Estafa con planes sociales en Neuquén: se vienen las primeras condenas y sobreseimientos
Este mes vencen plazos para terminar con la investigación. Si la fiscalía cumple con lo que prometió en audiencias anteriores, se producirán definiciones importantes.
El equipo completo de la acusación en la última megaaudiencia por planes sociales, en julio. (Archivo/Matías Subat)
El 29 de septiembre, de acuerdo con su última promesa, la fiscalía de Delitos Económicos presentará el requerimiento de apertura del juicio de la estafa con planes sociales en Neuquén. Antes de esa fecha habrá otras novedades: por lo menos cuatro imputados serán sobreseídos y pasarán a ser testigos, y un número similar aceptará su responsabilidad y será condenado.
La conversión de imputados a testigos fue anticipada por diario RÍO NEGRO en julio pero se viene postergando.
En esta causa que ha tenido tantas idas y vueltas todo puede suceder, máxime ahora que los fallos de la sala Penal del Tribunal Superior de Justicia han vuelto los plazos tan porosos que cualquier cosa puede caber dentro. Lo pautado es que el 20 de septiembre habrá una audiencia, pedida por uno de los defensores, para solicitar el sobreseimiento de un imputado por razones de salud.
Ese mismo día la fiscalía tiene previsto pedir el sobreseimiento de otros cuatro imputados que colaboraron activamente con la investigación: Lucía Soto, Analía Schrer, Javier Vergara y Paola Zeballos. Fueron los primeros en despegarse del grupo de acusados, allá por junio del 2023, y sus declaraciones dieron sustento a las dos prisiones preventivas y la domiciliaria que se mantienen hasta hoy: Ricardo Soiza, Marcos Ariel Osuna y Néstor Pablo Sánz.
Juicios abreviados y condenas
Si las cosas suceden tal como se viene conversando, ese viernes también se producirán las primeras condenas. Entre cuatro y cinco imputados aceptarán su responsabilidad y les impondrán una pena de tres años de prisión en suspenso (no irán presos). Sólo uno podría recibir una pena de cumplimiento efectivo.
Estas negociaciones también hay tenido zigzagueos, por dudas de los imputados en aceptar y por cambios de defensores. Al parecer ahora están encaminadas y se definirán pronto.
Los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez determinaron cinco niveles de compromiso con la maniobra: jefes de la asociación ilícita, colaborares, reclutadores, extractores y beneficiarios. Los que serán sobreseídos o aceptaron el acuerdo ocupan los tres últimos escalones. Todos están vinculados, de manera directa o indirecta, con el ex ministerio de Desarrollo Social.
La jueza de Garantías designada para el 20 es Carina Álvarez, quien ya intervino en algunas audiencias de esta causa. Su colega Estefanía Sauli, quien participó con más frecuencia, ahora es jueza del Tribunal de Impugnación.
Apertura del juicio
Respecto del requerimiento de apertura del juicio, el nuevo límite es el 29 de septiembre según se acordó en una megaaudiencia realizada el 24 de julio pasado.
Hasta ese día la fiscalía tiene tiempo de presentar su acusación en la cual debe identificar a los imputados -serán alrededor de 20, si se descuenta del número actual a los sobreseídos y los que acepten declararse culpables- el delito que les atribuye y las pruebas. Entre ellas la dichosa pericia contable, que tanto trabajo supuestamente ha dado y que motivó todas las demoras.
Ante lo voluminoso de la información, las defensas anticiparon que probablemente pedirán más tiempo que los cinco días que otorga el Código para estudiarla y confrontarla con sus propios peritos. Si obtienen ese alargue, estimar la fecha del juicio es ilusorio.
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