Estafa con planes sociales en Neuquén: Soiza empezó a hablar e involucró a sus superiores

Fue en una audiencia en la cual le confirmaron la prisión preventiva. Pidió la palabra y suministró datos que confirman los próximos pasos que dará la fiscalía y que fueron adelantados por diario RÍO NEGRO el domingo.

Soiza, al centro, junto a su defensor Sampayo, en una de las audiencias. (Archivo/Florencia Salto)

A Ricardo Nicolás Soiza (68), exdirector de Planes Sociales de la provincia de Neuquén, sindicado hasta ahora como jefe de una asociación ilícita que se quedó con dinero destinado a los sectores más desprotegidos de la sociedad, le bastaron 18 días detenido en una celda para tomar la decisión de empezar a hablar sobre la maniobra.

En una audiencia que se realizó el martes, se despegó de sus subordinados (y también detenidos) Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización del Ministerio; y Marcos Ariel Osuna, exjefe del departamento de Gestión de Programas.

Además señaló por primera vez hacia arriba en la escala jerárquica del Ministerio de Desarrollo Social.

«Arriba mío tengo dos superiores», dijo en tiempo presente. «Nosotros (en la dirección de Planes Sociales) hacíamos un listado que se presentaba en la administración del Ministerio, de los cuales yo podía decir A o B, y los que definen son ellos, porque son los que piden, con la firma del Ministro, el dinero a Economía».

«Eso para que quede claro, (porque para la fiscalía) es como que yo tenía la potestad de intentar dar subsidios que me parecía a mí justo o injusto. Pero eso se remitía a la administración».

Estafa con planes sociales: La primera vez


Es la primera vez desde que se inició la investigación, en julio del 2022, y desde que Soiza está imputado, el 29 de noviembre de ese año, y detenido, el 7 de julio pasado, que el supuesto jefe de la asociación ilícita señala hacia sus superiores.

Fue una confesión a medias, pero es la primera vez que abre una hendija que permite atisbar el piso superior.

Es cierto que Soiza necesitaba autorización de superiores para que el Ministerio de Economía girara el monto global destinado a subsidios, pero luego era él -según la fiscalía- quien decidía cuánto le depositaba a cada beneficiario.

De todos modos diario RÍO NEGRO publicó esta y esta nota, en las que reveló decretos que señalan la intervención directa del exministro Abel Di Luca en el reparto. Coinciden con los dichos de la imputada y esposa del detenido Néstor Sánz, Isabel Montoya, («Di Luca sabía todo») quien desde que habló con este medio deambula por las radios con declaraciones altisonantes pero no se presenta a declarar en el expediente. ¿Estrategia de su nuevo defensor?

Los depósitos a los beneficiarios de planes sociales eran por montos de hasta 49.500 pesos. Los «extractores» de la banda retiraban ese dinero de cajeros automáticos del BPN con la tarjeta de débito de los subsidiados, a quienes les daban 8.000 o 9.000 pesos en mano, y el resto de los billetes los llevaban a la dirección de Planes Sociales.

Según la fiscalía, quedaban en una caja azul en el despacho de Soiza, y por allí pasaban a retirarlo punteros políticos.

Estafa con planes sociales: Los superiores de Soiza


En la audiencia del martes Soiza no dio nombres de «los que están arriba», pero como informó diario RÍO NEGRO el domingo, por encima de su cargo figuraba el Coordinador Provincial de Administración del ministerio de Desarrollo Social, Tomás Siegenthaler, quien ya fue intimado a designar abogado defensor. El otro que intervenía en cada de autorización de subsidios era Luciano Palma.

Más arriba está el ministro: Di Luca cuando estalló el escándalo, Adriana Figueroa antes. Durante su gestión, en diciembre del 2020, la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Banco Provincia de Neuquén le advirtió a ella y al Ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, sobre movimientos bancarios «inusuales» en las cuentas de Desarrollo Social.

Sebastián González fue el que irrumpió en un despacho de Casa de Gobierno cuando una periodista y un periodista de este diario entrevistaban sobre el escándalo de planes sociales al entonces ministro Di Luca. Lo acompañaba el fiscal de Estado, Raúl Gaitán.

La fiscalía de Estado es querellante en la causa, de modo que tiene acceso –y a través suyo, el gobierno– a todos los movimientos del expediente. Quien asiste a las audiencias es el abogado Gustavo Kohon. Se limita a adherir a todo lo que hace la fiscalía.

