fondos nacionales para la ejecución de viviendas del plan Techo Digno, que se frenó en la gestión del expresidente Mauricio Macri y se impulsaron causas penales en todo el país.
Además de los diez firmantes, hay otros siete exintendentes que están en la misma situación, entre ellos el exintendente de Cipolletti y actual diputado nacional, Anibal Tortoriello.
Exintendentes contra los fiscales: qué dice el documento público
La expresión pública de los diez exmandatarios imputados acusa de un “actuar demorado, endeble, lerdo e inconsistente” por parte del Ministerio Público Fiscal, a quien señalan por el “absurdo de la causa, fundada en acusaciones sin sustancia alguna de verdad”.
El documento sale a la luz después que en todas las circunscripciones judiciales se rechazó la declaración de incompetencia del fuero provincial y luego de que en las últimas semanas se impulsaron en Bariloche las dos causas más avanzadas de los expedientes, una contra el exintendente Gennuso, que surgió de la causa original, y otra contra Martini, que la semana pasada transitó la audiencia de control de acusación, que se encamina a juicio oral.
Según indicaron los firmantes, siempre estuvieron predispuestos a colaborar con las investigaciones y a su entender “a cambio, hemos recibido solo muestras de parcialidad y más, la inapelable sensación de qué intenciones no manifiestas y ajenas empujan las acciones del Ministerio Público Fiscal”.
Expresaron que padecen “años de sometimiento, de sojuzgamiento y abuso, sufriendo el escarnio, en una suerte de cadalso público, toda vez que esta causa se instala deliberadamente en los medios de comunicación”.
Respecto a las investigaciones, argumentaron que “no tienen razón de ser” y cuestionaron que se los “injurió” a un punto sin retorno en su imagen pública.
En un punteado de lo que llamaron la “inamovible verdad que se soslaya” señalaron que en esta provincia las obras se entregaron en su totalidad y sin embargo la Justicia mantiene las causas “sin argumento admisible que las sustente”. Apuntaron además que no se pudo determinar el delito y que la Justicia “no contempla el contexto macroeconómico sobre el cual los intendentes tuvimos que gestionar y ejecutar el programa”.
“Estamos orgullosos y convencidos de haber actuado con corrección y transparencia, cumpliendo lo prometido de transformar y mejorar la vida de nuestros pueblos”, indicaron los exintendentes acusados quien valoraron que las “actitudes” de las fiscalías lograron su unidad a pesar de pertenecer a distintas fuerzas políticas.
Al cerrar la misiva afirmaron: “Es claro que diez años de una causa persiguen otro objetivo. Diez años de una causa es abuso de las normas procesales. No es Estado de Derecho. No es justicia. Diez años de una causa es capricho, es condena y es castigo”.
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