Estafa con planes sociales en Neuquén: qué se juga detrás de la batalla por estirar los plazos

Los abogados defensores de casi todos los imputados en la estafa con planes sociales en Neuquén pidieron entre dos y tres meses más de plazo de investigación para responder el chaparrón de pruebas que la fiscalía les descargó en los últimos días. Están convencidos de que no toda es de calidad, pero los anegó por su abundancia.

En una audiencia que se realizó este martes, sostuvieron una pulseada con la fiscalía de Delitos Complejos para que los plazos se estiren prácticamente hasta fin de año. El juez Juan Pablo Encina Rivero resolverá el jueves a quién le da la razón, y en qué medida.

El magistrado puede rechazar el pedido de las defensas y apoyar así la posición de los fiscales Pablo Vignaroli, Juan Narváez y el querellante Gustavo Kohon (por la fiscalía de Estado), o hacer lugar pero por menos tiempo, por ejemplo, 15 días o un mes.

Claro que por debajo de la discusión formal hay otro interés. Cuanto más se corran los plazos, más se aleja la fecha del posible juicio oral, más se superpone con el año electoral, y más tiempo hay para negociar una salida alternativa. Por ejemplo, un juicio abreviado.

¿Quién quiere ir a juicio?

A esta altura hay que preguntarse cuántos quieren ir a un juicio oral que puede durar semanas, con alta exposición pública, en el que algunas variables se pueden salir de control, que costará dinero (del bolsillo propio o de patrocinantes, por no hablar de lo que les costará a los contribuyentes). Es mejor un mal arreglo que un buen juicio, se suele decir.

La prueba de la fiscalía, 440 páginas de nombres de testigos y documentos, abruma por su peso aunque merece ser purgada. Citan a declarar a personas que fallecieron, por ejemplo. O figuran como imputadas personas cuya situación está en etapa de impugnación.

Desprolijidades

La audiencia de este martes fue extraña por varios motivos y demostró que, a dos años de iniciado, el trámite de esta causa da señales de fatiga de material y aparecen desprolijidades que no se veían a simple vista.

Empezando por la designación de Encina Rivero, juez de Garantías de Rincón de los Sauces, quien reconoció que le avisaron una hora antes que le tocaría intervenir. Estaba anunciado que el control lo haría su colega Lucas Yancarelli.

Ya había tenido un roce tangencial con la causa. En noviembre del 2023, recién estrenado como juez, integró el tribunal colegiado que le concedió la detención domiciliaria a Néstor Sánz.

Presencias, ausencias

En la audiencia estuvieron todos los defensores, menos el de Sánz: a esa hora, Gustavo Palmieri participaba de la selección de jurados para el juicio por el caso del Jardín 31; es abogado del docente acusado de abusos.

La fiscalía llegó a pedir la suspensión porque no asistieron varios de los imputados, otros se conectaron por Zoom, una decisión que tomaron sin pedir autorización por simple consejo de sus defensores. Y hubo quienes se presentaron en la sala después de mucho tiempo, como el exministro Abel Di Luca.

De pronto apareció en la pantalla una abogada que ya no tiene clientes en esta causa, Soledad Pérez de León. Estaba fuera de la ciudad, participaba de un congreso. La habían notificado por error.

Notificados, notificaciones

Hubo desprolijidades más serias. Alfredo Cury, abogado e imputado, fue uno de los que pidió la audiencia pero se conectó desde La Plata adonde viajó por razones laborales, dijo. No cayó bien la presencia virtual, aunque se agradeció que sus intervenciones fueron más breves que lo habitual.

Otros defensores se quejaron porque no les notificaron que el plazo de investigación se había prolongado 15 días; en vez del 30 de septiembre, terminará el 14 o el 18 de octubre, según se cuenten días hábiles o inhábiles.

Fue una decisión de la jueza Carina Álvarez a pedido de Cury que se difundió por los medios o circuló entre abogados, pero no por los canales oficiales.