Estafa con planes sociales en Neuquén: el nivel gerencial del BPN será testigo en el juicio

El rol del personal del Banco Provincia de Neuquén en la estafa con planes sociales siempre fue motivo de sospechas. La gran cantidad de cheques pagados a personas que no eran los titulares, la enorme cantidad de tarjetas de débito expedidas a nombre de beneficiarios de planes sociales, las extracciones ráfaga en sus cajeros automáticos, entre otras maniobras, llevaron a sospechar de complicidades internas con la organización delictiva. Hasta ahora la investigación no tiene avances concretos en esa dirección, y la plana mayor del BPN estará en el futuro juicio oral sólo como testigo en contra de los 19 imputados.

Como informó diario RÍO NEGRO, este miércoles se conoció el requerimiento de la fiscalía que pide la elevación a juicio de la estafa con planes sociales. Es un escrito de 440 páginas -aparte está la voluminosa pericia contable- en la que figuran los nombres de los acusados, los delitos que les atribuyen y las pruebas que sostienen la acusación.

Entre las pruebas figuran alrededor de 266 testigos, 22 peritos, 522 documentos y 247 elementos secuestrados (entre celulares, CPU, pendrives y cuadernos escritos a mano).

A los 19 acusados, la fiscalía integrada por Pablo Vignaroli, Juan Manuel Narváez y las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara les atribuye «haber formado parte de una asociación ilícita destinada obtener de manera fraudulenta fondos públicos» pero en distintos niveles.

La denuncia del Banco Provincia de Neuquén

Esta investigación comenzó en julio del 2022 cuando un beneficiario de un plan social reclamó porque su caja de ahorros estaba vacía, y él no había retirado todo el dinero.

El Banco hizo una serie de auditorías internas de carácter confidencial. Una de ellas salió a la luz porque fue publicada por diario RÍO NEGRO en septiembre del 2022: revelaba que el universo de tarjetas de débito utilizadas para la maniobra no fueron 197, como se venía informando, sino 334.

Se supo que en la cuenta de los beneficiarios de planes sociales se depositaban hasta 49.500 pesos, pero ellos recibían en mano, en efectivo, alrededor de 8.000 pesos. El resto se lo quedaban los «extractores», miembros de la banda que iban con sus tarjetas de débito y hacían extracciones ráfaga en cajeros automáticos. Muchos están filmados por cámaras de vigilancia.

La denuncia se conoció en plena campaña electoral por la gobernación, e impactó de manera directa en el Movimiento Popular Neuquino: el gobernador de entonces, Omar Gutiérrez, y el candidato a sucederlo, Marcos Koopmann, fueron presidentes del Banco.

Los cabecillas según la fiscalía

Como jefes de la organización la acusación señala a «aquellos que pergeñaron y organizaron la asociación ilícita destinada a obtener de dinero proveniente de fondos del Estado provincial, de manera ilegítima». Ellos son: Ricardo Nicolás Soiza Curbelo (director de Planes Sociales); Néstor Pablo Sanz (Director de Fiscalización); Marcos Ariel Osuna (jefe del departamento de Gestión de Programas); Orlando Abel Di Luca (Ministro) y Tomás Siegenthaler (director de Coordinación).

Osuna cumple prisión preventiva, Soiza y Sanz detención domiciliaria y el resto está en libertad.

El nivel 2

En el nivel 2 «se encontraban aquellos que respondían a las órdenes de Siegenthaler, Di Luca y Soiza y, en consecuencia, colaboraban con ellos para que la maniobra delictiva se pudiera efectivizar y, finalmente, darle apariencia de legalidad».

La fiscalía ubica allí a Luis María Gallo (Director Provincial de Finanzas); Laura Carolina Reznick Mastronardi (Directora de Finanzas); Julieta Mariana Oviedo (Directora de Tesorería) y Julio Norberto Arteaga (auditor en la Contaduría General de la Provincia).

Los reclutadores: la mayoría, sobreseídos

Mientras tanto en el nivel 3 la acusación ubica «a aquellos imputados que, por órdenes de los organizadores de la banda, principalmente Sanz y Osuna, procedían a la captación de personas para poder asignarles el subsidio por desempleo laboral y coordinaban con la Dirección de Planes Sociales para que pudieran ingresar como supuestos beneficiarios. Estos reclutadores también tenían la función de entregarles a los reclutados, una parte del dinero en efectivo extraído de las cuentas de los beneficiarios».

De este nivel solamente Isabel Montoya, pareja de Sanz, irá a juicio, Había más imputados que fueron sobreseídos o aceptaron una condena en suspenso.

Cobraban y no les correspondía

«En un cuarto nivel se encuentran aquellos imputados que cobraban cheques que no les correspondían cobrar y aquellas que extraían dinero en efectivo de  los cajeros automáticos con la utilización de tarjetas de débito ajenas y que respondían a las directivas que les daban Sanz y Osuna», señala el requerimiento fiscal.

En este segmento irán a juicio Aaron Escobar, Valeria Honorio, Ariel Krom, Rodolfo Andrés López; Omar Ariel Rodríguez Quezada; Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras.

Por último, en el nivel 5 están «aquellos imputados que, sabiendo que no cumplían con los requisitos para recibir el subsidio de desocupación laboral, aún así aceptaron y se vieron beneficiados en su patrimonio»: Alfredo Andrés Cury; Adrián Alfredo Meza Lizama y Fernando Cardozo Regidor.

Los gerentes, testigos

Entre los 266 testigos ofrecidos se destacan una gran cantidad de gerentes del Banco Provincia de Neuquén, como Alejandro Ponchiardi, Gerente de Asuntos Legales; María Laura Alsina, responsable del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT); Marcelo de Caboteau, perito caligráfico y consultor externo del Banco; Ricardo Sabatini, gerente del Departamento PLAyFT.

Otros que serán convocados son Leandro Valenza, director del Banco; Adriana Velazco, directora; Raúl Hernández, gerente general; Marisa Sanguinetti, gerente de PLDyFT; Emanuel Roa Moreno y Juan Manuel Coto, ambos abogados externos; Joaquín Alfieri, responsable de Prevención de Fraudes y Protección de Activos.

Una ex jueza, a declarar

En la lista figura también la exjueza electoral provincial Alejandra Bozzano, a quien la fiscalía le pidió un informe sobre aportes al Movimiento Popular Neuquino. Una de las hipótesis es que los fondos sustraídos a los desposeídos fueron a financiar actividades políticas del partido entonces en el gobierno.

Otros propuestos para declarar en el juicio son Analía Griselda Citadini, directora general de Administración del ministerio de Desarrollo Social; Flavia Andrea Piccini, directora general de Legal y Técnica de ese ministerio; Marcos Sebastian D’anna, auditor mayor de la Contaduría General; y Claudia Alejandra Jara, auditora de la dirección general de Gastos e Inversiones de la Contaduría General.

Están en la lista las seis «arrepentidas», antiguas imputadas que colaboraron con la investigación y recibieron a cambio un sobreseimiento.

También está previsto que declaren alrededor de 140 damnificados, personas necesitadas que nunca recibieron el monto que les correspondía en carácter de subsidio.