Estafa con planes sociales en Neuquén: la reveladora declaración de una testigo

La testigo B. prestó un aporte revelador durante la investigación de la estafa con planes sociales en Neuquén. Se trata de una mujer vulnerable, a quien una empleada del ministerio de Desarrollo Social imputada en la causa, Gesel Tarifeño, le prometió ayuda social con la condición que trabaje para la campaña del Movimiento Popular Neuquino, cuando ese partido estaba en el gobierno de la provincia.

Lee También

Estafa con planes sociales en Neuquén: quienes son los 6 sobreseídos, los 9 condenados y cuántos irán presos

Según se supo ayer, la testigo B. entregó su DNI y tiempo después recibió una tarjeta de débito con un PIN que le cedió a Tarifeño. Todos los meses su referente le pasaba dinero en efectivo, primero 3.000 pesos, luego 6.000.

A fines de julio del 2022, Tarifeño le pidió a B. que vaya al Banco Provincia de Neuquén porque la tarjeta de débito (esa que la mujer nunca había vuelto a ver ni usar) «estaba bloqueada» y el trámite para desbloquearla es personal.

El día de la revelación

Cuando concurrió a la sucursal le hicieron «muchas preguntas», y le mostraron los movimientos de su cuenta. La mujer se sorprendió: en ese momento se enteró de que todos los meses le acreditaban alrededor de 40.000 pesos, no los 6.000 que le daba en mano Tarifeño.

¿Qué había pasado? Con el DNI de B., Tarifeño había tramitado un plan social y el Estado depositaba en esa cuenta los 40.000 pesos. Con la tarjeta de débito y el PIN, otros miembros de la banda vaciaban la cuenta de la beneficiaria (y de otros cientos de personas en similar situación). De nada de eso estaba enterada.

El grueso del dinero iba a la dirección de Planes Sociales, y apenas 6.000 pesos a las manos de B. a cambio de su militancia por el MPN. A fines de julio del 2022 le habían bloqueado la tarjeta porque para esa fecha la maniobra había sido detectada.

El relato de la testigo es revelador de cómo operaba la organización que comenzó a ser juzgada este viernes.

Nivel 3 de la organización

Los reclutadores ocupaban, según la fiscalía de Delitos Económicos, el nivel 3 en la asociación ilícita enquistada en el Ministerio de Desarrollo Social. Tenían una misión específica: detectar personas vulnerables, con el perfil adecuado para ser beneficiarios de un plan social. Cuatro de ellos aceptaron su responsabilidad, recibirán una pena de 3 años de prisión en suspenso y pagarán una compensación económica mensual, en algunos casos de 150.000 pesos que se actualizará trimestralmente.

Tarifeño es una de esas personas. Las otras tres son Pamela Rivera, Carolina Hernández y Gustavo Mercado.

El relato de la testigo fue resumido por la fiscalía de Delitos Económicos en una audiencia que comenzó este viernes ante la jueza de Garantías Carina Álvarez y continuará el lunes.

Los sobreseimientos

El fiscal del caso Juan Manuel Narváez, las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, y el querellante por la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, informaron en primer término su decisión de desincriminar o no acusar a seis de las imputadas.

Aplicaron criterios de oportunidad, que autorizan a la fiscalía a «prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal» en algunos casos. Tal como anticipó diario RÍO NEGRO, el beneficio alcanzó a Lucía Soto, Analía Schrer, Javier Vergara, Paola Zeballos, Marcela Albornoz y Marinés Huaiquipán. Son personas que tuvieron roles menores y además colaboraron con la fiscalía.

Narváez confirmó que serán citadas como testigos en el futuro juicio oral contra los cabecillas de la organización. «La información que pueden dar es muy importante», dijo. Todas dieron detalles de la maniobra y comprometieron a los presuntos cabecillas, Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Pablo Sánz. Huaiquipán era una especie de secretaria privada de Soiza.

Como testigos, están obligadas a declarar y decir la verdad. En cambio como imputadas tienen derecho a mantener silencio.

Declarados culpables

Después de plantear los sobreseimientos, la fiscalía avanzó con los acuerdos. Como también anticipó este medio, nueve imputados aceptaron declararse culpables y cumplir una pena: el contador auditor Julio Arteaga (el único que irá preso, aunque tiene la esperanza de obtener una domiciliaria), Gustavo Roberto Mercado; Carolina Beatriz Hernández; Pamela Alejandra Rivera, Pamela Alejandra Cea; Rodolfo Andrés López, Valeria Noemí Honorio; Adrián Alfredo Meza Lizama y la mencionada Gesel Roxana Tarifeño.

En todos los casos, los delitos atribuidos son «asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos, en carácter de coautores».

En el caso de Arteaga, la pena será de 3 años y 6 meses de cumplimiento efectivo. Para el resto 3 años en suspenso más alguna regla de conducta. Podrán ser 360 horas de trabajo comunitario -a razón de 10 por mes- o el pago de 3 ius por mes al hospital Castro Rendón. Es una unidad económica que en este momento cotiza 1 ius=48.628,66 pesos, y se actualiza cada vez que aumenta el salario de los judiciales.

La asociación ilícita

Para la fiscalía lograr estos acuerdos representa dos avances importantes. El primero, que se acepte que los imputados formaron una asociación ilícita para cometer delitos desde el Estado. Los abogados defensores de los demás acusados, aquellos que irán a juicio el año que viene, se niegan a aceptar esa calificación legal.

El otro avance que se atribuye la fiscalía son los 3 años y 6 meses de la condena a Arteaga. Creen que en el juicio oral ante un tribunal colegiado, en caso de que encuentren responsables a los imputados el piso será de las penas será de 4 años, y el techo podrá rondar los 10 años.

La audiencia que empezó este viernes pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando la jueza Carina Álvarez homologará los acuerdos y fijará las penas que deberán cumplir los imputados tal como se las plantearon.

Por último, se debatirá el posible sobreseimiento del imputado Ariel Krom y un pedido de prisión domiciliaria para Ricardo Soiza.