Estafa con planes sociales en Neuquén: nadie tiene apuro en que termine la investigación
La fiscalía pidió dos meses de prórroga en la investigación, ninguno de los defensores de opuso. A la audiencia no asistió casi ninguno de los 27 imputados. Cómo sigue la causa.
El abogado Cury, de campera roja, siempre se las arregla para llamar la atención en las audiencias. (Matías Subat)
Las quejas habituales por la lentitud de los procesos judiciales esta vez no se hicieron oír. Ninguno de los 14 abogados de los 27 imputados en la estafa con planes sociales en Neuquén se opuso a que la fiscalía continúe la investigación dos meses más, hasta el 29 de septiembre. Incluso alguien propuso que sean cuatro meses más y tampoco hubo objeciones. Y los defensores ya anticiparon que cuando se presente la acusación pedirán a su vez una prórroga para estudiarla en detalle. ¿Alguien quiere que el juicio oral se haga alguna vez?
Tal como había anticipado diario RÍO NEGRO, la fiscalía de Delitos Económicos pidió -y logró- dos meses más de plazo para terminar de procesar documentación.
Hace apenas 21 días, en otra audiencia, habían informado que se había concluido con la apertura de todos los teléfonos y CPU secuestrados, y que se había extraído su contenido. De eso se encarga una oficina especializada.
Ahora detectaron que falta recibir la información del contenido de dos CPU, y que están sin abrir otro CPU y un celular.
Respecto de la pericia contable, se informó que está avanzada en un 90% y para concluirla «es necesario recibir el análisis de todos los dispositivos y de la pericia caligráfica», que está en un 95%.
La ruta del dinero
Lo que parece más interesante de lo informado en la audiencia que se realizó este jueves a la mañana es que «el análisis del destino de los fondos está completado en un 80%». Cuando este medio pidió el detalle a la fiscalía, le contestaron con un informe escrito que contiene un párrafo muy lavado: «Actualmente se está analizando toda la información relevada y adicionando nuevas medidas a los fines de poder identificar bienes, flujos de fondos y personas involucradas en la maniobra».
Seguir la ruta del dinero (unos 750 millones de pesos, según la última estimación) es el principal desafío. En varios tramos de esta larga investigación que ya cumplió dos años se dijo que la plata se destinó a financiar actividades políticas del Movimiento Popular Neuquino.
La audiencia fue dirigida por la jueza de Garantías Estefanía Sauli. Por la fiscalía participó el equipo completo: fiscal jefe Pablo Vignaroli, fiscal del caso Juan Manuel Narváez, asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara. Por la fiscalía de Estado lo hizo Gustavo Kohon.
Se presentaron 13 de los 14 defensores pero llamativamente no asistió casi ninguno de los imputados salvo el abogado Alfredo Cury, que se representa a sí mismo, y Tomás Siegenthaler, ya que se trató un planteo sobre el embargo de sus bienes que le interesaba en particular.
Cury, quien siempre da la nota, dijo que quiere citar como testigos al gobernador Rolando Figueroa, a los ministros Lucas Castelli y Jorge Tobares. Raro, porque la estafa ocurrió durante el gobierno anterior cuando ellos no ocupaban cargos. También pretende interrogar al fiscal general José Gerez.
Los próximos pasos
Tal como quedaron planteadas las cosas, la fiscalía tiene plazo hasta el 29 de septiembre para presentar por escrito su acusación (puede hacerlo antes).
Desde ese momento, las y los abogados defensores cuentan con cinco días para contestarla. Pero ya anticiparon que debido a la complejidad de la causa, pedirán más tiempo.
El siguiente paso será el llamado a la audiencia de control de acusación, en la cual se discutirán las pruebas que se admitirán en el juicio oral, que será ante un tribunal colegiado de tres jueces profesionales.
Recién después se le fijará fecha al juicio oral, que será durante 2025.
Otras novedades
En las próximas semanas habrá otras novedades. Cuatro imputados serán sobreseídos, mientras que un número por ahora impreciso pero que rondará entre cuatro y cinco serán condenados a penas en suspenso en juicios abreviados.
Y el 5 de agosto uno de los detenidos con prisión preventiva, el ex director de Planes Sociales de la provincia, Ricardo Soiza, pedirá su libertad porque cumplirá 70 años y el Código Procesal le otorga ese beneficio.
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