Planes sociales: la jueza desaprobó acuerdos de pena en suspenso porque «envían un mensaje equivocado de impunidad»
Son los de Valeria Honorio, Rodolfo López y Ariel Meza Lizama. Habían hecho un acuerdo con la fiscalía que se frustró.
La audiencia por la estafa con planes sociales resuelve los acuerdos de la fiscalía con imputados. Foto: Matías Subat.
La jueza de Garantías, Carina Álvarez, rechazó este miércoles tres de los acuerdos que había alcanzado la fiscalía de Delitos Económicos con imputados en la millonaria estafa con planes sociales de Neuquén. Son los de Valeria Honorio, Rodolfo López y Ariel Meza Lizama, quienes esperaban obtener penas de 3 años en suspenso (no iban a la cárcel) y horas de trabajo comunitario en una iglesia.
En la audiencia que se desarrolló este miércoles en la Ciudad Judicial, la magistrada dijo que los acuerdos alcanzados entre la fiscalía y las defensas de los imputados son, en cuanto a la pena, «desproporcionados, inequitativos e injustos» por lo que resultan «inadmisibles».
Planteó que no hay proporción entre los hechos y las penas. En otras palabras, a criterio de Álvarez estos tres acusados deben ir presos.
Eran ocho los acusados que habían acordado con la fiscalía declararse culpables de haber formado parte de una asociación ilícita que perjudicó al Estado y a los más vulnerables.
A partir de esos acuerdos, el objetivo es no ir a juicio a cambio de cumplir tres años de prisión en suspenso y diez horas mensuales de trabajos comunitarios.
La magistrada aprobó la declaración de culpabilidad y los 3 años en suspenso para Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea.
Diario RÍO NEGRO había anticipado el caso de Valeria Honorio. Esta expareja del imputado Néstor Pablo Sánz se declaró culpable de haber cobrado 43 cheques de subsidios por desempleo por 2.043.900 pesos (a valores históricos) a nombre de otras personas, y haber utilizado tarjetas de débito ajenas para extracciones ráfaga.
El lote en el barrio privado
Además contrató a otro imputado, Adrián Meza Lizama, entre mayo y julio del 2022, para que le llevara materiales de construcción a un lote que había comprado a través de terceras personas en un barrio cerrado de Plottier donde instaló una casa prefabricada.
En ese lapso realizó pagos por 1,7 millones de pesos en efectivo, y sus ingresos brutos eran de 1,8 millones anuales, informó este lunes la fiscalía de Delitos Económicos.
En cuanto a Rodolfo López, se declaró culpable de haber cobrado 264 cheques de subsidios por 12 millones de pesos en el 2020. Los depositó en su cuenta particular en un banco privado, extrajo el efectivo por ventanilla y se lo entregó a los jefes de la banda.
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