Estafa con planes sociales: confirmaron la prisión preventiva para Ricardo Soiza, Sanz y Osuna
Hoy se realizó la audiencia para revisar la medida de coerción que se había impuesto el lunes, por considerar que hay peligro de entorpecimiento. Soiza había pedido a los jueces "humanismo" por su estado de salud y edad.
Esteban Sampayo con Ricardo Soiza, durante una de las audiencias. (Archivo/Florencia Salto).
Los jueces Carina Álvarez, Dardo Bordón y Juan Pablo Balderrama confirmaron este mediodía la prisión preventiva de cuatro meses para Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna, los tres principales imputados en la estafa con los planes sociales de Desarrollo Social de Neuquén. Esta mañana comenzó la audiencia solicitada por la defensa para intentar revertir la medida y los magistrados solicitaron un cuarto intermedio hasta el mediodía para deliberar. «La única forma de impedir que se repitan estos actos de influencia y amenazas es a través de la prisión preventiva de los tres», definieron.
Soiza se desempeñaba como director de Planes Sociales y es quien está señalado por la fiscalía como el jefe de la asociación ilícita que se encargaba de extraer dinero de beneficiarios de subsidios provinciales mediante una maniobra con tarjetas de débito. A Osuna, exjefe del departamento de Gestión de Programas, y Sanz, exdirector de Fiscalización, se les endilgó la calidad de «organizadores» o «reclutadores», es decir, quienes contactaban y ordenaban a personas contratadas del ministerio a hacer las extracciones indebidas en cajeros automáticos.
En la audiencia que se realizó el lunes, el juez de Garantías Cristian Piana les dictó cuatro meses de prisión preventiva a cada uno por entender que existe peligro de entorpecimiento para la causa si continúan en libertad. Hubo cuatro imputados que declararon en la fiscalía señalando que fueron víctimas de amedrentamiento y que se les había pedido que «limpien» las casas de posible evidencia. Incluso, que una noche antes de los allanamientos Osuna pasó por las viviendas de cada uno reclamando la entrega de celulares y computadoras.
Los hechos que están bajo investigación ocurrieron entre enero y julio de 2022 y abarcan una suma de 60 millones de pesos. Sin embargo, la fiscalía ya anticipó que habrá una ampliación y reformulación de cargos porque las estafas irían más atrás, al menos hasta 2020, y también incluirían el uso de cheques.
La jueza Carina Álvarez fue quien comunicó la decisión, que fue por unanimidad de los tres magistrados. Dijo que fueron «meras disconformidades» las que plantearon las defensas, ya que no advirtieron «ningún tipo de arbitrariedad» en la resolución dictada por el juez de Garantías el lunes.
«Las respuestas que dio a cada una de las pretensiones son razonables y ajustadas a las pautas de forma y de fondo», fundamentaron.
Soiza y un pedido de «humanismo»
El defensor particular de Soiza, Esteban Sampayo, centró su pedido de revisión a los jueces en la situación de salud «altamente riesgosa» que tendría el imputado, además de su edad. El 5 de agosto cumplirá 69 años.
«No representaba riesgo absolutamente para nadie por esta condición», aseguró el abogado, quien cuestionó que la resolución del juez no tomó en cuenta los planteos de las defensas.
«Termino teniendo que apelar al humanismo. En estas condiciones de edad y de salud, Soiza se encuentra durmiendo en un colchón en el piso, con una silla rígida en la que tiene que estar sentado todo el día, con una letrina y un balde de agua para higienizarse. En estas condiciones se encuentra esta persona por una denuncia de un delito no violento», planteó Sampayo.
Aclaró que «ninguna persona debería estar en estas condiciones y menos una persona en este estado de salud y edad tan avanzada». «Es digna esta persona de protección del Estado en general y de estos jueces a los que les toca decidir», reclamó.
Frente al diagnóstico de portador de HIV de Soiza que informó el defensor, la jueza Álvarez aclaró que «tiene tratamiento en las cárceles» y que tampoco se habían acercado certificados médicos que acreditaran tal estado de gravedad.
Los «arrepentidos» declararon sin juramento
El defensor oficial Fernando Diez, quien asiste a Osuna y Sanz, cuestionó que los cuatro imputados que declararon como «arrepentidos» en la causa y que dieron los argumentos sobre el peligro de entorpecimiento lo hicieron sin haber prestado juramento de verdad.
«Claramente un coimputado es un interesado en el resultado y esas declaraciones pueden verse conducidas a mejorar su situación dentro del proceso. Una de las formas de hacerlo es alegar miedo», planteó el defensor, quien afirmó que ese tipo de pruebas «debe ser valorada cuidadosamente».
Consideró que el juez Piana incurrió en una arbitrariedad al no hacerlo y evaluó que «no hay fundamentos para que se aplique la medida más gravosa» como es la prisión preventiva.
Restricción de acercamiento, la opción
Fernando Diez solicitó como alternativa para Sanz y Osuna una restricción de acercamiento a los cuatro «arrepentidos» o una prisión domiciliaria como segunda opción.
Lo mismo hizo Esteban Sampayo en representación de Soiza, para quien pidió la restricción o la prisión domiciliaria, además de ofrecer como caución la chacra del imputado que fue allanada la semana pasada y que estaría valuada en 400.000 dólares.
La resolución de los tres jueces fue confirmar la prisión preventiva por cuatro meses. Advirtieron que, aún siendo declaraciones sin juramento, la influencia que ejercieron los tres imputados sobre el resto fue «objetiva».
Además, agregaron que la mayoría de quienes declararon como «arrepentidos» eran mujeres, lo que las colocaría en mayor estado de vulnerabilidad, y que el miedo referenciado «no es mera sensación sino datos que tienen entidad».
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