Estafa con planes sociales en Neuquén: Osuna, el último preso, ya piensa en la domiciliaria

Marcos Ariel Osuna, jefe del Departamento de Gestión de Programas de la dirección de Planes Sociales de Neuquén, es el único de los 19 imputados que sigue con prisión preventiva. El 10 de enero cumplirá un año y medio en esa condición, el máximo que permite el Código Procesal Penal, por lo que le correspondería la libertad.

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Sin embargo, lo más probable es que le otorguen la detención domiciliaria como ya tienen Ricardo Soiza y Néstor Pablo Sánz. Son los únicos tres que están privados de su libertad porque un grupo de ex imputados que ahora son testigos -nada es sencillo de comprender en el guión de este drama con involuntarios pasos de comedia- dicen que les tienen miedo.

Soiza, Sánz y Osuna son tres de los cinco presuntos cabecillas de la supuesta asociación ilícita que cometió la estafa con planes sociales. Los otros dos son el exministro de Desarrollo Social, Orlando Abel Di Luca, y el ex director de Coordinación, Tomás Siegenthaler.

¿La fecha del juicio oral?

Aventurar una fecha para el juicio oral es muy arriesgado. Los últimos movimientos en el legajo provinieron del lado de las defensas: presentaron su propio ofrecimiento de pruebas. No todos; faltan por ejemplo Gustavo Palmieri (por Sánz y su pareja, Isabel Montoya); Cecilia Fanessi (por Julio Arteaga) y Pablo Gutiérrez (por Siegenthaler, Laura Reznik y Julieta Oviedo).

Hay impugnaciones y recursos pendientes; si todo fluyera -cosa difícil- se podría pensar en abril, quizá mayo para el juicio.

El rol de Marcos Osuna

Osuna es el único de los cinco presuntos cabecillas que tiene defensa pública y vive en un barrio popular. Lo que le cuesta explicar es por qué en su cuenta bancaria había varios millones de pesos, muchos transferidos desde casas de apuestas. ¿Un jugador afortunado?

La acusación de la fiscalía es por varios hechos. Por ejemplo, «cobró 29 cheques por un total de 1.379.300 pesos», dinero que luego «se lo entregaba a Sánz o se lo llevaba a Ricardo Soiza».

Osuna era además uno de los coordinadores del grupo de «extractores», aquellos que iban a los cajeros a vaciar las cajas de ahorro de las personas beneficiarias de planes sociales.

Las extracciones ráfaga

La imputación lo explica así: «Los extractores recibían las tarjetas de débito ajenas con su clave pin correspondiente, por quienes organizaban las extracciones, es decir: Sanz y Osuna. Ello sucedía en las fechas de cobro, generalmente a finales de cada mes. Una vez que recibían varias tarjetas de débito, los imputados e imputadas concurrían a cajeros automáticos ubicados en la ciudad de Neuquén y alrededores, se encargaban de retirar efectivo utilizando esas tarjetas de débito que le pertenecían a otras personas (beneficiario)».

«Arribaban al cajero automático, insertaban las tarjetas de débito varias veces hasta retirar el total del dinero acreditado en cada una de esas cuentas, tratándose -por lo general- de la suma de $49.500. Después de obtener el dinero en efectivo, este grupo de extractores lo rendían en la Dirección de Planes Sociales ante Sanz, Osuna o Soiza».

También le imputan que «aprovechándose de que estaba como jefe del Departamento de Gestión de Programas, él se encargaba de enviar a la Dirección General de Administración (en un primer momento a cargo de Luis Gallo y en segundo momento a cargo de Laura Reznik) el listado paralelo en donde que figuraban las acreditaciones a efectuar y los cheques a confeccionar a supuestos beneficiarios».

«Al igual que su compañero Sanz, Osuna también ejecutaba las órdenes directas de Soiza y las hacía cumplir por intermedio de sus empleados. Él se encargaba –también- de la coordinación y logística para proceder a la captación de supuestos beneficiarios. Luego gestionaba para que sus empleados fueran a cobrar los cheques que se emitían desde la Dirección General de Administración y también le extraiga tarjetas de débito para que ellos pudieran ir cajero por cajero a extraer dinero en efectivo».

Tobillera electrónica y rondines

La defensa pública ya prepara el pedido para que le otorguen la libertad por haberse cumplido el plazo máximo de la prisión preventiva, y en forma subsidiaria, solicitará la detención domiciliaria.

Debe ofrecer una vivienda con el correspondiente informe socioambiental. Se supone que se la otorgarán, con la tobillera electrónica como tienen Soiza y Sánz y rondines policiales sorpresivos.