Estafa con planes sociales: «Tomás» y «Luciano»


Volviendo a los funcionarios que sugirió Soiza, «Tomás» y «Luciano» son los nombres que, según una de las cuatro arrepentidas que declararon en el legajo, invocó Néstor Sanz en tono intimidante.

No se sabe Siegenthaler y Palma serán imputados, pero el fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, tienen planificada una ampliación de la acusación para septiembre.

Este martes informaron que en la misma situación se encuentra el abogado Alfredo Cury, quien representaba como defensor a toda la banda. Hay indicios de que ejecutó actos para entorpecer la investigación.

«Cury está en libertad, ni siquiera le formularon cargos», protestó el defensor de Soiza, Esteban Sampayo, dispuesto a desparramar responsabilidades para diluir la de su cliente.

Estafa con planes sociales: «No me pidieron la renuncia»


La declaración de Soiza fue extensa y dejó varias definiciones relevantes. Habló en forma pausada y serena, todo lo contrario a una confesión hecha sin pensar, a borbotones.

• «Sanz y Osuna eran una administración pequeña, yo me encargaba de la parte política, que quede bien claro. Capaz que fue un error, la parte política».

• (Se hizo una reunión con todo el personal) «porque la Policía nos pidió un informe de un listado y los chicos (empleados de Planes Sociales y Desarrollo Social) me manifestaron que estaban preocupados por eso».

• «Les dije que siempre tuve cuestiones internas muy graves contra mis compañeros políticos, les dije que no sabía qué era, pero seguramente era una cuestión contra mí que ya iríamos solucionando de alguna manera».

• «Respecto a los allanamientos, nunca estuve, nunca amenacé a nadie con que lo fuéramos a echar».

• «De mi casa se llevaron mi celular, el de mi señora, yo no oculté información de ningún tipo, no hice obstrucción a la justicia. Si yo hubiese querido, no hubiesen tenido ni teléfono ni nada de lo que se llevaron».

«Puse a disposición mi renuncia en el cargo. A mí no me pidieron la renuncia, fui yo el que renuncié por voluntad, por razones de salud y para ponerme a disposición de la justicia».

Estafa con planes sociales: Los argumentos de la defensa


El defensor Esteban Sampayo pidió la libertad del exfuncionario. Habló de su edad, su estado de salud, de la enfermedad que atravesó a fines del 2020, y dijo que nadie lo menciona participando de las reuniones en las que se intimidó al personal de Desarrollo Social para que no hablen.

Reiteró su oferta como caución (fianza) de una chacra en Plottier que según dijo está valuada en 400.000 dólares, y que el exfuncionario afirma poseer desde hace 28 años.

El fiscal jefe Vignaroli refutó cada argumento. Dijo que los problemas de salud de Soiza fueron antes del período investigado, y por otra parte no hay ningún registro en su legajo que acredite que estuvo de licencia médica.

Estafa con planes sociales: La planilla excel blue


Además, dijo Vignaroli, «todos los expedientes se cerraban mes a mes con el listado aprobado por Soiza, donde daba fe de que las personas habían cobrado el subsidio».

La fiscalía considera demostrado que existía una contabilidad paralela (lo llaman «la planilla de excel blue») en la que figuraba la lista de beneficiarios con el monto real que les depositaban.

Esa contabilidad paralela estaba en los dispositivos (celulares y computadoras) que desaparecieron o fueron reseteados antes de los allanamientos masivos del 1 de septiembre del 2021.

Estafa con planes sociales: La decisión del tribunal


El Tribunal de Impugnación, integrado por Andrés Repetto, Juan José Nazareno Eulogio y Patricia Lúpica Cristo, confirmó la prisión preventiva por cuatro meses de Soiza por riesgo de entorpecimiento de la investigación.

El juez Eulogio, a cargo de dar los fundamentos, le contestó con filosa elegancia al abogado Sampayo: «El defensor insumió gran parte de su valioso tiempo (dispone para argumentar de 25 minutos, utilizó más de 35) contándonos las cuestiones de salud que tuvo en algún tiempo Soiza. Estas afecciones no tienen nada que ver con la franja de tiempo que se le imputa por la supuestas defraudaciones».

Añadió que «si hablamos de una organización criminal sofisticada, con división de tareas, el que está en la cima no va a ser el que realice las tareas de amedrentamiento».

Y sobre la chacra ofrecida como caución, el Tribunal se hizo eco del argumento de la fiscalía: Soiza tiene un boleto de compra-venta, pero nunca la escrituró a su nombre, de modo que no sirve como garantía.


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